Para el exsargento de la policía municipal de Guaynabo, Leonardo Santos Cruz, el huracán que azota al Municipio de Guaynabo y al alcalde Hector O'Neill es el resultado obligatorio de una administración en la que por años ha tomado represalias contra todo aquel que denuncie alguna irregularidad o se querelle en contra del municipio o su alcalde.

Como si el tiempo le diera la razón, Santos Cruz relató en entrevista con NotiCel el viacrucis que ha vivido en carne propia por los pasados cinco años. El exsargento de la policía fue despedido, en lo que asegura fue un proceso amañado por ser testigo en el caso de fraude electoral contra empleados del municipio de Guaynabo.

'Me siento indignado y triste porque hay unas mujeres que están sufriendo algo similar a lo que yo sufrí con las represalias, con el poder que tiene el alcalde para amañar cualquier querella que se haga en contra del municipio o de él. Porque yo pasé un proceso similar donde se utilizó un abogado y utilizó el poder para manipular un caso en mi contra y despedirme', sostuvo.

El sargento Santos Cruz laboró para el Municipio de Guaynabo durante 22 años. Nunca tuvo una querella administrativa hasta enero del 2012, cuando comenzó a alertar a compañeros empleados de ese municipio de que podrían estar infringiendo la ley si seguían instrucciones de sus superiores para cambiar su dirección electoral para participar en las primarias del PNP en Guaynabo.

'A mí me hicieron un rancho por ser testigo en el caso de fraude electoral. La única razón para ser expulsado fue que me atreví a aconsejar a mis compañeros para que no siguieran las instrucciones de sus superiores de ir a la Junta de Inscripción Permanente y cambiar su dirección a Guaynabo para poder votar en las primarias', aseguró a NotiCel.

Al enterarse que se convertiría en testigo del Departamento de Justicia y la Comisión Estatal de Elecciones las autoridades municipales tomaron como excusa que unos meses antes había tenido una situación con una computadora personal que intercambió y que resultó ser robada, para iniciar una investigación administrativa en su contra.

Aunque no era responsable de los hechos porque adquirió el equipo por internet, en cuestión de meses fue expulsado ilegalmente, tras la recomendación del oficial examinador contratado por el municipio el Lcdo. Roberto Alonso; quien simultáneamente era abogado de los implicados en el fraude electoral.

Alonso también ha tenido una participación en el escándalo que rodea actualmente a O'Neill tras transigir una querella de hostigamiento y agresión sexual de la mujer policía Yenetamie Díaz Zayas. Resulta que Alonso emitió un comunicado de prensa hablando en nombre de Díaz Zayas como si fuera su clienta y estuviera autorizado pero Díaz Zayas emitió una declaración jurada en la que dijo que Alonso no estaba autorizado a emitir esas declaraciones. Díaz Zayas fue también acusada en el esquema de fraude electoral.

'Alonso recomendó en su informe mi expulsión. La determinación minaba mi credibilidad cuando fuese a declarar ante el Departamento de Justicia. A él le convenía que yo fuese despedido. Yo era testigo en contra de sus clientes. Alonso y su bufete eran abogados de las partes envueltas en el fraude más cercanos al alcalde O'Neill, es decir su chofer, la ayudante especial del acalde y los directores de las agencias del municipio', indicó.

El informe de Alonso recomendó el despido en julio del 2012. Santos Cruz fue despedido en agosto de ese año. Pese a la expulsión continuó cooperando en la investigación sobre el fraude electoral. Explicó que tuvo que llevar toda la documentación del proceso de expulsión, que fue examinada por los fiscales, quienes coincidieron no había justificación para el despido.

Documentos en poder de NotiCel demuestran que tanto el Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo, la revisión administrativa en arbitraje como la determinación del Tribunal de Apelaciones de la Región Judicial de San Juan y Guayama determinaron que el despido de Santos Cruz fue ilegal.

El caso fue sometido a en vista ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación del Gobierno (CIPA) el pasado 15 de febrero en espera de la resolución, que, de ratificar la ilegalidad del despido, el Municipio tendría que reembolsar económicamente por todo lo que ha dejado de devengar en salario y beneficios desde su expulsión en agosto del 2012 y hasta restituirlo en sus funciones.