El gobernador Pedro Pierluisi se lanzó de lleno a defender la designación del segundo en el Departamento de Educación, a pesar de su historial laboral.

El nuevo subsecretario del Departamento de Educación (DE), Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, fue objeto de informes federales de deficiencias y de consultas legales externas que señalaban que algunas de sus gestiones eran violatorias de los reglamentos federales y expondrían a la agencia a señalamientos, cuando sirvió como Secretario Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica (SAEOT) durante el término de la exsecretaria, Julia B. Keleher.

Al menos uno de los contratos públicos que sometió para autorización como parte del desempeño de su cargo fue para un donante de la campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, confirmó NotiCel con informes federales, correos electrónicos entre gerentes de la agencia y la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

La designación de Sánchez Álvarez a la subsecretaría, formalizada el 19 de enero, es objeto de discusión pública desde diciembre de 2020, ya que desde entonces se conocía la intención del funcionario de volver a Educación en un puesto de alto mando después de servir al Partido Nuevo Progresista (PNP) como comisionado electoral desde agosto de 2020.

Aunque la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, se esforzó por reiterar que la designación de Sánchez Álvarez era enteramente de su responsabilidad y no una imposición política de La Fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se lanzó a la defensa de su excomisionado electoral y llamó “bochinche” a la exposición pública que se ha hecho de la trayectoria profesional de Sánchez Álvarez en el departamento. “[D]e lo que estamos hablando es de un funcionario de carrera del Departamento de Educación, que le ha dedicado más de 20 años de su carrera a ese Departamento… Aquí lo que hay es una agenda, una agenda en contra de esa persona y a mí no me gustan las injusticias. No voy a descalificar a nadie por su ideología política, venga de donde venga… Así que este nombramiento que no lo hice yo lo que sí estoy viendo aquí que hay una agenda político partidista porque por toda la información que me llega está más que capacitado para esa silla, que no lo nombré yo a ella”, fueron algunas de las expresiones de Pierluisi.

Tras la divulgación de su trayectoria esta semana, Sánchez Álvarez aseguró en una entrevista televisiva que “mi meta es erradicar la corrupción en el Departamento” y que “fui el único que tuve la estatura moral de decirle ‘basta’ (a la exsecretaria, Julia Keleher)”. Las discusiones entre gerenciales del Departamento que NotiCel pudo examinar, sin embargo, proponen que Sánchez Álvarez empujó por correr su división en el Departamento sin atenerse a los reglamentos del uso del dinero federal.

Desde el primer año de la Administración Rosselló Nevares, en el verano de 2017, ya se reflejaba tirantez entre Sánchez Álvarez y la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF) sobre cómo manejar los fondos federales que el funcionario tenía a su cargo, específicamente bajo La Ley Perkins. Sánchez Álvarez insistía en sufragar una serie de maestros con esos fondos, a pesar de una consulta legal externa que concluía que eso levantaría bandera de incumplimiento en el Departamento de Educación federal (USDE). La entonces jefa de SAAF, Laura Costa Rivera, le recordó a Álvarez Sánchez que la evaluación del uso de fondos federales se hace “de acuerdo a la reglamentación aplicable y no necesariamente de acuerdo al uso y costumbre, independientemente se recibieran o no señalamientos”.

La sucesora de Costa Rivera, Yanin M. Dieppa Perea, también tuvo que llamarle la atención a fines de 2018 sobre información incompleta e inconsistente que no le permitía al Departamento validar la nómina que Sánchez Álvarez pagaba con fondos federales.

En otras comunicaciones de enero de 2019, Sánchez Álvarez solicitaba información de una serie de contratos, incluyendo la empresa Insys Information Systems, a pesar de que una enmienda al contrato de esa empresa de septiembre de 2018, tiene la firma de Sánchez Álvarez como el funcionario del Departamento que sometió la misma. La enmienda elevó la compensación de $68,000 a $95,200. La persona a cargo de Insys en el Departamento de Estado, Julio Fuentes Burgos, aparece donando $2,500 a la campaña de Rosselló Nevares el 4 de marzo de 2019. La empresa tuvo contratos públicos con otras agencias y en otros periodos de tiempo también.

También en enero de 2019, Dieppa Perea le recuerda a Sánchez Álvarez la necesidad de tener más documentación sobre cómo está usando los fondos federales para que el Departamento pueda defenderse apropiadamente en cualquier auditoría o examen fiscal. Además, le dijo al funcionario que no podía seguir distribuyendo el presupuesto de una manera que beneficiaba a unas escuelas sobre otras, en vez de darle a todas las escuelas acceso igual a los fondos.

Otro señalamiento es que había interés de escuelas privadas en que sus estudiantes tuvieran acceso a la actividad vocacional Expo Emprende, pero Sánchez Álvarez la limitaba a estudiantes del sector público, a pesar de que los fondos federales no imponían limitación y permitían la participación de estudiantes del sistema privado.

Los señalamientos que el área de Asuntos Federales le hizo a Sánchez Álvarez entre 2017 y 2019 no venían de la nada, sino que estaban directamente relacionadas con hallazgos que hizo el Inspector General del USDE en una auditoría de 2018 sobre el uso de esos fondos entre 2012 y 2013. De hecho, un informe de monitoreo que el USDE emitió el 15 de marzo de 2018 detalló que el programa que manejaba Sánchez Álvarez no tenía protocolos adecuados de monitoreo, que no se mantuvo el financiamiento mínimo de fondos estatales dentro de los programas federales, y que no se habían hecho actividades vocacionales y técnicas para la “población especial”.

Aponte Santos dijo que desconocía los detalles que habían salido sobre Sánchez Álvarez, quien no ha estado disponible para contestar preguntas de NotiCel pero que en sus redes sociales ha calificado las publicaciones de “calumnia” y ha mostrado dos certificaciones, de 2019 y 2020, de que no aparecen querellas a su nombre en el sistema del DE. Desde el año pasado, como parte del proceso de confirmación del exsecretario, Eligio Hernández, se conoce que las quejas laborales contra Sánchez Álvarez no se convirtieron en procesos formales pero el propio Hernández admitió, a preguntas sobre esas quejas, que tuvo reuniones con Sánchez Álvarez, “como de ordinario, relacionadas al puesto que ocupaba”.

La información en poder de NotiCel es que Hernández, como Subsecretario Asociado, consignó que Sánchez Álvarez “ha demostrado tener situaciones de manejo inapropiado” con siete compañeros gerentes, personal de una compañía privada y con Keleher. Las quejas fueron por atacar personalmente a sus compañeros por diferencias profesionales, animosidad en el trato personal, falta de prudencia, hacer comentarios sexuales, e intercambiar fotos explícitas, en el lugar de trabajo, realizar actos de discrimen político y el elevar sus disputas laborales a la alta gerencia de la agencia sin primero hacer un esfuerzo para resolverlas con sus compañeros. Además, Sánchez Álvarez es objeto de una demanda federal de discrimen por discapacidad de parte de una maestra y tiene a su nombre también un caso vigente de reorganización financiera personal bajo la Ley de Quiebras.

En cuanto a si el nombramiento de Sánchez Álvarez como subsecretario afecta el proceso de evaluación senatorial de la designación de Aponte Santos, el presidente del Senado, José L. Dalmau, indicó que "la preocupación que puedo expresar es que la propia nominada y el Departamento han expresado su preocupación con la politización de la agencia”. “Entonces, nombrar al comisionado electoral del PNP es una contradicción. Puede contar con los requisitos, pero es contradictorio”, añadió a la vez que aclaró que, personalmente, no va a poner de condición a la evaluación del nombramiento que la Secretaria designada despida a su Subsecretario pero “ya yo he escuchado a compañeros y compañeras decir que eso formará parte de la evaluación".

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Con historial de problemático el nuevo subsecretario de Educación