Un comerciante está reclamando en el Tribunal Federal que el municipio de San Juan le pague sobre $3,000,000 en daños luego de que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz presuntamente ordenara su arresto por este andar en una bicicleta por el Viejo San Juan con una pancarta promocionando su negocio.

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2017 en la calle San Francisco cerca a la Iglesia de la zona.

Según la demanda, Cruz Soto se encontró con Wiscovitch mientras este paseaba en su bicicleta donde estaba el anuncio de la controversia y al verlo, la alcaldesa se le acercó y ordenó a los Policías municipales arrestarlo y que le impusieran todas las multas posibles. El comerciante previamente, según detalla la demanda, había paseado su bicicleta por otro grupo de policías municipales que no lo detuvieron ni le hicieron advertencia alguna de que estaba violando la ley.

Durante la intervención ordenada por la alcaldesa, el comerciante le respondió que personalmente haría todo lo posible para que Cruz Soto no sea gobernadora. Acto seguido, la alcaldesa ordenó el arresto del comerciante y que se lo llevaran de su presencia.

El demandante alega que durante la intervención, las personas que andaban con la alcaldesa comenzaron a aplaudir mientras era arrestado lo cual lo hizo sentirse humillado.

Tras el arresto el municipio de San Juan le impuso tres multas totalizando $5,100 incluyendo una por utilizar el vehículo para promocionar su comercio, de nombre Asiana Sushi Bar.

El comerciante alega en la demanda que tras la intervención de la alcaldesa ha tenido que recurrir a ayuda psiquiátrica y siente que su dignidad ha sido denigrada.

El demandante y su esposa están reclamando daños de sobre 3 millones de dólares al municipio por angustias que le han causado.

Wiscovitch es representado por Edwin Prado Galarza, el mismo licenciado que representó a Pan American Properties en un pleito similar contra el municipio por una ordenanza que prohíbe a la compañía promocionarse durante la Fiestas de la Calle San Sebastián.

A raíz de esta demanda, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Enrique 'Quiquito' Melendez anunció que radicará una querella ante la Comisión de Derechos Civiles, contra la alcaldesa de San Juan.

'Lo anterior representa una clara violación a la Constitución de los Estados Unidos, a la de Puerto Rico y al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción. El abusivo incidente ha levantado más preocupación de los comerciantes en el principal sector turístico de Puerto Rico. Las constantes acciones de la alcaldesa demuestran una peligrosa falta de temple y de carácter en el desempeño de sus funciones, y un total menosprecio a los valores y principios más preciados de nuestra democracia, y de los derechos que nos garantiza nuestra ciudadanía. Por esta razón, en los próximos días estare presentando una querella ante la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y trabajare con mis compañeros representantes de San Juan una investigación legislativa sobre el insostenible menosprecio de los derechos civiles de todo aquel residente de San Juan que piense distinto a la alcaldesa' , expresó Melendez.

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