El ente fiscal presentó su nuevo plan fiscal enfocado en reformas que se supone estén implantadas para 2024.

Reforzada por decisiones judiciales que refrendan su poder para anular leyes y reglamentos que no estén acordes con el plan fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó recientemente su nueva versión de ese documento, el primero bajo el recién designado director ejecutivo Robert Mujica, con un enfoque en reformas gubernamentales que se supone estén ejecutadas para 2024 y con la identificación de cuatro áreas donde no hay consenso sobre cómo proceder.

Por la Ley PROMESA, la JSF tiene la última palabra sobre el plan fiscal y ningún tribunal puede intervenir en esa determinación ni su contenido. Por esa misma ley, la Junta puede decretar la nulidad de ciertas acciones del gobierno, incluyendo leyes, si, a su completa discreción, resultan incompatibles con el plan fiscal. Como resultado de este esquema, el plan fiscal resulta ser el realmente obligatorio plan de gobierno.

Desde el primer plan aprobado en 2017, y que el entonces gobernador Ricardo Rosselló decidió celebrar con un ceremonia en la que todo su gabinete compareció al Jardín Hundido de La Fortaleza, hasta el publicado el miércoles ha pasado que ya toda la deuda del gobierno, excepto la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está estructurada. Por tanto, la nueva versión intenta enfocar mucho más en las reformas “prácticas y probadas” que la Junta entiende que el gobierno tiene que ejecutar para no volver a la quiebra fiscal. Bajo los parámetros de la Ley PROMESA sobre cuándo es que la Junta será disuelta para que el gobierno tenga control otra vez, ese propósito no existe claramente. Solo se necesita volver a los mercados financieros “a tasas de interés razonables” y tener presupuesto cuadrados por cuatro años. Aunque se pensaba que el presupuesto actual sería el primero de esos cuatro cuadrados, no necesariamente, porque el cuadre se reflejará en estados auditados, que en Puerto Rico están atrasados.

“Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene. Esa realidad no ha cambiado y no va a cambiar”, zanjó Mujica, un exdirector de presupuesto del estado de Nueva York, durante una conferencia de prensa para presentar el plan. Lo dijo en el contexto de que, mientras que la inyección de fondos federales por lo desastres de los últimos seis años, hacen que todo tipo de estadística y número en el cuadro financiero se vean mejor, la realidad es que la inyección de fondos esconde una economía que sigue “anémica” y, más allá, la proyección del impacto mayor de los fondos ya tuvo su pico en 2020, así que, en adelante, su efecto se sigue reduciendo y normalizando. Con todo y fondos federales, el Producto Nacional Bruto de la isla no ha vuelto todavía a los niveles que tenía en 2016, antes del huracán María.

Este plan proyecta que los déficits gubernamentales comienzan otra vez en 2028, unos ocho años antes que las proyecciones de otros planes fiscales. El factor más determinante para ello es la aportación federal por el Medicaid. A partir de este año, la aportación se estabiliza hasta 2027, permitiendo planificar con un aumento total de $19,000 millones en esos años. Pero el aumento no tiene ninguna garantía de permanecer porque requiere reautorización congresional. Para Mujica, eso significa que no se puede gastar hasta el tope del nuevo aumento porque, si no hay reautorización del Congreso, entonces en 2028 el presupuesto público tendría un hoyo más grande del que tiene ahora en el área de servicios de salud.

Las áreas generales en las que la Junta apuesta para el crecimiento económico son reforma del sector energético, infraestructura (abarcando cambios en la transportación masiva y acceso a internet de banda ancha), desarrollo de la fuerza trabajadora (uniendo reforma educativa con readiestramiento) y facilidad de hacer negocios (que significa reforma de permisos y agilizar el equema regulatorio).

El plan identifica cuatro áreas “que están aguantando el progreso y sobre las cuales no hay consenso sobre cómo proceder”: la Universidad de Puerto Rico, los municipios, el sistema contributivo y el Título V de PROMESA sobre proyectos críticos. Estos son los temas que Mujica usa de ejemplo para su propuesta de que la implantación del plan fiscal podría beneficiarse de más diálogo con el gobierno y con sectores afectados. “No debe ser la Junta de Supervisión sometiendo la solución absoluta… tenemos que tener una colaboración”, comentó.

También adelantó que la Junta podría estar siendo más clara sobre los criterios que aplica para decretar nulidad de leyes bajo el plan fiscal y hasta se ofreció para personalmente sentarse con legisladores a redactar legislación acorde con el plan fiscal para que luego no tengan que declararla nula.

Sobre la UPR, “hay poco consenso sobre el modelo económico a largo plazo que le permitirá abrazar su rol como el centro de la agenda de desarrollo económico de Puerto Rico”, indica el plan que recomienda, en el plazo inmediato, que el principal centro docente del país “participe activamente y contribuya a las actividades” del Fondo de Educación Técnica del Siglo 21, una iniciativa dotada de $50 millones que lidera el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que busca capacitar 50,000 trabajadores diestros en el área de tecnología en los próximos 10 años.

Sobre los municipios, que han estado pidiendo asignaciones millonarias directas a manera de sustituir las subvenciones del gobierno estatal que la propia Junta eliminó, el plan les recomienda que se enfoquen en el diseño de servicios compartidos, reforma del impuesto al inventario y reestructuración de su deuda adelantándoles que, cuando se consideran en conjunto las fuentes a las que tienen acceso, “el financiamiento disponible para los municipios en el corto plazo es sustancial”.

En cuanto a reforma contributiva, hay tranque con la Legislatura y el Ejecutivo porque no se han acordado propuestas que cumplan criterios de la Junta, algunos de los cuales son que el dinero para pagar alivios se haya asegurado antes de que los alivios entren en vigor, que la continuación de incentivos contributivos (actualmente sobre 400 a un costo de $23,000 millones) esté atada a un criterio de que produzcan más beneficio concretos que el dinero que cuestan, que la estructura contributiva no sea tan “compleja y opaca” y la desproporción que tiene el sistema actual al depender en un 73% des solo dos fuentes: impuestos sobre ingresos e impuestos sobre las ventas y uso. De hecho, la Junta va a esperar hasta 2025 para tomar en cuenta en las proyecciones los ingresos que produzca el nuevo esquema de impuestos a las corporaciones foráneas porque todavía no se sabe cómo estas van a reaccionar a la medida.

En el último punto, las herramientas de aceleración de aprobación de proyectos críticos que la Junta tiene a su alcance en el Título V de la Ley PROMESA, el conflicto parece ser interno porque solo ese ente es responsable de la ejecución de esa iniciativa. La Junta ha estado prometiendo activar el Título V, único mecanismo de la Ley PROMESA directamente relacionado con desarrollo económico, desde que la posición de Coordinador de Revitalización quedó vacante hace años, pero hasta ahora solo se ha usado limitadamente para proyectos de energía renovable. Mujica prometió tener esa posición llena para fines de julio y aclaró que los proyectos que cualifican para declararse “críticos” y que tengan consideración rápida en el gobierno no son solo de capital privado, sino que pueden tener también parte de financiamiento federal.

Este plan está dividido en tres volúmenes, con el tercero, y más largo, enfocado en las reformas a las que el ente fiscal da prioridad. En una tabla que resume sus fechas plazo, se puede notar que hay algunas completadas, aunque la mayoría está para completarse entre 2023 y 2024. Pero también hay medidas atrasadas, principal entre las cuales resalta que los equipos que se supone fueran creados en 2021 en la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para monitorear la operación de LUMA todavía no se han creado. Esto confirma que el gobierno no tiene capacidad para supervisar ese contrato y que, aún con esa falta de capacidad, aprobaron una extensión del mismo y también aprobaron un contrato de envergadura similar para el área de generación de electricidad.

El documento contiene algunas estadísticas vitales comparadas entre 2010 y 2021, entre las que resaltan que el ingreso per cápita ha aumentado 17%, pero la población sobre 65 años ha aumentado 35% mientras que la de debajo de cinco años se ha reducido 53%. La tasa de desempleo se ha reducido 10.4%, pero la matrícula escolar ha bajado 44%. Los números también apuntan el dedo a la banca de la isla que en esos años aumentó sus depósitos en 79%, sin embargo, redujo sus préstamos comerciales en 25% y sus préstamos industriales en 56%.

Otros elementos que se desprenden del plan: la Junta aprueba la iniciativa PRopósito con la que el DDEC pretende hacer un esquema de plan de desarrollo económico, el ente seguirá empujando para que en las agencias públicas se registre la asistencia electrónicamente, para la reforma del servicio civil, negociación con el gobierno federal para que los recipientes de programas de ayuda no pierdan beneficios cuando comiencen a trabajar, atacar la falta de médicos mediante un programa en el que se les perdone hasta $100,000 en préstamos estudiantiles de los galenos que den servicio en comunidades desventajadas por hasta cuatro años, rehacer el Single Business Portal que sirve como herramienta única para tramitar persmisos, que la promoción industrial de la isla bajo Invest PR se concentre en convertir a Puerto Rico en un centro de logística para las industrias que manejan materiales refrigerado sensitivos (“cold-chain”), ser más estrictos en las evaluaciones de elegibilidad del plan de salud público, y reducir costos de salud al bajar la duración de las hospitalizaciones y la tasa de rehospitalización.

Para ver los volúmenes del nuevo plan fiscal, pulse sobre los enlaces.

Volumen 1

Volumen 2

Volumen 3