Hoy se atiende la designación del Secretario de Seguridad Pública pero la confirmación del Secretario de Estado solo a nivel del Senado lo inhabilita para ocupar el puesto de gobernador de ocurrir una vacante.

La Comisión de Nombramientos del Senado celebrará hoy la vista de confirmación del designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, pero el nombramiento del designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, no bajará a votación durante la Sesión, que se celebrará esta tarde como había anticipado el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau Santiago.

A las 9:00 a.m., Torres Santiago ocupará una silla en salón Leopoldo Figueroa Carreras de la Cámara Alta para presentarse ante los senadores y senadores y responder preguntas. Dalmau Santiago celebrará la vista a pesar de que inicialmente planteó que no atendería los nombramientos del componente de seguridad pública hasta que el Ejecutivo aprobara una medida que enmienda el proyecto emblemático del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Pese a las promesas de que el DSP promovería agilidad y eficiencias presupuestarias, la puesta en vigor del ambicioso proyecto encalló y la agencia se convirtió en una densa estructura burocrática, que llevó al Instituto de Ciencias Forenses a reclamar su independencia para poder operar con efectividad.

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La Comisión de Nombramientos también atenderá la designación del designado comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, el próximo jueves, mientras en la Cámara de Representantes el proyecto para reformar la sombrilla del DSP sigue su tracto.

Ese mismo día, el pleno del Senado podría considerar el nombramiento de Emanuelli Hernández luego de que la Comisión de Nombramientos rindió su informe al cuerpo.

“En efecto, el informe de la reunión ejecutiva en la cual los componentes de la Comisión de Nombramientos ejercieron su voto, cerró el viernes, 19 de marzo del corriente, pasadas las 4pm. Debido a esto y dado a que el calendario se distribuye con anticipación, no fue posible incluir para votación del cuerpo el nombramiento del designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli”, indicó la senadora y vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau Irizarry, en declaraciones escritas a NotiCel.

“Sin embargo, es un compromiso de este nuevo Senado evaluar con detenimiento, responsabilidad y seriedad a cada uno de los designados. Esperamos que para la próxima sesión se pueda incluir el nombramiento del licenciado Emanuelli y el de cualquier otro que haya completado el proceso. Para los componentes de la Comisión de Nombramientos la evaluación de los designados es un asunto de mucha responsabilidad”, agregó.

Hasta el momento, el Senado solo ha confirmado al secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, pero la Cámara de Representantes decidió detener la evaluación de este nombramiento hasta que pacte con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia enmiendas al actual Código Electoral.

Al utilizar el nombramiento del Secretario de Estado como ficha de canje, la Cámara Baja inhabilita a Seilhamer Rodríguez de ocupar el cargo de gobernador en propiedad de surgir una vacante “por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente”, como dicta la Constitución de Puerto Rico.

La Constitución establece que el Secretario o Secretaria de Estado ocupará la vacante, pero la Ley 7 dicta la línea de sucesión ante una vacante en la Secretaría de Estado o un nombramiento sin la debida confirmación como ocurrió cuando Rosselló Nevares renunció a la gobernación el 2 de agosto de 2019 y Pierluisi Urrutia juramentó como gobernador.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y experto en derecho constitucional, Carlos Ramos González, explicó a NotiCel que de ocurrir una vacante en la gobernación en este momento Seilhamer Rodríguez no podría ocupar el cargo porque no cuenta con el consentimiento de ambos cuerpos, como pasó con Pierluisi Urrutia, cuyo primer asenso a la gobernación anuló el Tribunal Supremo precisamente porque solo contaba con la confirmación de la Cámara Baja.

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Pero la cosa es peor todavía.

Ante la lentitud para confirmar al gabinete constitucional de Pierluisi Urrutia, de ocurrir una vacante en la gobernación sería el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, el quinto en la línea de sucesión, la persona llamada a ocupar la silla. ¿Por qué? Los designados de Justicia, Educación y Estado no han sido confirmados y el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, no tiene la edad para ocupar el puesto. Tiene 32 años y la Constitución exige que tenga 35.

El lío no acaba ahí.

Al inicio del cuatrienio, el Presidente del Senado cuestionó la facultad de Pierluisi Urrutia para retener a funcionarios de la pasada administración como el Secretario del Trabajo sin enviar esos nombramientos para la confirmación del Senado.

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Al plantear la situación, Dalmau Santiago citó el caso de Hernández Agosto vs Romero Barceló que atendió una controversia parecida. Hace casi cuatro décadas, el entonces presidente senatorial, Miguel Hernández Agosto, presentó un recurso de mandamus para obligar al gobernador Carlos Romero Barceló a enviar al cuerpo la nominación de los miembros de su gabinete, que retuvo en sus cargos tras revalidar a un segundo término en la gobernación. El Tribunal Supremo concluyó que no existía disposición alguna en la Constitución, ni en las leyes de Puerto Rico para imponer esa obligación al Gobernador.

Pero según el líder senatorial, no se trata de la continuidad de un gobierno sino de una nueva administración, donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo son diferentes.

El profesor Ramos González reconoció que la jurisprudencia que estableció el caso el Hernández Agosto vs Romero Barceló ya adjudicó que un gobernador nuevo tiene la facultad para dejar en sus cargos a secretarios de otra administración. Sin embargo, rescató la opinión disidente de ese caso todavía resuena en su cabeza porque defiende los poderes de una nueva asamblea legislativa para evaluar y confirmar todos los nombramientos de un gobierno que también empieza.

Planteó que las diferencias entre la composición de la pasada Legislatura y la actual ofrecen un buen argumento para impugnar la jurisprudencia vigente y obligar al Supremo a diferenciar entre los nombramientos que requieren y no requieren el consejo y consentimiento de la Legislatura.

“A mí, me gustaría que todos los nombramientos se enviasen para evaluación. Me identifico con la disidente”, afirmó.