Gobernador da orden para agilizar permisos de sus proyectos 'emblemáticos' (documentos)
El gobernador Alejandro García Padilla firmó el viernes dos órdenes ejecutivas cuyo propósito es crear un proceso expedito de permisos para los proyectos emblemáticos que ha adoptado su administración, como el proyecto de conversión de gas natural de Aguirre, la extensión de la autopista PR-22 y el desarrollo del tren entre Caguas y San Juan.
García Padilla lo anunció como parte de su participación en la Convención Anual de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, donde resaltó la importancia de la industria de la construcción como 'eje central para el desarrollo de Puerto Rico'.
La Orden Ejecutiva 42 de 2015 crea el Comité de Reforma de Permisos, compuesta por los funcionarios y funcionarias de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), asesores de La Fortaleza, el subsecretario de la Gobernación y un representante del sector privado a ser nombrado por el Gobernador.
Este comité funcionará como una junta con facultad para someter al Gobernador una lista de proyectos que considere prioritarios para otorgar permisos de forma expedita, así como citar a los jefes de agencia que estime conveniente para conseguirlo, cuando la evaluación de permisos (que involucra aspectos de seguridad, impacto ambiental, etcétera) demore más tiempo del deseado por la rama ejecutiva.
La orden no establece cuál será el criterio para determinar cuáles proyectos serán prioritarios. Dentro de un término de 45 días, deben presentar propuestas de legislación u ordenes administrativas para agilizar el proceso de permisos y facilitar la construcción de infraestructura.
La segunda orden establece que el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos, los municipios y toda agencia, corporación pública e instrumentalidad con algún rol en el proceso de permisos debe darle prioridad a los proyectos que el Comité considere más urgentes y atender de manera prioritaria los permisos de proyectos de alianzas público-privadas. Esto incluye el proyecto de conversión de gas natural de Aguirre, la extensión de la autopista PR-22 y el desarrollo del tren entre Caguas y San Juan.
En actividades previas, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, ha manifestado la urgencia que tiene el Gobierno para que se inicien los trabajos de demolición en tres edificios simbólicos de Condado, incluido el edificio 880 de la avenida Ashford, así como el antiguo hotel Regency y lo que fuera el Hotel Sands, que pertenecen al gerente de fondos de cobertura estadounidense, John Paulson.
Las propiedades que adquirió Paulson se han quedado estancadas en el proceso de permisos, debido a cuestionamientos que ha presentado la Agencia Federal de Aviación porque la propuesta de desarrollo incluye un diseño de más de 30 pisos con mapas desactualizados, indicó Bacó. El otro edificio, cercano a la costa, entre el hotel La Concha y el Mariott, ha confrontado problemas con el cumplimiento de la preservación de la zona marítimo terrestre.
'Se pueden entender (esas demoras en la otorgación de permisos), pero hay que buscarle la vuelta semana tras semana, hasta que podamos anunciar la demolición de esos dos edificios', comentó.
El primer mandatario afirmó frente a un grupo de constructores que con estas órdenes ejecutivas contribuyen a la visión que 'siempre hemos buscado de incentivar la construcción y la venta de vivienda. Los retos fiscales lo que han hecho es fortalecer nuestro compromiso de impulsar alianzas público privadas. Somos creyentes de que hoy, más que nunca antes, es necesario que el gobierno y la empresa privada trabajen como socios'.
Asimismo, el gobernador expuso que se dispone a firmar el proyecto de la Cámara 2504, de la autoría del representante Rafael 'Tatito'Hernández, que ya fue aprobado en ambos cuerpos legislativos. Este proyecto extenderá los incentivos para la compra de vivienda nueva por segunda ocasión, flexibilizando algunos requisitos para que proyectos de vivienda que se encuentran en etapas iniciales de construcción también puedan ser elegibles para los beneficios de la ley 216 y alargará la vida de estos incentivos extendiéndolos por 2 años y 4 meses adicionales.
De la misma forma, este proyecto establece un mecanismo para asignar $5 millones a Mi Casa Propia. Por otro lado, autoriza al Departamento de la Vivienda y a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda a destinar a este programa todo sobrante de fondos de los programas que administran y toda economía lograda del refinanciamiento de bonos que emitan y aumenta el valor de venta elegible para las propiedades.
Estas nuevas medidas concretizan lo que ya ha sido política pública de esta administración mediante la Ley 151, que enmendó la Ley de Permisos de 2009. Con esta ley, la Oficina de Gerencia de Permisos ha adjudicado sobre 7,000 permisos de construcción, con una inversión estimada en más de $2,000 millones de dólares, según cifras oficiales.
Además, la Ley de Apoyo a la Microempresa y al Pequeño y Mediano Comerciante o Ley 62 ha permitido que las PyMEs puedan obtener en 24 horas un permiso de uso provisional de seis meses con solo solicitarlo. Durante el primer año de esta ley, OGPe había otorgado cerca de 2,000 de estos permisos provisionales.
García Padilla reiteró que 'para mejorar nuestra competitividad en el mundo y para alcanzar la plena recuperación económica, necesitamos que los permisos sean aún más ágiles'.
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