Mientras que, por un lado, el Gobierno se reafirma en su necesidad de liquidez para mantenerse operando, la Junta de Control Fiscal (JCF) enfatizó el requerimiento de mayor transparencia sobre las finanzas.

Ambas posturas abonan a la intención de dilucidar el tranque impuesto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en ingles) respecto al desembolso del prestamo aprobado por el Congreso para asistir en las funciones gubernamentales. De los $4,700 millones aprobados en octubre, el Gobierno de Puerto Rico no ha visto un solo centavo.

En esa línea, el ente federal habilitado por la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en ingles), formará un equipo independiente para conducir un análisis forense y compilar un inventario abarcador de todas las cuentas bancarias del Gobierno, equivalentes a efectivo, e inversiones junto con sus respectivos balances de cuenta.

'Aunque hemos avanzado mucho sobre lo que ahora se conoce de las prácticas de manejo de efectivo, se requiere más información para entender las fuentes, usos y restricciones legales de los fondos, para atender las brechas de información y para fortalecer los informes financieros, los sistemas de contabilidad y la rendición de cuentas del sector público', explicó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.

La determinación surgió luego de una vista de liquidez, en la cual la JCF escuchó el testimonio de once funcionarios gubernamentales de la presente y pasada administración.

En el cónclave, el Gobierno informó que tras un análisis de 800 cuentas bancarias, encontró un remanente de $6,875 millones en diversas áreas. No obstante, el uso de la mayor parte de esa cifra está restringido por otras obligaciones, así como estar en disputa en la corte federal bajo los procesos de quiebra que permite el Título III de la Ley Promesa.

En teoría, y según el documento discutido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), habría un total de $1.7 millones disponibles para uso. Empero, las letras pequeñas de esa presentación indican que esa cantidad podría ser menor.Sobre la durabilidad de esos fondos, Christian Sobrino Vega, quien representa al gobernador ante la JCF, se limitó a decir que 'sería especulativo. Pero la necesidad está ahí, está en blanco y negro. Muchos fondos que se han tratado de ver como que están disponibles, no lo están'.

Más aún, la incertidumbre del panorama aumentará cuando las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), soliciten auxilio del gobierno central por falta de liquidez para sus operaciones.

'Hoy hay $240 millones en Energía Electrica porque se está perdiendo dinero por su estado. Al el prestamo no estar disponible, el Gobierno central va a tener que coger esa responsabilidad de darle dinero a la corporación pública', advirtió.

De acuerdo a Sobrino Vega, el Gobierno ha cumplido con alrededor de 30 pedidos de información por parte del gobierno federal, por lo que no entiende las razones detrás de la retención del prestamo.

Durante la vista organizada por la JCF participaron Gerardo Portela Franco y Pedro Soto Velez, director ejecutivo y principal oficial financiero de la AAFAF, respectivamente; Jose Marrero Rosado, director ejecutivo de la Oficina Gerencia y Presupuesto (OGP); Francisco Pares Alicea, asistente del secretario del Departamento de Hacienda en cuanto a ingresos internos y políticas; Francisco Peña Montañez, secretario auxiliar en Hacienda en cuanto a manejo de efectivo; y Antonio Tejera, contralor de la Universidad de Puerto Rico.

En el segundo panel, depusieron miembros de la pasada administración: Melba Acosta-Febo, expresidenta del Banco Gubernamental de Fomento y exsecretaria del Departamento de Hacienda; Luis Cruz Batista, exdirector de OGP; Carlos Rivas Quiñones, exdirector ejecutivo de OGP; y Juan Zaragoza Gómez, exsecretario de Hacienda.