Las subastas controversiales siguen siendo protagónicas en la secretaría de Erik Rolón en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Hoy, miercoles, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, denunció una nueva subasta cuestionable en el DCR. Según expuso, esa agencia abrió una subasta para estar en cumplimiento con la Ley 117 de 2017 firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que establecía la creación de 'Managed Acces' (MAS), un sistema que impediría las comunicaciones de celulares no autorizados dentro de la cárcel pero permitiría llamadas en telefonos legítimos dentro de las instituciones carcelarias y sus predios.

Ante ello, el 4 de mayo de este año el DCR recibió cuatro propuestas para el MAS.

Tecore Network: por $12,658,162

Secures Technologies: por $ 17,738,356

Global Tel*Link: por $22,73,222

Corrections.com por $31,360,339

Tras ese proceso, el 24 de mayo la directora de la Junta de Subastas del DCR, Carmen Vidal remitió una carta en la que anunció la elección de Tecore Network por ser la opción más económica. Sin embargo, en julio del mismo año se notificó otra evaluación tecnica que adjudicó la subasta a Secures Technologies, empresa que cobraba 5 millones de dólares más que la anterior.

La movida que denuncia Tirado se hizo sin notificar al licitador anteriormente escogido, por lo que Tecore Network se enteró de la nueva adjudicación cuando el cuarto licitador, Corrections.com demandó al DCR alegando que Secures Technologies no cumplió con los requisitos y que se tomaron en cuenta elementos no requeridos por el DCR. Precisamente, la carta de Vidal del mes de mayo en la que se escoge a Tecore menciona que Securus Technologies incluyó elementos no requeridos.

Además, Secures ha sido previamente señalado por violar derechos constitucionales a los reclusos mediante la implementación de programas como MAS.

Esta no es la primera subasta que da señales de irregularidad en el DCR, hace a penas semanas el Tribunal Apelativo dejó sin efecto la reconsideración de una subasta mediante la cual esta agencia había adjudicado un nuevo contrato de comisaría, lavandería y cafetería para la población correccional de $300 millones que resultó ser $85 millones más caros que el licitador perdidoso. Fue ese licitador perdidoso, TKC Intermediate Holdings, a traves de sus empresas en Puerto Rico, Trinity Services I LLC y TSG Puerto Rico LLC, la que sometió la impugnación al contrato de Carolina Catering Corporation (CCC) en un proceso en el que, además del expediente de subastas, sometió correos electrónicos que calificó de comunicaciones indebidas entre la Junta de Reconsideración de Subastas y el DCR.

Como parte de la denuncia del Senador, se solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que tome acción sobre el asunto, así como que destituya al secretario Rolón. Rolón ha estado previamente en el ojo público, tambien, luego de varios asesinatos dentro de las cárceles del país, en uno de ellos resultó muerto un guardia correccional. Puede leer detalles de eso pulsando aquí.

Tirado tambien radicó una resolución para investigar el suceso.