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SAN JUAN WEATHER
Opiniones

Dignamente hacia la dignidad humana

El autor reflexiona tras la determinación del Supremo federal de anular Roe v. Wade, que establecía la legalidad del aborto.

Cuando las palabras son insuficientes para trasladar el significado y sentimiento que portan a veces debemos ser o parecer que somos redundantes. Aunque nunca deberíamos serlo cuando de atender el dolor de un ser humano se trata.

Pasar la papa caliente, que para algunos es llegar a pasearla, nunca ha sido un modo responsable de manejar un problema persistente y profundo. Cierto es que cuando tenemos de frente situaciones que precisan decisiones ponderadas cuyas consecuencias no son armonizables entre sí, la mayoría de nosotros intentamos posponerlas. Algunos entierran la cabeza en la arena, otros, la refieren a una más cuidados evaluación, o nombran comisiones que aletargadas, pierden tiempo valioso. Aunque hay asuntos que se resuelven solos, muchos lo que resulta peor, se enredan y traen consecuencias y cicatrices terribles. La posposición en la búsqueda de remedios y en la toma de decisiones ha demostrado ser casi siempre surtidora de calamidades mayores. Alambicar o burocratizar la búsqueda de opciones, o dar la media vuelta y hacerse de la vista larga, no ayuda a nadie.

En el mundo de los desgobiernos, donde escasea la voluntad para tomar decisiones difíciles y asumirlas responsablemente, los llamados a responder optan por estrategias colosalmente evasivas. Unas veces privatizan el proceso de la toma de decisiones sobre asuntos que son eminentemente públicos, mientras que en otras convierten un problema, dilema o multilema público, en un asunto de responsabilidad individual. Como sabemos la incompetencia tiene muchos disfraces. Destripar al gobierno de sus funciones públicas para privatizarlas o transferirlas al reino de la responsabilidad individual, aniquila el propósito de la aspiración democrática. Ni siquiera la hipotética suma de lo que "piensan" todos los individuos, equivaldrá nunca a la voluntad del todo social, si es que tal suma de los criterios individuales fuese posible.

Por ello, aunque no a causa de ello, existe una Sociedad que organiza su vida en subsistemas distintos, siendo el subsistema político ---aunque cada vez más menguado y mutilado--- el más importante. A ese subsistema político lo erosiona y diluye intereses y facciones poderosas que se reparten a dentelladas los instrumentos decisorios y los haberes de la sociedad. Esto es cada vez más evidente desde que el mercado de ideología neoliberal comenzó a acaparar, hace casi ya medio siglo, las funciones del Estado haciendo de la Política una ficción y de la aspiración democrática un pulguero.

Cuando una pandemia se acaba por decreto, o por presiones de mercado, o por concurso de simpatías ---como ha pasado en Puerto Rico en los últimos meses con el covid-19--- se asiste a un proceso de pasar la papa caliente. Se torna en individual una responsabilidad que es social e individual, pero con ello, se zapatea del asunto quien está obligado a tomar decisiones fundamentales a nombre del colectivo, la Administración. La estrategia de claudicar funciones esenciales que siguen los gobiernos, fraccionando individualmente la responsabilidad social y la suya, ha sido la más socorrida en el siglo XX y lo que va del XXI. Una manera, acaso brillante de evadir la responsabilidad gubernativa-social ---pues en esto corren juntas--- es individualizándola hasta el extremo y disfrazarla de un derecho, si posible, que sea uno fundamental, y mejor aún si se incorpora al llamado "rule of law" que asume la ilusoria neutralidad del Derecho.

En Estados Unidos y hasta ayer, lo hicieron federalmente así, con el extraño derecho al aborto reglamentado por el gobierno durante medio siglo. Nunca fue absoluto, aunque algunos lo creían. Ventanas de tiempo y luego de circunstancias, unidas a la ficción suprema de que la vida es humana cuando es viable fuera del vientre materno, permitieron convertir en provincia ultraindividual el vientre materno. Razones había. Las prohibiciones provocaban condiciones insalubres que resultaban en la muerte de parturientas y de sus criaturas. Las personas sin medios económicos suficientes tenían que arriesgar no solo hasta su libertad como las demás y exponerse al estigma, sino que en una proporción mayor ponían en riesgo su salud y sus vidas. Pero aquella decisión-solución judicial del caso Roe v. Wade, lo que hacía era individualizar la responsabilidad social, mediante una licencia para el ejercicio de un derecho. De esta forma el Estado, que regularía miopemente las prácticas, se libraba de la carga de proveer servicios de salud óptimos, servicios de cuido pre-natal y para el resto de la vida a las madres y sus criaturas, e incluso a las que optaron en circunstancias difíciles por no serlo. El Estado retuvo algo de control, pero se libró de muchas de sus responsabilidades eminentemente públicas. Para ello salvó las vidas de muchas mujeres, acabando con las vidas de muchísimas más criaturas. De paso, disfrazó esta ecuación como una virtuosa y ampliadora de derechos.

La revocación ayer en Washington de los casos de Roe y Casey lo que ha hecho es reciclar el pase de la papa caliente. Ha desfederalizado la cuestión y la ha fragmentado ---lejos queda el "E pluribus unum", "De muchos uno"--- para que sea cada estado, sus legislaturas o sus habitantes quienes definan los contornos y limitaciones de lo que antes por alquimia jurídica se convirtió en un "derecho". En Puerto Rico un esguince y estirón jurídico lo dictó como derecho fundamental. Hay mucho de espejismo en todo esto. Pronto saltarán bajo otras normativas y cláusulas constitucionales estadounidenses situaciones que requerirán atención federalizada. Aquel país, bastante lejos de la visión prevaleciente entre sus fundadores, está más federalizado que nunca y más fragmentado también, pues ambos fenómenos se retroalimentan. Las controversias sobre la interestatalidad, sobre la movilidad de los fetos entre jurisdicciones y de sus portadoras; sobre la custodia de las personas que nazcan; sobre quién correrá con cuáles facturas; sobre la atención post parto y a lo largo de la vida, o la atención post aborto; sobre los conflictos entre los ordenamientos de los "states", todo ello, sacarán a pasear a la papa caliente que esta vez no parece que se enfriará.

En lugar del actual festín de celebraciones y condenas, debiera asumirse por fin, la reflexión largamente pospuesta debido a "la privatización" provocada por el caso Roe y su progenie. Hay muchas preguntas importantes. Menciono solo algunas: ¿Creemos en verdad que no hay vida humana en el vientre materno? ¿Creemos que esto trata simplemente del momento variante de la viabilidad del feto? ¿Creemos que alguien debe ser obligado a parir contra su voluntad? ¿Existe voluntad social, política y gubernativa para pensar en un mundo menos dificultoso para la maternidad que engloba a la madre, al hijo, a la familia y a la comunidad? ¿En serio, cree alguien en meter presa a una madre, si es que el argumento de la vida acabada se quiere llevar a su extremo? ¿Se está acogiendo amorosa y solidariamente a quien eligió no ser madre para como el samaritano hizo, curar y atender sus hondas heridas y sus cicatrices emocionales? ¿ Cuál es el concepto "vida y dignidad humana" que queremos que nuestros descendientes porten, para enaltecerla, hacerla más justa y libre, para ensalzarla?

Que esta generación, aquí y en todas partes, no pierda medio siglo como pasó con la mía, sin adentrarse en esta reflexión y en las respuestas que demanda la aspiración a tener un mundo saludable de justicia y de paz. No es momento de refriegas politiqueras, ni leguleyas, ni de sus laberintos. La gente de buena voluntad, que es la inmensa mayoría, está convocada al diálogo y a la concordia, que son también herramientas, que junto con el amor y el perdón nos conducen dignamente hacia la dignidad humana.

El autor es abogado, exrepresentante y excandidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la misma institución. Tiene además un doctorado de la Universidad del País Vasco (2016).