Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interes de privatizar la Autoridad de Energía Electrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico.

Casi un mes despues de que el huracán María destruyera el sistema energetico del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública.

'Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado', escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs.

'Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al telefono para tener trasfondo acerca de que se ha pensado para hacer esto [la privatización]', continuaba Podolak.

Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU. Develan, además, la falta de independencia de la JCF, que está llamada a actuar con criterio propio.

Los correos electrónicos fueron obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras una demanda en el Tribunal federal para que la JCF entregue documentos sobre sus comunicaciones con el Gobierno federal, entre otros.

'El propósito de las juntas de control fiscal es precisamente remover el factor político para atender exclusivamente problemas financieros', explicó en una entrevista con el CPI Deborah Kobes, doctora en economía política y gobernabilidad del Massachusetts Institute of Technology, y quien hizo una disertación sobre estos organismos alrededor de EE UU y sus efectos en la democracia. 'Esto no quiere decir que los miembros de las juntas no pueden interactuar con los protagonistas de la política, pero pueden perder credibilidad si se ven como una herramienta de ellos'.

Los estándares de auditoría de la Oficina del Contralor de EE UU (GAO, por sus siglas en ingles), que tambien sirven de modelo a gobiernos locales, ordenan que auditores y entidades reguladoras esten libres de influencias, incluídas las políticas e ideológicas, que puedan comprometer su objetividad.

El 23 de octubre de 2017, Flake y Lee objetaron en el Senado que el Gobierno federal otorgara fondos suplementarios para desastres para Puerto Rico, porque querían antes insertar enmiendas, como reformas en el sector energetico. Ese mismo día, el ex asesor de Flake, Podolak, insistió en hablar por telefono con Andrew Biggs porque buscaba información sobre la AEE, en momentos en que el Senado discutía la legislación para otorgar el dinero para desastres.

'Con el proyecto de ley de alivio en el hemiciclo esta semana, creo que los senadores Flake y Lee pueden estar interesados en arrojar luz sobre la AEE', le dijo en un email, en referencia a su postura de que la corporación pública debía ser privatizada. 'Espero tener pronto un borrador de legislación para consultarte', le dijo Podolak a Biggs en otro email en el que tambien pidió que le presentara a Ana Matosantos, asesora financiera y de presupuesto que pertenece a la JCF, para discutir temas de política pública de la AEE.

Un día despues, el 24 de octubre, Ana Matosantos tenía en el buzón de su correo electrónico un mensaje: 'Los senadores Flake y Lee se han interesado en impulsar algunas reformas necesarias para el sector energetico de Puerto Rico, incluida la privatización de la AEE. Han presentado enmiendas al proyecto de ley de fondos suplementarios para desastres pero, debido a algunos escollos procesales, el camino es incierto'.

Podolak le dijo a Matosantos que el día anterior había tenido una buena conversación con Biggs, quien sugirió que hablara con ella. Podolak alega en el mensaje que quiere asegurarse de que el trabajo de los senadores sea complementario al que ya estaba haciendo la JCF.

Flake y Lee mantenían el pulseo de la privatización tras haber recibido donativos para sus campañas políticas de poderosas corporaciones globales y estadounidenses del sector energetico. Así se consigna en la página web Open Secrets, que recopila los datos sobre cabilderos y donativos a las campañas políticas. Y empujar la privatización fuera del escrutinio público mientras se recibe ese dinero levanta cuestionamientos sobre posibles influencias indebidas de esas corporaciones, que esperan imponer sus intereses como recompensa por el donativo, según Craig Holman, quien cabildea en el Congreso de EE UU en favor de la etica gubernamental y la reforma del financiamiento de campañas políticas, como representante de la entidad activista Public Citizen.

El saliente senador Flake ha recibido en los ciclos electorales de 2010 a 2018 unos $789,784 dólares en donativos del sector de la energía. Le han donado empresas como ExxonMobil (multinacional de petróleo y gas), Duke Energy (multinacional electrica y contratista para la restauración del sistema energetico tras el huracán María) y Chevron (industria del petróleo, gas natural y energía geotermal).

Mike Lee cuenta con donantes como Chevron, Halliburton (servicios para yacimientos petroleros) y Koch Industries (gas natural y refinamiento de petróleo), de los que ha recibido $542,415 dólares de 2010 a 2018.

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