Un recuento de lo que ha sido el primer mes en cuarentena por el COVID-19, así como las interrogantes que continúan sin respuestas.

A un mes de haberse implementado el toque de queda, el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud han recaído únicamente en el confinamiento ciudadano para hacerle frente al coronavirus, o COVID-19, ante la ínfima cantidad de pruebas realizadas para detectar esta enfermedad y la ausencia de datos amplios para la toma de decisiones.

Aunque solo se han realizado pruebas al equivalente a un 0.24% de la población, desde la oficialidad se asegura que la “curva” de casos está controlada. Por tanto, se tomó la decisión de, en el inicio de lo que sería este segundo mes del toque de queda —o “lockdown”—, flexibilizar las restricciones que han reinado hasta ahora.

Orden Ejecutiva, la orden del día

La gobernadora Wanda Vázquez Garced impuso un toque de queda el 15 marzo mediante una Orden Ejecutiva (OE) que, al momento, ha sido enmendada en dos ocasiones (el 31 de marzo y el 13 de abril) para extender su periodo de vencimiento.

Al firmar la primera OE, ya en la Isla se habían confirmado al menos cinco casos de COVID-19. Semanas después, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, confirmaría que para esa fecha no se llevó a cabo el debido rastreo de contactos de las personas contagiadas para saber con quiénes interactuó y cuándo.

Las respuestas iniciales al COVID-19 en la Isla —que se consideran reactivas y no proactivas— fueron precedidas por la insistencia del entonces secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, que Puerto Rico estaba a salvo de esta enfermedad porque no contaba con vuelos directos a Wuhan, China, donde se originó el virus, o porque el virus estaba más propenso a morir en climas calientes. Sus declaraciones surgieron a finales de enero 2020, mientras que el toque de queda comenzó a mediados de marzo.

Con el toque de queda, todo comercio que no venda comida, medicinas o gasolina se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas indefinidamente en aras de disminuir los contagios, lo que a nivel internacional han aplaudido como una de las reacciones más abarcadoras de los Estados Unidos y sus territorios.

Si bien Vázquez Garced y su equipo de trabajo han insistido en que las medidas de encierro fueron adoptadas de forma proactiva, los demás herramientas que deben emplearse para detener la propagación del virus no se han implementado de forma efectiva.

Salud ha violentado su propio “Plan de Preparación y Respuesta del COVID-19”, el cual dispone que el rastreo de contactos de las personas contagiadas debe comenzar desde que se sospecha que una persona tiene el virus, no cuando se confirma, como ha sido la norma en la Isla.

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No fue hasta el 3 de abril, cuando ya se habían registrado 378 casos, que el nuevo epidemiólogo del Estado, David Capó, presentó el sistema de “contact tracing”, que consistía de ocho grupos que visitarían personalmente las ocho regiones de salud en las que está dividida la Isla de ser necesario. Entretanto, el proceso se hace por teléfono.

Esa fue la última vez que se abordó el tema.

Del mismo modo, las cuarentenas han sido voluntarias. Desde los viajeros que llegan a Puerto Rico de distintas partes del mundo con cientos y miles de casos confirmados, hasta los residentes de la Isla que fueron contagiados por otros, la determinación del Gobierno de Puerto Rico consiste en delegar el aislamiento al civismo y la consciencia social de los ciudadanos.

De parte del Estado, reforzar el aislamiento se ha limitado a subrayar que “este virus lo paramos unidos” mediante anuncios en televisión y redes sociales, así como las alertas diarias para recordar la efectividad del toque de queda.

Durante la semana previo a este primer mes, optaron por hacer caravanas de policías y la Guardia Nacional para alertar a personas en el área Metropolitana, como en Hato Rey y Condado, que deben permanecer en sus casas.

Pruebas limitadas = datos más alentadores

Luego de semanas vaticinando su publicación, Salud publicó el portal de visualización de datos (“dashboard”) de la emergencia en Puerto Rico. La herramienta carece de la mayoría de la información que expertos locales e internacionales señalan como vital para conocer la verdadera propagación del virus y necesaria para planificar cómo liberarse, de manera segura, del encierro.

El panel no correlaciona los casos con el uso de recursos en hospitales, por lo que no se sabe cuántas personas contagiadas están recluidas o en aislamiento en su hogar. Tampoco indica el municipio o región de procedencia de la mayoría de las pruebas ni las razones por las cuales se desconoce esa información. No indica, además, si los casos tienen historial de viaje.

El “dashboard” no presenta el número de recuperados ni información relacionada al rastreo de contactos, conclusión científica del gobierno sobre la capacidad de propagación que tiene el virus o un filtro para especificar las muertes violentas o aquellas que surgieron fuera de hospitales, entre otras deficiencias en términos del programa utilizado en sí.

Sin embargo, durante su aparición más reciente la Gobernadora celebró junto al equipo de trabajo que se hayan controlado los contagios de COVID-19 en la Isla y la “curva” refleje una mejoría. La llamada curva es la representación gráfica de la cantidad de casos registrados, en comparación con los negativos y las muertes.

Esos datos, en cambio, dependen de la cantidad de pruebas realizadas.

Hasta el sábado, 11 de abril —o sea, el día 28 del toque de queda—, Salud había hecho 7,709 pruebas, de las cuales 788 resultaron positivos y 5,583 casos negativos. Para esa fecha, solo habían 42 muertes.

O sea, en una población cercana a los 3.2 millones de habitantes, de acuerdo al Censo de los Estados Unidos, eso representa un 0.24% de pruebas realizadas. Espacios Abiertos (EA) publicó que la Isla es la penúltima jurisdicción de Estados Unidos en cantidad de pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes.

El gobierno intentó adquirir un millón de pruebas por un costo de $38 millones, pero esa transacción fue detenida por alertas de seguridad del banco Oriental, de acuerdo al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

De los $160 millones del fondo de emergencia aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobierno ha utilizado $79 millones para esta pandemia. Es decir, no se incluyeron los $38 millones que suponía esa transacción.

La realización de pruebas continúa limitada a quienes presenten los síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria, que hayan viajado a alguno de los países con casos confirmados de COVID-19 y reciban orden médica.

Tanto el Secretario de Salud, como el Epidemiólogo del Estado, habían situado el pico de contagio de COVID-19 en Puerto Rico entre el 15 de abril y el 8 de mayo, periodo que cae casi en su totalidad dentro de la vigencia de la nueva OE con mayores concesiones para beneficio de la economía y el sector privado.

Del total de pruebas, la mayoría ha sido administrada por los laboratorios privados (65%), mientras que Salud solo ha realizado el 31.75%. El restante corresponde al Hospital de Veteranos.

En la pandemia, crisis en Salud

Este primer mes en cuarentena trajo consigo tres secretarios de Salud distintos, así como la lucha de poder entre la agencia que supone ser la autoridad máxima en la pandemia y un ente externo creado por la Gobernadora para propósitos de asesoría, el “Task Force” Médico.

En el mes de marzo, dimitieron los secretarios Rodríguez Mercado y Concepción Quiñones de Longo, no sin antes dejar a su paso grandes controversias que aún la Primera Ejecutiva no ha aclarado del todo.

Las revelaciones de Quiñones de Longo de que personal de La Fortaleza la presionó para firmar contratos son eje de investigación por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Representantes.

Mientras, ha trascendido que las acciones de Rodríguez Mercado respecto al Medicaid también son motivo de pesquisas federales.

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El nuevo secretario, González Feliciano, retomó las riendas de la agencia luego de ocupar ese puesto bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset.

El mismo día en que se comunicó la salida de Quiñones de Longo y la nominación de González Feliciano, la Gobernadora otorgó más responsabilidades al “Task Force” Médico para atender la emergencia.

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A la espera de intervención federal

Parte de la dilación en la respuesta local ha sido a consecuencia de las determinaciones que se toman en el Gobierno de los Estados Unidos bajo su presidente, Donald J. Trump.

Desde el inicio, Salud enfrentó un retraso conocer el resultado de un puñado de pruebas de COVID-19, ya que fueron enviadas al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que enfrentaba un ataponamiento de casos por atender.

No fue hasta una semana después que el Laboratorio de Salud Pública de la agencia recibió el aval de esa entidad para llevar a cabo las pruebas a nivel local.

Por otro lado, las regulaciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos limitan la cantidad de métodos aprobados para efectuar este tipo de análisis. El uso de pruebas rápidas, por ejemplo, ha sido limitado a lo que apruebe la FDA, una de las razones por las que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con miles de pruebas que fueron compradas. Esto limita la cantidad de muestras que pueden tomarse a los ciudadanos.

Mientras, por ser un territorio, Puerto Rico no puede prohibir los viajes aéreos a la Isla sin el permiso de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), petición que Vázquez Garced hizo el 8 de abril, día en que se confirmaron 620 casos.

La prohibición sería para vuelos provenientes de Nueva York, Florida, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut e Illinois, considerados como “hot spots” de casos de COVID-19.

El gobierno local aún no ha recibido respuesta a esta petición.