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Legislatura

Quieren convertir en delito grave lo que ya se le prohíbe a jefes de agencia

El proyecto busca convertir en delito grave sujeto a pena de reclusión que funcionarios del gobierno asistan a actividades político partidistas.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante Orlando Aponte Rosario.
Foto: Suministrada

La Cámara de Representantes está proponiendo el Proyecto de la Cámara 669, que convierte en delito grave, con consecuencia de cárcel, que los secretarios del Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y el Superintendente de la Policía asistan en actividades político partidistas.

La prohibición de participación ya existe, pero quieren ir más lejos.

Durante la vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, hubo reparos a la medida por parte de los deponentes: el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Educación y el Departamento de Hacienda.

“El hecho de que se considere un delito grave lo consideramos un poco excesivo”, expresó Wendy Colón, ayudante especial del secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

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La portavoz del Negociado de Seguridad Pública (DSP), la licenciada Estrella Vega, coincidió con la postura del Departamento de Educación, y le preocupó el hecho de que se convirtiera en un delito grave.

“Nos preocupa un tanto la pena impuesta porque no tiene derecho a probatoria, no tiene derecho a bonificación”, sostuvo la licenciada Vega.

Actualmente, como está redactada la Ley 178-2001, mejor conocida como “Ley para Prohibir a los Secretarios del Departamento de Educación, Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda y al Superintendente de la Policía Participar en Actividades Político-Partidistas”, no incluye al secretario del DSP.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico le preguntó a los deponentes si estarían abiertos a que la ley se enmendara para que incluyera también a otros funcionarios como subsecretarios y ayudantes especiales, a lo que todos respondieron que le notificarán en cinco a 10 días laborables.

“A lo mejor el secretario no va, pero va otra persona de su confianza o autoridad pues como quiera se da la acción indebida”, señaló Aponte Rosario.

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La medida además persigue eliminar que el gobernador no pueda brindarles licencia a los funcionarios autorizando su asistencia en eventos político partidistas.

“Es meritorio reforzar la mencionada Ley con el fin de mantener que los altos funcionarios ejerzan sus funciones en el servicio público, lejos de influencias indebidas e intereses político partidistas. De esta forma evitamos que se pierda la poca confianza que el pueblo tiene en las instituciones gubernamentales, en específico en los departamentos a los que atañe esta Ley. A su vez, dirige la administración pública de dichas agencias a un ambiente de eficiencia y productividad, lejos de la politización y corrupción”, establece la exposición de motivos del proyecto legislativo.

Periodista feminista enfocada en temas de política e interés social. Co creadora de la plataforma digital Política Accesible.