La supuesta centralización de las compras y contrataciones bajo la Administración de Servicios Generales sigue teniendo resistencia en el mismo gobierno y afectando el trámite de obras públicas.

Además de La Fortaleza, el Departamento de Justicia y la Legislatura, ahora los tribunales son el más reciente foro en el que se desborda la resistencia que hay en el gobierno a someterse a la centralización de compras y de adjudicación de contratos que se pretende con la ley de 2019 que dio poder a la Administración de Servicios Generales (ASG) sobre la adquisición de bienes y servicios en el gobierno.

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) demandó a la ASG para que el tribunal decrete que no tiene que someterse al poder de esta y que sus acciones de monitoreo y supervisión son nulas. Esto, después de que la ASG le notificara a AFI la intención de multarla por $4,000 por no atemperar su reglamento de compras y adjudicación de subastas al de la ASG para que se usen los mismos métodos de adquisición.

Lo que aparenta ser una inusual guerra burocrática entre dos entidades públicas tiene resultados en cuanto al avance de la obra de reconstrucción por los huracanes y terremotos y también tiene visos políticos.

Aunque la pugna se ha estado manejando en los últimos meses mediante subalternos, la autoridad final en AFI es Eduardo Rivera Cruz, hermano del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien es el principal promotor de la precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de la comisionada residente Jenniffer González Colón. Mientras, en la ASG, la responsable final es la administradora Karla Mercado Rivera, compañera de uno de los promoventes de la precandidatura del gobernador Pedro Pierliuisi Urrutia para revalidar en el cargo, Anthony Maceira Zayas.

La ley de 2019 creó el puesto de Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico (con término de 10 años) que ocupa Mercado Rivera y ordenó que los componentes de compras y subastas de las agencias se integraran bajo ASG para que existiera un solo ente desde el cual se realizaran todas las compras del gobierno, incluyendo "todas las compras de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico”. La ASG tiene su propia Junta de Subasta, y Junta Revisora de Subasta, para estos procesos. Esas estructuras están pobladas de nombramientos políticos que realizó el Senado bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz en las postrimerías de la Administración Vázquez Garced.

AFI fue creada en 1988 y es esencialmente una oficina de trámite, adjudicación y manejo de contratos para diseño, construcción y gerencia de obras públicas. AFI no hace nada ella misma ni tiene mucho personal, sino que es una dependencia que se usa como conducto para que otras entidades hagan proyectos de infraestructura a través de ella, por su pericia en esa área.

En esa función, tiene control de cientos de millones en fondos públicos como, por ejemplo, las asignaciones para que las escuelas sean resistentes a terremotos, así como la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Vieques. También, tienen 36 proyectos de reconstrucción en la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

La grieta que se abrió en el tribunal con la demanda que radicó AFI el 28 de noviembre pasado es resultado de una serie de marronazos que se le están dando a la centralización de compras desde finales de la pasada administración. En sucesión, se han ido excluyendo de la jurisdicción de la ASG los municipios, la Autoridad de Edificios Públicos, la Corporación Enlace Caño Martín Peña, el Centro Cardiovascular, el Centro Comprensivo de Cáncer, y el Instituto de Ciencias Forenses. Luego, con la Ley 71 de 2021, legisladores del PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) facultaron a las agencias y municipios a iniciar y culminar procesos relacionados con subastas financiadas con fondos del Programa Community Development Block Grant for Disaster Recovery (CDBG-DR). A través de ese programa se canaliza la mayor cantidad de fondos federales para la reconstrucción.

Después de la Ley 71, AFI se movió para que el Secretario de Justicia emitiera una opinión en mayo de 2022 en la que concluyó que la Ley 71 había tenido el efecto de facultar a AFI a realizar compras y subastas sin la intervención de ASG para proyectos con fondos federales CDBG-BR, ARPA y los canalizados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA).

Entonces, en junio de 2022 y a raíz tanto de la Ley 71 como de la opinión de Justicia, el gobernador Pierluisi Urrutia emitió una orden ejecutiva en la que autoriza a las agencias a realizar subastas mediante “métodos alternos” a la ASG. Esos “métodos alternos” incluyen usar a AFI para sus proyectos.

Tras el cambio en la ley, la opinión de Justicia y la Orden Ejecutiva, AFI y ASG siguieron con su confrontación en el plano burocrático. A ese nivel, ASG le pedía a AFI que atemperara su reglamento de compras y subastas para que ASG volviera a tener cierto control. “(La ley de 2019) se aprobó con el propósito de convertir la Administración de Servicios Generales en la única entidad gubernamental facultada para establecer y levar a cabo todos los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico”, le insistió ASG a AFI tan reciente como septiembre pasado cuando le notificaron de su intención de multarla en $4,000 por no atemperar su reglamento al de la ASG. Ese “atemperar” tendría el resultado de que AFI use los mismos métodos de evaluación y adjudicación que tiene ASG en su reglamento.

“[F]orzar la metodología (de ASG) para las obras (en AFI) resultan en un asunto no manejable”, indicó AFI a ASG, a la vez que consignaron que las entidades debían discutir y llegar a un acuerdo “para que no se continúen afectando los servicios públicos”.

En su reclamación judicial, AFI pide al tribunal que declare que la ASG se extralimitó cuando hizo cambios a su reglamento que le dieron control sobre entidades exentas de su supervisión, como es AFI; que no tienen capacidad para ponerle multas y que las acciones de ASG sobre ellos, incluyendo sus requerimientos de que cambien su reglamento de compras y subastas, son nulas porque no tienen fundamento en ley.

Para leer la demanda, pulse aquí.

Vea:

Apuesta arriesgada la orden que cambia la adjudicación de obras de reconstrucción

Sectores del PNP mantienen lucha por el control de las compras en el gobierno