Luego de más de dos horas de reunión, el caucus senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP) le cerró el paso a la derogación de la Ley 80, que aborda el despido injustificado, según presentada por la Cámara de Representantes con enmiendas.

Los legisladores evaluaron el proyecto enmendado de la cámara baja unido a la propuesta del senador Miguel Romero Lugo, quien en el caucus del pasado martes presentó la 'idea' de derogar la Ley 80 para ampliar el alcance de la Ley 100 --contra el discrimen laboral-- mediante una mesada.

En ese momento, se otorgó un plazo de 48 horas para analizar la medida, lo que redundó en que hoy, jueves, los funcionarios emitieran una votación de 15 a favor y 5 en contra, con una ausencia.

'El Senado da por terminado el asunto de la Ley 80. No se va a derogar la Ley 80. Si nos correspondiera ir a los tribunales para litigar contra la Junta, les adelanto que ya converse con los abogados para así hacerlo y defender los fondos de los hospitales, los fondos del Departamento de la Familia, los fondos del Departamento de Seguridad, las becas de los estudiantes de la UPR, de educación especial, todos los fondos que sean necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda operar', exclamó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al finalizar el cónclave.

Entre otros puntos, el presupuesto sugerido por la Junta de Control Fiscal (JCF) es $30 millones menos al que la Legislatura pretende aprobar.

Aunque no se ha hecho final y firme, la JCF habla de disminuciones a agencias públicas como el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, así como reducciones al funcionamiento de las Salas de Emergencias de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y al Tribunal General de Justicia.

Rivera Schatz se mostró más que firme en su disposición de utilizar el litigio como metodo para combatir las exigencias de la JCF, acto que de cualquier modo sería subvencionado con fondos públicos.

Los cinco votos en contra le correspondieron a los senadores Romero Lugo, Abel Nazario Quiñones, Itzamar Peña Ramírez, Nelson Cruz Santiago y Margarita Nolasco Santiago.

Según declaró al micrófono, Nazario Quiñones asumió esa postura porque fue la que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, promulgó.

Por su parte, Cruz Santiago y Peña Ramírez defendieron la propuesta de expandir la Ley 100 bajo la justificación de que representaba una manera de proteger a la fuerza trabajadora.

'La preocupación mayor mía giraba en terminos de cómo proteger a esos empleados. La propuesta del senador Miguel Romero abre esa protección todavía más, incluye una mesada o compensación económica que es lo que hoy por hoy otorga la Ley 80 y, además, aquellos que no quedaban protegidos por la clasificación sospechosa sí iban a seguir teniendo el beneficio de compensación que ya la Cámara había incluido en el fondo de compensación', expresó Peña Ramírez.

El voto ausente, en cambio, fue Carmelo Ríos Santiago.

En el caucus participaron miembros de la Rama Ejecutiva, en representación de Rosselló Nevares quien se encuentra de viaje.

A su salida del salón en el Capitolio, el gobernador interino, Luis Rivera Marín, advirtió que cada senador debía asumir las consecuencias de sus actos por la determinación.

'Cada uno habrá de asumir sus responsabilidades a lo que es las consecuencias que el Gobernador claramente expresó que de no lograrse completar el acuerdo que se había llegado con la Junta de Control Fiscal, pues una carta que envió la Junta recientemente, pues ya vamos a esperar las consecuencias que estas acciones van a tener', aseveró Rivera Marín.

A su lado estaba el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortes; el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutierrez; y el representante del gobernador ante la JCF, Christian Sobrino Vega.

Los funcionarios estaban de acuerdo con la propuesta de Romero Lugo porque 'lo que queríamos era resolver este asunto y evitar la vía de los litigios', además de honrar el acuerdo alcanzado entre Rosselló Nevares y la JCF.

La propuesta de derogar la Ley 80 surgió de un pacto entre Rosselló Nevares y la JCF a cambio de, entre otros puntos, salvar el bono de Navidad y evitar una reducción adicional a los días de enfermedad y vacaciones a los empleados de empresa privada.

Mientras, en otra conferencia de prensa por separado, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Menedez Núñez, aparentó estar tranquilo con el resultado en el Senado. Afirmó, además, que evaluaría la posibilidad de unirse a la lucha en los tribunales para combatir las exigencias de la JCF si lo cree prudente.