Tras la vista de la Cámara de Representantes, se tiene mayor claridad sobre el estatus de referidos a autoridades, el despido de la exsecretaria de Familia y el contrato del recién nombrado.

El Departamento de la Familia no referirá a las autoridades federales la conclusión del informe investigativo que determinó que personas externas a la agencia, como la senadora Evelyn Vázquez Nieves, intervinieron en la entrega de suministros de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) tras los terremotos registrados en enero en el sur de la Isla.

Adsef, mediante sus programas subvencionados con fondos federales, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), brinda sustento alimentario a miles de familias en la Isla, que incluyen personas de edad avanzada, personas con impedimentos y personas sin hogar.

Para hacer entrega de cajas de comida en el sur, específicamente en Ponce, la dependencia de Familia debía realizar pruebas en la comunidad y mantener registros de la entrega de productos, regulaciones impuestas por las autoridades federales.

No obstante, el informe administrativo señala que la entrega de ayudas a los damnificados fue interrumpida y atrasada por intromisión de la senadora Vázquez Nieves, acto alegamente avalado por la licenciada Surima Quiñones Suárez, entonces administradora de Adsef, quien fue separada de su cargo.

Familia, según explicó su secretario interino, Eddie García Fuentes, y su directora de asesoramiento legal, Corally Veguilla Torres, no ha realizado el referido al Servicio de Comida y Nutrición del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés), a toda vez que el Departamento de Justicia estatal y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tienen conocimiento de estos hallazgos.

“Del informe no se desprende que Surima Quiñones haya dado una instrucción personal”, aseguró Veguilla Torres, ante preguntas de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia de la Cámara de Representantes.

Veguilla Torres señaló que “no hubo pérdida de fondos, alimentos y la comida fue entregada”, mientras que García Fuentes entiende que no hubo violación a disposiciones federales, más allá de la mera presencia de personas externas en la entrega de suministros. Veguilla Torres corrigió al funcionario y le indicó que las estipulaciones federales no prohiben la presencia de personas externas, sino que no deberían estar allí.

Ambos funcionarios subrayaron que la investigación de Justicia está en su etapa final y fue encaminada porque la entidad solicitó información a Familia, no porque se le hiciera un referido como dispone el informe.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, argumentó que la presencia de personal externo a la agencia en estos esfuerzos debía estar regida por las instrucciones y la logística impuesta por la agencia o la dependencia, en este caso Adsef. A esto, el secretario interino de Familia contestó afirmativamente.

Uno de los testimonios de ese informe, en cambio, apunta a la senadora Vázquez Nieves como quien impartió directrices a los empleados de Adsef. Además de Vázquez Nieves, también se señala al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y a la candidata a representante, Jocelyne Rodríguez.

Para que no suceda de nuevo, García Fuentes recomendó mejor “coordinación que se hace de los legisladores con la agencia y no necesariamente como representante o legislador tiene que estar allí”.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, por su parte, insistió en la necesidad de referir estos hallazgos a las autoridades federales aunque no hubiera delito.

“No es por hacer daño ni señalar. Ese informe es importante que se refiera a las agencias federales porque demuestra que el gobierno fue proactivo, que la licenciada [Glorimar] Andújar fue proactiva y que el mismo García Fuentes fue proactivo”, exclamó el representante, quien preside la Comisión Especial.

¿Despido injustificado el de Familia?

Por otro lado, Rodríguez Aguiló dejó entrever al salir de la vista que el despido de la exsecretaria del Departamento de Familia, Glorimar Andújar Matos, pudo haber sido injustificado si se basó estrictamente en el manejo de los almacenes con suministros durante esa emergencia.

En la vista, el Secretario interino reveló que las listas y tablas que existen de almacenes y suministros no están actualizadas, a toda vez que los almacenes correspondientes a Familia no necesariamente son de alimentos, sino de materiales.

“Ahora mismo si en Adsef entre lunes y martes se repartieron mil libras de alimento y hoy hay una emergencia, no se sabe. No existe un almacén, como se nos hizo creer que existía de Familia, con alimentos”, declaró Rodríguez Aguiló.

Rodríguez Aguiló reconoció que la gobernadora Wanda Vázquez Garced tiene potestad para disponer de los jefes de agencia como estime conveniente porque son cargos de confianza, pero “si la Gobernadora se basó en que no había información sobre los suministros, pues no está correcto porque no hay información sobre eso”.

De acuerdo a los deponentes, la investigación preliminar sobre Adsef se le encomendó al licenciado Ernie Cabán el 18 de enero, y Andújar Matos fue despedida el 19 de enero.

El informe final fue asignado al licenciado Ismael Ortiz Roldán, contratista de Familia desde julio de 2019. Aunque el documento, entregado el 24 de febrero, contenía la recomendación de separar a Quiñones Suárez de su cargo, no fue hasta el 2 de abril que se le notificó la determinación por correo certificado y correo regular.

Sin embargo, no fue hasta la segunda quincena de abril que la funcionaria dejó de recibir su salario, según consta en un correo electrónico que envió el 15 de mayo a la Oficina de Recursos Humanos de la agencia. De acuerdo al mensaje, leído por los deponentes en la vista, Quiñones Suárez no estaba enterada de que había sido separada de su puesto.

El pasado lunes, 18 de mayo, la Oficina de Recursos Humanos le contestó el mensaje con la notificación.

Contrato al nombrado

Durante la vista pública de la Comisión Especial, el Secretario interino de Familia aseguró que haberle dado continuidad a la investigación a su llegada a la agencia no fue lo que le costó un nombramiento en propiedad para dirigir la agencia.

García Fuentes, quien labora en Familia desde el 1997, aseguró que no interesaba esa posición, pero no detalló las razones. A su salida, citó no estar disponible y que no tenía comentarios sobre quien sería su reemplazo. El funcionario regresará a la agencia en su puesto de carrera dentro de la misma agencia.

Como sustituto, la Gobernadora designó a Orlando López Belmonte como secretario de Familia el pasado 14 de mayo, quien es contratista de la agencia a través de la empresa que preside, OFE Consulting.

López Belmonte fue contratado por Quiñones Suárez para ser su asesor en la evaluación del perfil de los riesgos, gastos y servicios de la ADSEF, al igual que trabajar con la estructura de las oficinas regionales y locales con el fin de generar ahorros y optimizar servicios, a razón de $124,500 por un año, o un total de $75 la hora.

Rodríguez Aguiló cuestionó este y dos contratos previos de la empresa con Adsef, uno por 15 días de trabajo y $9,000, y otro de un año y $108,000, ambos para servicios administrativos.

”Ya él desistió de ese contrato de $124,500 pero nos interesa ver en qué consistía su asesoría, porque eso es muy amplio. Es un contrato de $124,500 para evitar que el Secretario de la Gobernación lo tenga que revisar. Como ese deben haber un sinnúmero de contratos”, indicó Rodríguez Aguiló.