Pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha adelantado en varias ocasiones que el cuerpo que preside no concurrirá con las enmiendas que la Cámara de Representantes le realizó al Proyecto del Senado 1011 en el que se elimina la Ley 80, de despido injustificado, lectores de NotiCel que participaron de un sondeo, no confían en la postura del líder senatorial.

En esa línea, de 4,276 votos, el 85.73% de estos se inclinaron por un canje entre el Senado y la Cámara de Representantes, pese a que este último cuerpo, hizo cambios sustanciales a la medida que previamente aprobó el alto cuerpo.

El proyecto original establecía la eliminación de esta ley para todos los empleados prospectivamente, es decir, quienes fueran contratados tras la puesta en vigor de la ley. No obstante, la Cámara descartó la versión y en sustitución, estableció un nuevo lenguaje que eliminaría la ley para todos los empleados de la empresa privada que tengan 15 años o menos de servicio en una empresa.

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A su vez esto crea una división de empleados de la empresa privada entre los que tienen 15 años o menos en una empresa y los que llevan más de 15 años.

Es decir, los empleados que lleven 15 años o menos trabajando en una empresa y sean despedidos injustificadamente, serán cobijados bajo la Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral, que crearía este estatuto.

No obstante, existe un 14.27% de los participantes que confían en la postura asumida por el presidente del Senado y establecen que la medida terminará en un comite de conferencia.

Anticipando la posibilidad de ese escenario, el senador Miguel Romero trajo a la mesa una enmienda en la Ley 100 que permita llegar a un acuerdo entre ambos cuerpos para dar paso a la deregoción de la ley como parte de un acuerdo entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

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En su manera más amplia, la Ley 100 de 1959 se postula en contra del discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia domestica, agresión sexual o acecho.

Aunque Romero insistió en que la medida se encuentra en sus comienzos, el senador resumió que se trata de 'fortalecer algunas protecciones que hay en leyes discriminatorias', porque hay preocupaciones de que por ejemplo, si se deroga la Ley 80, alguien aproveche eso para discriminar contra empleados que llevan mucho tiempo trabajando'.

Hoy, jueves, el Senado y la Cámara tendrán otro caucus donde esperan dilucidar las diferencias que rondar la eliminación de la Ley 80.