Así lo aseguró en ponencia presentada ante una comisión senatorial la directora ejecutiva de la agencia Edna Y. Marín Ramos.

Los nuevos contratos que otorgará la Administración de Seguros de Salud (ASES) en enero de 2023, no solo aumentarán los pagos que reciben los hospitales de parte de las aseguradoras, sino que también la agencia fiscalizará que las tarifas que se contraten con los hospitales públicos sean comparables a las que se pagan a las instalaciones privadas.

Así lo aseguró en ponencia presentada ante una comisión senatorial la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín Ramos.

“ASES en las próximas contrataciones (a partir del 1ero de enero de 2023) se propone a incrementar en un 5% adicional la tarifa a los hospitales, así como la apertura al proceso de fiscalización de los recursos financieros y la distribución de estos a nuestros proveedores de salud”, dijo ante la Comisión de Salud del Senado.

De la misma manera, agregó, “el nuevo contrato establece para las aseguradoras contratadas bajo Vital, que cuando negocien las tarifas per diem con cualquier hospital propiedad del gobierno, se asegurará de que dichas tarifas sean comparables a las tarifas per diem negociadas con los hospitales privados que proporcionan el mismo o similar nivel de atención y servicios.

Otro cambio que adelantó la directora de ASES es que una vez en curso el nuevo contrato del Plan Vital se estará trabajando en la implementación de la metodologfa de reembolso a los hospitales bajo el Diagnostic Related Group (DRG).

Explicó que el DRG es un sistema para categorizar a los pacientes con diagnósticos clínicos similares con el fin de controlar mejor los costos hospitalarios y determinar las tasas de reembolso de los pagadores.

“Por ejemplo, se pagará una cantidad fija basada en el DRG de un paciente, en lugar de reembolsar al hospital por sus costos totales. Este método anima al hospital a minimizar los costos asistenciales”, sostuvo.

La audiencia pública de la mencionada Comisión senatorial es con relación a la Resolución del Senado 256 que ordena al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Comisionado de Seguros y al Departamento de Salud, “realizar un estudio actuarial para indagar la viabilidad de que las aseguradoras le ofrezcan a las hospitales o facilidades médicas administradas por algún Departamento, Agencia, dependencia, corporación publica, instrumentalidad o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la misma tarifa otorgada a las facilidades hospitalarias privadas”.

Ante la misma comisión compareció la Oficina del Comisionado de Seguros, cuyo titular, Alexander S. Adams Vega, endosó los objetivos de la Resolución, pero advirtió que las tarifas forman parte de la contratación privada que se hace entre el asegurador y el proveedor, que, en este caso, se trata de las facilidades adscritas al Gobierno de Puerto Rico.

Informó, sin embargo, que existe en el Capítulo 31 del Código de Seguros de Puerto Rico, un andamiaje mediante el cual los proveedores e instituciones de cuidado de salud pueden procurar una negociación justa, de forma colectiva, de las tarifas con los aseguradores y la organización de servicios de salud.

Agregó que como parte de las iniciativas de esa Oficina para atender la problemática con el pago justo por servicios de los proveedores, se creó un Comité de Salud que pretende unir a representantes del sector de salud con los aseguradores, entre otros, “para colaborar en la creación de soluciones a la problemática que, precisamente busca atajar esta Resolución”.

Actualmente, indicó, dicho Comité se encuentra trabajando en un estudio económico que pueda sustentar en base científica las enmiendas que se propongan a la Regla 91 del Código de Seguros de Puerto Rico, titulada: “Normas para Regular el Proceso de Negociación Colectiva entre las Organizaciones de Servicios de Salud o Administradores de Terceros con los Proveedores, Representantes de Proveedores y la Creación del Panel Revisor y la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros”.