Pesquera se zapatea del caso de fraude en la Policía
El caso de fraude contra Ecolift Corporation y su presidente, Ernesto DiGregorio Godoy, explotó públicamente ahora con la coincidencia de que, tanto en el momento de los hechos como ahora, el exagente del FBI Hector Pesquera era el encargado de la Policía.
Y precisamente es la compra de unas aeronaves vendidas a la Policía lo que es la base del caso.
Se trata de una flota adquirida sin proceso de subasta en agosto de 2013 por la Administración de Servicios Generales (ASG), encabezada por Luis Castro Agis, y que sería arrendada por la Policía, en ese momento liderada por el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pesquera.
En repetidas ocasiones, Castro Agis, quien es uno de los acusados en el esquema de fraude del convicto y exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández Perez, atribuyó a Pesquera la orden de compra a esta empresa. No obstante, en declaraciones a NotiCel, el Secretario negó las imputaciones.
'Puntualizo que esa transacción no fue firmada por mí y tampoco hubo alegada preferencia por mi parte. La compra fue dirigida por la Administración de Asuntos Generales. Actualmente lo relacionado con ese asunto está bajo investigación', señaló por escrito.
Según información suministrada por su oficina, Pesquera se opuso a la firma de ese acuerdo luego de referir el documento a la Oficina de Asuntos Legales, la cual no lo recomendó por 'no responder a las máximas de Derecho contractuales prevalecientes en Puerto Rico'.
La acusación federal detalla que las aeronaves fueron entregadas en diciembre de 2013.
Pesquera dejó la superintendencia en octubre 2013, efectivo un mes despues. La firma del contrato, entonces, se atribuyó a su sucesor, James Tuller Cintrón.
El acuerdo inicial consistía de una flota de helicópteros de la marca Bell: uno Modelo 407 del 2013; dos Modelo 429 del 2013, y uno Modelo 429 del 2014, los tres con un cargo adicional por los accesorios requeridos por la Uniformada.
El total de la transacción ascendía a $32,210,748, con miras a ser pagada con un prestamo de $34 millones, según una resolución radicada a la Asamblea Legislativa por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.
De acuerdo al pliego acusatorio de DiGregorio Godoy, la empresa entregó en su lugar cuatro helicópteros del 2013, tres Modelo 429 y uno Modelo 407 sin los accesorios acordados. El acto le ahorró a DiGregorio Godoy, según el texto, cerca de dos millones de dólares.
Poco más de tres meses despues, en diciembre 2013, ASG firmó un contrato de mantenimiento con Ecolift para esa misma flota. Es decir, la empresa se comprometió a arreglar las mismas naves que entregó de manera fraudulenta.
La vigencia del pacto, de un monto de $8,527,500, transcurrirá hasta el 30 de junio de 2021.
Entre las obligaciones de Ecolift, según el documento en posesión de NotiCel, se encuentran la ejecución de mantenimiento general como inspecciones previas al vuelo, limpieza del compresor del motor de cada una de las naves, modelos Bell 429 y 407 del 2013, limpieza interior y exterior, y el detallado.
Por el tipo de tareas, el pago se realiza mensualmente basándose en un estándar de 500 horas de vuelo al año por cada helicóptero durante los siete años de duración del acuerdo.
Como parte del pacto, y pese a que Ecolift tiene a su haber el mantenimiento de las naves de transporte, se exonera a la empresa de cualquier situación lamentable, salvo cuando quede explícitamente comprobada su negligencia.
El contrato de mantenimiento con ASG es uno de los tres contratos que el Gobierno mantiene activos con Ecolift.
En foco contratos con Puertos y Salud
Además de ASG, el Gobierno mantiene contratos con Ecolift mediante la Autoridad de Puertos, por motivo de arrendamiento de espacio, y con el Departamento de Salud, por la adquisición de un helicóptero para servir de ambulancia aerea.
Con Puertos, la empresa firmó un pacto el 5 de octubre de 2016 para ocupar un espacio del Aeropuerto Fernando L. Ribas Dominicci, ubicado en el área de Isla Grande en el Municipio de San Juan.
Se trata de 74,939 pies cuadrados, divididos en dos partes: Área de hangar y Área abierta, por un total de $767,673 hasta el 4 octubre 2022.
Allí, Ecolift tendría su base de operaciones y podría vender y despachar combustible, realizar reparaciones, así como completar la venta y el alquiler de aviones y helicópteros.
La renta se compone de un pago mensual de $3,914 por el hangar, y de $6,747 por la zona abierta.
Contrario al contrato con ASG, en esta ocasión es la agencia gubernamental la que recibe exención de daños.
El arreglo fue sellado con la firma de Ingrid Colberg Rodríguez, entonces directora ejecutiva de la Autoridad de Puertos, y contó con la revisión de Michelle Canales Chinea y Vanessa Rodríguez Perez, asesoras legales, Juan Carlos Cruz Rodríguez, director en Gerencia Portuaria, y de Efraín Santiago Fuentes, supervisor y coordinador de la Oficina de Desarrollo de Propiedades y Mercadeo.
Mientras, el caso más conocido entre la empresa y el Gobierno surge a partir del contrato a cinco años con el Departamento de Salud, y por $7,704,635, por un helicóptero Bell 429 con las modificaciones particulares para el uso ideado.
Según las estipulaciones, la compra se dio bajo la administración de García Padilla mediante la entonces secretaria del Departamento de Salud, Ana Rius Armendáriz, por una alegada necesidad de cumplir con las obligaciones aereas de emergencia por falta de convenio con Aeromed, empresa que ofrecía esos servicios.
El documento dispone que Ecolift se encargaría del pago de las pólizas de seguro del helicóptero y los arreglos, mientras que el Departamento de Salud debía entregar por adelantado $1.8 millones.
Lo que no revela el contrato es que tipo de seguro eligió el Departamento de Salud, puesto que se presentaron tres opciones:
Dos años o 2,000 horas de vuelo prorrateadas
Dos años o 1,000 horas de vuelo no prorrateadas
Tres años o 500 horas de vuelo no prorrateadas
La falta de elección, de acuerdo al contrato, representaba la adjudicación de la segunda opción.
Cabe destacar que, desde su compra en septiembre de 2016, el helicóptero no ha sido utilizado. El contrato tiene vigencia hasta el 6 de septiembre de 2021.
Ante estas irregularidades, el Departamento de Justicia designará a un fiscal y a un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para continuar la investigación sobre la adquisición del helicóptero.
La Cámara de Representantes, por su parte, referirá a Justicia el informe realizado para investigar los parámetros de este negocio. El texto incluye una lista de posibles personas de interes, entre ellas Rius Armendáriz, Castro Agis de ASG, y el exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.
Desde el 2006 hasta el presente, los negocios públicos de Ecolift han alcanzado $59.5 millones. Sin embargo, la cifra general con el Gobierno se extiende hasta el año 1999, cuando DiGregorio Godoy alega que incursionó en la isla.
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)
El 29 de diciembre de 2016 el exgobernador Alejandro García Padilla presentó el helicóptero que se utilizaría para emergencias médicas. (Archivo / NotiCel)