El licenciado Eddie López Serrano analiza el efecto de las últimas decisiones de la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain.

A finales de la semana pasada fuimos testigos de un súbito activismo judicial, por parte de la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, justo en medio de la situación de emergencia más devastadora de los últimos tiempos, y que ha estremecido al mundo entero.

El pasado miércoles 15 de abril la jueza nos anunció que reanudaría las sesiones correspondientes a los procesos de restructuración de la deuda mediante videoconferencia. También dio a conocer que había alcanzado una determinación en cuanto a la validez de la notoria Ley 29-2017, la cual parecía dormir el sueño de los justos en su escritorio por poco menos de un año.

A través de la implementación de la Ley 106-2017, el gobierno central pasaba la responsabilidad por las aportaciones a los planes de retiro y de salud, de miles de empleados municipales, a los alcaldes, sin el beneficio siquiera de identificar o adjudicarles algún fondo de dónde solventar no sólo las aportaciones, sino el desembolso de las pensiones de los retirados activos que en esos momentos y consecutivamente serían acreedores de éstas.

Dicho ejercicio conciliatorio tuvo, y ha tenido, un costo nefasto e injusto para los ejecutivos municipales, cuyos presupuestos han venido recibiendo golpes continuos y consecutivos por los pasados veinte años.

A manera de trasfondo, y para aquellos que preferirían obviar ciertos eventos de nuestra historia reciente, dicha Ley 29-2019 no es más que un intento por remediar un daño infligido a los alcaldes por parte de la administración Rosselló Nevares en su primer año, y con el aval de ambos cuerpos legislativos.

La sed y el apetito por obtener el aval y favor de la Junta de Supervisión Fiscal, en cuanto a conciliar un plan fiscal aprobado fue tan voraz e intensa, que proveyó para la aprobación y puesta en vigor de una medida que prácticamente daría al traste con las ya vapuleadas finanzas municipales de más de la mitad de los municipios de Puerto Rico.

Quizás pocos recordarán, pero el alcance de este logro (aprobación y firma de la Ley 106-2017) formó parte de algunas de aquellas patéticas imágenes, donde funcionarios electos, y miembros del gabinete, alzaban, y se tomaban de las manos, en clara señal de celebración en el jardín hundido de La Fortaleza.

La puesta en vigor de dicho esquema provocó la manifestación en repudio, abiertamente, de los alcaldes de todo los partidos. Al punto de que consiguieran que se revirtiera la política pública adoptada, devolviéndole la responsabilidad al gobierno central de solventar estas acreencias, mediante la aprobación y firma de la Ley 29-2019. Acto que a su vez tuvo como consecuencia el que la Junta de Supervisión Fiscal acudiera a los tribunales en el mes de mayo 2019, aludiendo que dicho cambio en política fiscal era y es violatorio de lo acordado en el plan fiscal. Desde entonces, dicha ponderación estuvo ante la consideración de la jueza Taylor Swain.

Cabe recalcar, que existe un sector dentro y fuera de Puerto Rico, que favorece, el que se ponga en cintura a los alcaldes. Esos que resienten la celebración de fiestas, festivales, y otros eventos, que pudieran interpretarse como alegres. Pero la determinación judicial de la jueza Taylor Swain tiene poco que ver con esto, y lo que hace es atentar contra la provisión de servicios básicos de seguridad, salud y recogido de desperdicios sólidos.

¿A qué pudiera obedecer esta súbita pendencia de la juez Taylor Swain con revisitar, de repente, los asuntos de la quiebra, así como resolver el asunto de responsabilidad fiscal de los municipios?

En mi punto de vista, es ineludible concluir que estas iniciativas, ultimadamente, obedecen a los escándalos de alegada corrupción gubernamental, difundidos recientemente, y que parecerían de mayor magnitud que los experimentados el pasado año, y que propiciaron la renuncia del gobernador Rosselló Nevares en el verano del 2019.

"¡Y hasta ahí llegamos!", parecen indicar las acciones de la jueza Taylor Swain. "¡Con los chavos que la Junta de Supervisión Fiscal ha separado y asegurado para el manejo de la quiebra, con esos sí que no, y así pagarán caro por la afrenta!"

Queda más que claro que esa súbita pendencia por parte de la jueza Taylor Swain por resolver estos asuntos está predicada o motivada por otros asuntos. Pero, sin lugar a dudas, constituye el más reciente episodio sobre extensión o "federal overreach" en cuanto a los límites de las disposiciones de la ley federal PROMESA.

Si bien la ley federal les confiere cierta autoridad, a la Junta de Supervisión Fiscal, y a la jueza Taylor Swain, la misma debería circunscribirse a la presentación de planes de ajuste y la autorización de acuerdos conducentes a la restructuración de la deuda.

Las transgresiones sobre los poderes constitucionales y democráticos de nuestras instituciones de gobierno son violatorias de la propia ley, y de la jurisprudencia que la ha sucedido.

Pero, ¿a dónde acudimos a levantar dicho reclamo? ¿Con cuánta frecuencia pudiéramos hacerlo? ¿Debemos dejar pasar algunas, y luchar otras? ¿Hasta dónde pudiera considerarse un asunto político, cobijado dentro de los poderes delegados que se le reconoce al Congreso sobre sus territorios?

Contestar todas las anteriores requeriría de conciliar estrategias muy complejas y pensadas. Lamentablemente, la atención de la administración NO puede estar ni cerca de atenderlas. No por estar atendiendo la pandemia, sino por estar teniendo que disponer gran parte de su tiempo y energías a ofrecer explicaciones a asuntos vergonzosos, que no parecen convencer a nadie, ni disipar las dudas sobre cómo y quiénes participaron de los escándalos recientemente difundidos.

El autor es abogado y analista político.