El Departamento del Tesoro Federal dijo que las banderas rojas más comunes en la isla son la compra de propiedades en efectivo, el mundo de la criptomoneda y el terrorismo.

El Departamento del Tesoro Federal, junto a la comisionada residente Jenniffer González, llevaron a cabo una mesa redonda con miembros del sector bancario en Puerto Rico para discutir temas relacionados a la banca ilícita en la isla como, por ejemplo, el incremento actual de compra de propiedades en efectivo, los negocios de criptomonedas y el terrorismo.

La discusión buscaba incluir más regulaciones y cumplimiento, así como la capacitación para identificar las actividades financieras ilícitas.

Algunos miembros representativos de la banca local presente en la reunión lo fue: Banco Popular, First Bank, Oriental Bank y Banco Cooperativo de Puerto Rico, entre otras.

El enfoque de la reunión fue conocer las regulaciones que se están implementando en la banca local para identificar las áreas más susceptibles en la actividad criminal. Así como tener una estrecha colaboración entre la banca local, internacional y el Departamento del Tesoro Federal.

“Creo que hay dos razones significativas por las que estoy aquí. La primera es el trabajo que ha hecho Puerto Rico para mejorar aún más la capacidad de regulación de sus instituciones financieras, en particular de las entidades financieras internacionales… y la segunda es reconocer que estamos promulgando un número de nuevos requerimientos que se aplicarán a las instituciones financieras que operan en Puerto Rico”, explicó Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro Federal a la prensa.

Un informe en Estados Unidos del 2022 colocó a Puerto Rico en zona de riesgo tras identificar actividad financiera ilícita.

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Aunque con el recién estudio nacional de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero a Nivel Nacional 2024 (National Money Laundering Risk Assessment 2024) realizado el pasado mes de febrero Puerto Rico salió de la zona de peligro, el 15 de septiembre del 2023, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés) multó por $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust Corporation, por no reportar las transacciones ilícitas en la isla.

Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de Estados Unidos. La banca había admitido haber violado reglamentación al no informar dichas transacciones.

En un informe previo, emitido en febrero de 2022, en una sección titulada Enfoque Especial: Entidades Financieras Puertorriqueñas sin Chárter Federal (Special Focus: Non-federally Chartered Puerto Rican Financial Entities) el Tesoro había resaltado el riesgo que representaban las EBIs, las EFIs y las cooperativas de Puerto Rico, por no estar sujetas a reglamentación federal que requiere las instituciones financieras con chárter federal para establecer y mantener en vigor un programa anti-lavado de dinero.

Pero una regla emitida por la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, o “FinCEN”, por sus siglas en inglés) del propio departamento del Tesoro federal, hizo extensivo dicho requerimiento a dichas instituciones financieras puertorriqueñas efectivo el 15 de marzo del 2021.

“En los pasados años, Puerto Rico estaba en la lista de las instituciones bancarias que fueron multadas por el gobierno federal por no reportar y no cumplir de la información que puede considerarse sospechosa. Ya Puerto Rico está fuera de esa lista. Las instituciones bancarias han cumplido a cabalidad con los requerimientos federales…”, expresó la comisionada residente.

“La ubicación geográfica de Puerto Rico nos hace vulnerables al tráfico ilegal de drogas y lo que eso produce. En algunas ocasiones se deposita en el banco y son los bancos los que tienen que someter a nivel federal la procedencia de esos fondos e identificar que son…así se pueden levantar las banderas de dónde salieron los depósitos”, continuó.

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Uno de los casos más mediáticos relacionados a la conspiración, lavado de dinero y robo de fondos federales, fue el de la ex representante María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera tras inflar el salario de sus empleados para que estos le devolvieran una parte en pagos ilegales.

El Departamento de Justicia Federal había realizado una racha de arrestos en el verano del 2020 basados en el mismo esquema.

Otro caso identificado en la isla para el 2022 fue el de Christian Agront, acusado por no reportar ingresos ascendentes a $11 millones. Evadió las contribuciones y recibía los pagos mensuales en métodos ordinarios del 90% de las industrias puertorriqueñas.

Ahora, la banca en Puerto Rico se debe acoger a medidas y adiestramiento para mitigar los riesgos de fraude.

La presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Alvarado, dijo que aunque el impacto económico será dependiendo la banca, costará millones de dólares la implementación de nuevas medidas que sugiere el Departamento del Tesoro Federal para mitigar estas prácticas.

“Todo depende de los servicios que dé la institución financiera. En Puerto Rico hay instituciones que solo dan servicios comercial. Ahora mismo, tenemos una que su servicio es completamente digital… Así que, depende mucho de la institución financiera, pero sí les aseguro que es millonario. La proporción es altísimo, todo este tipo de sistemas operativos, sistemas de información, inclusive, hasta el manejo de educación para ese empleado para saber las tácticas y red flags…conlleva mucho esfuerzo tanto físico como económico”, destacó Alvarado.

En febrero, las instituciones financieras en Puerto Rico se reunieron en un simposio para comenzar los adiestramientos y actualizaciones de los eventos ilegales más concurridos en la isla.

“Eso es una prioridad en todos los Estados Unidos, pero también en el contexto de Puerto Rico, debido a que históricamente hay una gran cantidad de tráfico de cocaína y otros productos a través de Puerto Rico a los Estados Unidos. Una de las cosas que encontramos en este trabajo es que siempre hay cambios dinámicos, así que es absolutamente esencial que estemos en comunicación cercana con las instituciones financieras privadas, porque son realmente los que pueden identificar tendencias que se ven”, añadió Brian Nelson.

“Otra forma de hacerlo es a través de FinCEN, que tiene la autoridad de tener comunicación confidencial con las instituciones financieras y la policía para que podamos hablar de las tendencias que vemos en el contexto del narcotráfico, pero también de otras amenazas de seguridad nacional. También, la publicación de los reportes de actividad sospechosa por las instituciones financieras sobre actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas o cualquier otra forma de actividad financiera ilícita. Eso es crítico para la policía para poder identificar e interrumpir el tráfico de narcotráfico y, de nuevo, es una de las funciones claves de mi visita aquí hoy”, puntualizó Nelson.

El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley los proyectos de administración, P. de la C. 1699 y P. de la C. 1700, para robustecer aún más la reglamentación y fiscalización de entidades bancarias y financieras internacionales en la Isla. Las medidas enmiendan la Ley del Centro Bancario Internacional (Ley 52- 1989) y la Ley del Centro Financiero Internacional (Ley 273-201).

Con las enmiendas, se busca exigir mayor cumplimiento con las leyes aplicables para combatir el lavado de dinero y para aumentar la discreción de la OCIF a la hora de denegar un permiso o una licencia cuando el resultado de la investigación pertinente le permita concluir que la responsabilidad financiera, experiencia, carácter y aptitud general del proponente no le brindan confianza o no le permiten determinar que el proponente operará la entidad financiera internacional de manera honrada, justa y eficiente para alcanzar los propósitos de la ley.

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