La delegación del PNP se opuso a la aprobación de la RCC 88 al citar que la AEE era un monopolio quebrado por $10,000 millones y Puerto Rico necesita un sistema robusto que facilite mantener un negocio y la creación de empleos.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución que, entre otros parámetros, ordena la posposición del contrato que la Alianza Público Privada firmó con LUMA Energy para encargarse de la transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica, con el propósito de introducirle enmiendas al acuerdo.

De ser aprobada por el Senado y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, la Resolución Conjunta (RCC) 88 tendría el efecto de aplazar el comienzo del contrato, pautada para el 1 de junio de 2021, hasta al menos el 15 de enero de 2022.

“Es muy lamentable que cuando se llevó este contrato, nunca hubo un proceso abierto para que la ciudadanía se enterara. Se hizo en cuartos oscuros. No hubo ni participación de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, argumentó el representante Luis Raúl Torres Cruz.

Torres Cruz consumió gran parte del turno de debate del Partido Popular Democrático (PPD), puesto que preside la comisión que ha celebrado 14 vistas públicas hasta la fecha para investigar el contrato. En su alocución, resumió algunos de los hallazgos, como los cuestionamientos sobre el compromiso de LUMA Energy con proveer servicio de energía eléctrica a cada sector de la Isla, las cláusulas en el contrato que le reembolsan costos de “entretenimiento” a los ejecutivos de la empresa y la supuesta huida de la compañía en medio de una emergencia.

“Se trata de vidas. De vidas. Si nos afecta un desastre mayor y estos canallas deciden irse de Puerto Rico porque en 18 meses no pueden levantar el sistema, dejan abandonado el sistema y no hay ni una sola penalidad contra ellos. No la hay. Si el Gobernador dice que no hemos leído el contrato, fue él quien no lo leyó o se hizo el que no lo entendió”, exclamó Torres Cruz, con la voz quebrada.

Sin embargo, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), desmintió la información, basándose en que el contrato sí impone una penalidad y que “ninguna compañía va a atreverse a coger sus maletas tras un huracán, porque las consecuencias financieras serían demasiadas”.

En las vistas públicas, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, señaló que el contrato pudiese excusar el incumplimiento, “pero nosotros nos quedamos con el sistema porque el sistema es nuestro, nunca lo cedimos”.

La RCC 88 también solicita que el acuerdo garantice bajos costos tarifarios al consumidor, una supervisión apropiada al contrato y evitar el despilfarro de fondos públicos.

La delegación del PNP se opuso a la aprobación de la RCC 88 al citar que la AEE era un monopolio quebrado por $10,000 millones y Puerto Rico necesita un sistema robusto que facilite mantener un negocio y la creación de empleos.

“Es un sistema obsoleto, precario y como resultado de esa lamentable situación, nuestro país, nuestra gente, necesita que este motor tan importante funcione al ciento por ciento… Tenemos una corporación pública endeudada. Deben diez mil millones. Son diez billones, con b de bueno, en deudas y obligaciones”, lamentó Victor Parés Otero.

El PNP destacó el compromiso del Primer Ejecutivo con mejorar el sistema eléctrico. El Gobernador creó un Comité Timón para evaluar el contrato.

Durante el debate en el hemiciclo, llevado a cabo horas antes del primer Mensaje de Presupuesto y Estado del Gobernador, los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad se posicionaron a favor de la medida.

“Hay un consenso en el país y lo hemos discutido en ocasiones anteriores: la precariedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, los problemas presupuestarios, los problemas de la gestión pública, su situación de quiebra. También hay que dejar meridianamente claro que eso ha sido consecuencia de la criminalización de la Autoridad de Energía Eléctrica y del servicio público, porque los que han administrado este país durante la existencia de la Autoridad de Energía Eléctrica son los que lo han llevado a quiebra. Han sido una partida de irresponsables”, subrayó Denis Márquez Lebrón, del PIP.

Márquez Lebrón sometió una resolución para que el representante de la Asamblea Legislativa en las negociaciones de este contrato sea un ciudadano, cambio que fue acogido.

Aunque el representante independentista ha solicitado que el contrato de cancele de su faz, respaldó la medida porque es una acción transitoria, la misma razón por la cual la representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli también votó a favor.

“Aquí la buena fe brilla por su ausencia. La ausencia de diligencia, deberes fiduciarios y de la buena fe de funcionarios públicos que suponen trabajar para el país velando los mejores intereses del pueblo, sin esperar puestos en la nueva compañía o sabrá si recibiendo dinero a cambio”, argumentó Nogales Molinelli.

La representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, destacó que su voto a favor se basaba en su conciencia como puertorriqueña y deber de investigar el proceso hasta las últimas consecuencias, “para que se le haga justicia a los puertorriqueños y trabajadores”.

Según los hallazgos de las vistas públicas, LUMA Energy necesita 3,800 empleados y empleadas, pero solo ha entrevistado 1,500 y de esos, 1,131 suponían ser empleados actualmente por la AEE.

La orden es en forma de resolución porque esa es la vía para comunicar objetivos específicos y, cuando se completa su trámite procesal, extingue obligaciones.