También recomendó que las certificaciones que se emitan a los confinados no sean solo por una condición, sino que se certifique en efecto, que hay una corta expectativa de vida.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, sugirió cambios a la Ley 25, específicamente en las evaluaciones y la lista de enfermedades a considerar terminales para que un reo pueda salir a la libre comunidad por tener una enfermedad terminal.

Estas recomendaciones se emitieron en la vista pública a la que fue convocado por parte de las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de los Jurídico y Desarrollo Económico del Senado.

A pesar de que aseguró que no ha evaluado del todo la Ley, dijo que era meritorio establecer cambios en las enfermedades que se están contemplando como terminales ya que, continúan surgiendo más condiciones después de la creación de dicha ley que fue creada en el 1992.

La vista pública se llevó a cabo gracias a la aprobación de la Resolución del Senado 933 para evaluar el manejo administrativo a la excarcelación de confinados, la cantidad de pases otorgados, si el panel médico que evaluó cumplió con los reglamentos, así como evaluar las enfermedades que se consideran terminales en la práctica médica.

Esta investigación se da paso después de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, el confinado que presuntamente mató a Ivette Joan Meléndez tras lograr su excarcelación al amparo de la Ley 25, tomándole el pelo a las autoridades alegando que sufría una enfermedad terminal, específicamente de paraplejia.

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La ley 25-1992 es la Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico.

“¿Usted ha tenido la oportunidad de ver la Ley 25, evaluarla con calma y dar recomendaciones sobre esa legislación?”, preguntó el senador Ramón Ruiz Nieves.

“Tengo que ser bien honesto, después que surge toda esta controversia… ahora mismo, en el momento histórico en el que estamos, creo que el Sida por ejemplo, ya no debe estar aquí ya, ponerlo como una condición específica…”, contestó Mellado.

“Ahora mismo, la Organización Panamericana de la Salud está a punto de quitarle a Puerto Rico de que somos un país casi libre de mortalidad por Sida por la cantidad de tratamientos que existen y yo dejaría eso abierto porque no sabemos que enfermedades vamos a tener en el futuro. Todos los días surgen condiciones nuevas y cada tiempo que pasa, de la Ley 25 hacia acá, ha habido una evolución de las condiciones…”, añadió.

Mellado, quien llegó junto a su asesor legal, Miguel A. Verdiales Morales, también comentó que lo correcto es que una de las enmiendas a la Ley 25 es que el médico certifique que el reo puede tener pocos días de vida. No simplemente que esté diagnosticado con una enfermedad terminal.

“O sea, que usted favorece que esta pieza legislativa se mantenga en ley independientemente las enmiendas que se le puedan hacer?”, volvió a preguntar Ruiz Nieves.

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“Yo favorecería que se analizara cuáles enfermedades (deberían estar contempladas) y que fuera mediante algo más amplio, como una certificación médica de acuerdo a la condición que el paciente tenga, que se certifique que tiene una expectativa de vida que no está determinada y que podría ser corta”, recalcó Mellado.

“Para poner en contexto: yo puedo tener un paciente con una condición degenerativa a nivel neurológico, pero no ser ocasionado por un problema neurológico, puede ser por una diabetes, un coágulo, es multifactorial. Lo que quiero decir es que hay que verlo como un componente más amplio porque surgen más condiciones y no necesariamente el especialista que tú crees que puede certificarla, es la persona apropiada”, comentó.

Mientras, el senador José Vargas Vidot fue puntual en las preguntas hacia el Departamento de Salud, todas relacionadas si tenían actualmente contrato con Physician Correctional.

“¿Tiene el Departamento de Salud algún contrato con Physician Correctional”, preguntó Vargas Vidot.

“No”, contestó Mellado.

“¿Se ha tenido contratos con esta compañía hace cinco años atrás? ¿No hay ningún tipo de negocios?”

“No, con el Departamento de Salud, no”, añadió.

Sin embargo, aceptó que hay entidades relacionadas al Departamento de Salud, que han tenido negocios con Physician Correctional. Son contratos relacionados a facturación, salas de emergencias y hospitales en particular.

El Alto Cuerpo solicitó más información de dichos contratos.

El Senado ya ha estado contemplando enmiendas a la Ley 25.

Actualmente está el Proyecto del Senado 1467 que busca que confinados que sean excarcelados por una enfermedad terminal, tengan que utilizar un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido como GPS, o cualquier otro tipo de tecnología para así monitorear al confinado mientras está en la libre comunidad.

Tras la no comparecencia a la vista de Physician Correctional, las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de los Jurídico y Desarrollo Económico, le dieron un plazo de cinco días para que puedan asistir a una audiencia pública.

Mientras, ante la incomparecencia de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón a la vista, el Senado radicó una petición ante el Tribunal bajo pena de desacato, para que comparezca a testificar bajo la Resolución del Senado 933.

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