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SAN JUAN WEATHER
Junta Fiscal

Piden que la Comisionada se exprese sobre proyecto que define “servicios esenciales” bajo PROMESA

También solicitan declaraciones de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

En la foto, el exsenador, Ramón Luis Nieves
Foto: Juan R. Costa

Una proyecto federal para enmendar la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) provocó que el exsenador por San Juan, Ramón Luis Nieves, emplazara a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced y a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, a expresar si apoya o no la medida legislativa.

Esa invitación se dirigió también a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos "Jhonny" Méndez.

La medida en cuestión, define, después de más de tres años de vigencia de la ley federal PROMESA y del proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, lo que son servicios esenciales. Particularmente, define servicios esenciales como los relacionados a salud pública, educación, seguridad y pensiones, lo cual debe hacer más difícil que la JCF decrete recortes en esas áreas en el proceso de planes fiscales y presupuestos.

Mira también: Proyecto congresional define lo que son “servicios esenciales” bajo PROMESA

"Este proyecto impulsado por el presidente del comité con jurisdicción sobre Puerto Rico (Raúl Grijalva), junto a todos los congresistas puertorriqueños, es de extrema importancia para nuestro presente y futuro. De aprobarse como ley, nos daría tremendas herramientas para enderezar el rumbo del país. Días después de radicado, sorprende el silencio ensordecedor de la Gobernadora, la Comisionada Residente y de los presidentes legislativos, todos miembros tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Republicano. La Comisionada Residente ni siquiera se ha convertido en coauspiciadora del proyecto. Dichos líderes del PNP deben responderle al pueblo si su prioridad es defender a Puerto Rico, o proteger los intereses de la Junta", cuestionó Nieves.

La medida presentada no altera la estructura de poder entre la JCF y el Gobierno de Puerto Rico y, por ejemplo, no cambia secciones cruciales que permiten el control de la JCF sobre procesos de presupuesto, una controversia que actualmente está sometida a la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.