Durante su decima reunión pública, la Junta de Control Fiscal (JCF) activó el poder de controlar las contrataciones del Gobierno de Puerto Rico, según dispuesto en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles).

Aunque casualmente surge luego del escándalo local e internacional provocado por la contratación de la compañía Whitefish Energy Holdings, el presidente de la JCF --Jose Carrión III-- aseguró que la determinación no guarda relación con la empresa empleada para restablecer el sistema electrico del País.

'La política de contratación no es una reacción a Whitefish. Es simplemente algo que íbamos a implementar como quiera. El contrato de Whitefish se pidió, lo recibimos hace diez días y vamos a continuar con ese procedimiento establecido y aprobado en el día de hoy', explicó Carrión III.

El ejecutivo señaló además que la JCF no había implementado esta medida con mayor anticipación porque 'había mucho sobre la mesa'.

La política de contratación se fundamenta en la sección 204 (b) de la Ley Promesa y aplica a los contratos, o serie de contratos, que sobrepasen los $10 millones. De igual modo, quedará bajo discreción de la JCF si los tratos de menor cantidad tambien serían evaluados por el ente federal.

'La Junta está preparada para revisar contratos de manera rápida. Para ello, hemos identificado un grupo interno que se encargará del proceso de revisión de contratos. Este grupo de trabajo incluye expertos en obtención, construcción, utilidades, salud, tecnología y cumplimiento con leyes locales y federales, entre otros', esbozó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.

En esa línea, la Junta se comprometió a contestar las solicitudes dentro de siete días laborables, por lo que solicitaron al Gobierno de Puerto Rico que someta la documentación de forma correcta y con anticipación.

La medida entrará en vigor el 6 de noviembre de 2017, pero es en carácter retroactivo, lo cual significa que la Junta puede revisar contratos previos.

Rechazo a medias de Sobrino Vega

La política de contratación fue aprobada de forma unánime por los miembros con voz y voto en la Junta, sin embargo, recibió el rechazo parcial del representante del gobernador, Christian Sobrino Vega, quien no tiene voto ante el ente federal.

En un turno de comentarios, Sobrino Vega aceptó que, mientras la moción fomenta la colaboración entre el Gobierno y la Junta, existen áreas que deben clarificarse. Ejemplo de ello, según el ejecutivo, sería el alcance de la medida en relación a los contratos con el gobierno federal.

'Nosotros consideramos que la relación entre el gobierno local y el gobierno federal no necesita un intermediario', exclamó.

Asimismo, de acuerdo a Sobrino Vega, la Junta debería incluir en su nueva política estipulaciones más específicas relacionadas a los códigos de etica.

'La Junta está entrando a nivel granular en las operaciones del Gobierno. Como se están involucrando con los contratos, algunos controles se deben poner en función similar a aquellos controles de etica como los que los funcionarios públicos como yo tenemos que seguir. La Junta tiene un código de etica en sí misma que es robusto, pero ese código se debe aplicar a la política que se aprobó', argumentó.

A esos fines, y en contra del protocolo, Sobrino Vega presentó una moción para que se revisen los códigos de etica.

En respuesta, el secretario del ente federal, Jaime El Koury, recalcó que la Junta cuenta con un código de etica sustancial y amplio. Empero, aseguró que revisaría el lenguaje de la moción presentada por Sobrino Vega.

Al momento, según anunció el representante del Primer Ejecutivo, el Gobierno de Puerto Rico ha firmado alrededor de 1,600 contratos desde el impacto del huracán María.