La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), el ente independiente rector de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), demandó a la Junta de Control Fiscal (JCF) anoche para impedir que prosiga la consideración del Plan Fiscal de esa corporación pública sin la intervención de la Comisión.

El documento llega en momentos en que el gobernador Ricardo Rosselló todavía no ha publicado detalle alguno de su propuesta de privatizar la AEE en menos de 18 meses y cuando todavía no se ha hecho público el plan fiscal revisado de la AEE. La demanda revela tambien que la JCF se ha negado a cooperar con la CEPR y proveerle información obre la AEE.

Con esta solicitud, la jueza Laura Taylor Swain vuelve a tener ante sí una controversia sobre cuáles son los límites del poder de la JCF y, otra vez, en el contexto particular de la AEE.

'Lo que este tribunal ya estableció que la JCF no puede hacer directamente, mediante imponer un 'Principal Oficial de Restructuración' en la AEE, no lo puede hacer indirectamente, mediante compeler a la AEE a que tome acciones', dijo la CEPR en su demanda recordando el pleito que la jueza resolvió el año pasado cuando determinó que la JCF se extralimitó al imponer a Noel Zamot como oficial de restructuración en la AEE.

En esa ocasión, fue el gobierno el que demandó a la Junta para ponerle freno pero, según se desprende de la demanda de la CEPR, por un lado la Administración Rosselló quiere proseguir con la privatización de la AEE sin un ente regulador independiente como la CEPR y, por el otro, la Junta defiende públicamente la existencia de un ente regulador pero mantiene totalmente al margen y a oscuras de todo el proceso al único ente regulador que de hecho existe, es decir, la Comisión.

La solicitud es en dos vias: un interdicto contra la JCF para que cese su intervención en los asuntos de la AEE que caen dentro del ámbito legal de la CEPR, y un segundo interdicto contra la AEE para que no ejecute ninguna orden de la JCF. En ambos reclamos, la base es que la JCF se está abrogando poderes que no tiene bajo su ley habilitadora, la ley federal PROMESA, y que la regulación de la energía en Puerto Rico es una facultad que se le reconoce en la propia PROMESA al Gobierno de Puerto Rico y al ente regulador que es la CEPR.

Entre los aspectos que la Comisión alerta que la Junta no puede decidir por su cuenta sin contar con el aval de la CEPR están:

La mezcla de recursos de generación de energía (convencional, renovable, etc).

Reglas de interconección para microredes, transmisión y distribución.

Estándares de eficiencia energetica para plantas generadoras.

Tarifas.

Estándares de operación.

Estructura del mercado de energía.

Prioridades para gastos (restoración, mantenimiento y modernización).

Prioridades para la adquisición o disposición de activos.

Vea la demanda aquí: