En un escrito de 21 páginas sobre la designación de un Chief Transformation Officer para la Autoridad de Energía Electrica (AEE), la jueza de quiebras Laura Taylor Swain emitió sus más directas expresiones hasta ahora sobre cuáles son los límites de acción de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el gobierno de Puerto Rico.

Lo resumimos a continuación en las propias palabras de la jueza:

'La controversia (es) si PROMESA le da autoridad a la JCF para unilateralmente desplazar la estructura gerencial creada en ley y las funciones ejecutivas directas de un deudor de Título III, en este caso, la AEE'.

'El Congreso no otorgó a la Junta el poder para suplantar, circunvalar o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico y a sus desigandos en el ejercicio de sus deberes gerenciales cada vez que la Junta entienda que dicho cambio sería uno conveniente'.

'Mediante negar su aprobación, la JCF puede prevenir que el Gobierno de Puerto Rico o una de sus instrumentalidades siga adelante con un curso de acción determinado, pero nada en la sección 204(b) (de PROMESA) concede afirmativamente a la JCF el poder de 'virtualmente controlar todo lo que hace la AEE' '.

'Aunque los poderes de plan fiscal y presupuesto de la JCF le dan una voz fuerte y sustancialmente determinante en la estrategia general sobre los ingresos, gastos y dirección de la gerencia financiera responsable del gobierno, eso no implica que el rol de la JCF incluya planificación operacional detallada o autoridad ejecutiva directa sobre la implantación de esos planes y presupuestos'.

'El título de representante (del deudor) no implica necesariamente, por sí mismo, el poder de controlar las operaciones del deudor'.

'El Congreso pudo haber escogido hacer más fácil el trabajo de la JCF en el corto plazo mediante darle control directo y mediante desmantelar la capacidad del gobierno de disentir, pero no lo hizo. El Congreso deliberadamente dividió responsabilidades y autoridad entre los dos'.

'Cada día y cada minuto cuenta para los ciudadanos americanos que están viviendo a oscuras y en peligro en la isla'.

'En esta coyuntura crítica, la JCF y el gobierno tienen que trabajar juntos de manera respetuosa, cándida y cooperativa dentro de sus respectivos roles, según definido por la ley de Puerto Rico y PROMESA, para ganar la confianza de las fuentes externas de financiamiento y para forjar consensos informales sobre un camino que pueda entonces quedar recogido en un plan fiscal y presupuesto. Estas responsabilidades son solemnes, y son críticas para los residentes de Pueto Rico, acreedores, aseguradores, agencias de gobierno y contratistas involucrados en el proceso de reconstrucción, y para los prospectos de estos procesos de Título III y de Puerto Rico mismo'.

'Con individuos talentosos trabajando de buena fe en ambos lados, la estructura unificada creada por PROMESA es una que puede traer cambio profundo y duradero con el que todos puedan tener confianza a la vez que avanzan adelante. Ese es el reto y la expectativa. La estructura de poder compartido creada por PROMESA tambien está llena de potencial para el sabotaje mutuo. La JCF podría desalentar repetidamente los cambios propuestos por el gobierno, desaprobar contratos, denegar acceso a credito e invocar una miriada de barreras para el progreso. Las autoridades territoriales podrían provocar dichas acciones mediante actuaciones irresponsables o mediante negarse a adoptar recomendaciones razonables que podrían no ser la primera opción para los del gobierno local pero que, mediante la colaboración con la JCF, pueden generar apoyo del mercado y del gobierno exterior. Y, aunque la sección 108 de PROMESA no evita que el gobierno se resista y busque declaraciones judiciales sobre las interpretaciones de PROMESA que hace la JCF, cada momento usado en litigios complicados y caros es momento que se pierde de atender el futuro de Puerto Rico y su gente. Estas posibilidades negativas deben motivar a las partes a trabajar juntos, y rápido, para tener cambios positivos'.