Log In


Reset Password
SAN JUAN WEATHER
Opiniones

El mendigaje

El exrepresentante Víctor García San Inocencio comenta sobre las reuniones de altos funcionarios en el gobierno federal.

Licenciado Víctor García San Inocencio, columnista de NotiCel.
Foto: Juan R. Costa

Se alistan para retornar a mendigar a Washington, en la gira usual, funcionarios coloniales, cabilderos, organizaciones comerciales, aseguradoras de salud, y otros que engrosarán el séquito.

Retornan, como en cada estación presupuestaria, a suplicar por fondos, migajas que caigan desde la mesa congresional, para atender la crisis y “el abismo” creado de los servicios de salud. Ya los huracanes, ni la pandemia son excusas. Al desenfoque ya tradicional de cómo se va de rodillas a Washington, se añaden este año agravantes muy serios.

Primero: Están yendo a suplicar, en lugar de a reclamar o exigir la reparación de agravios.

Segundo: Están obviando el asalto a mano armada que el Congreso ha cometido por seis décadas contra los trabajadores puertorriqueños a quienes se nos descuenta el medicare en cada nómina.

Tercero: Acuden “arresmillados” y genuflexos, sin atreverse a exigir reparaciones por los billones de dólares que cada año el asalto congresional al Medicare local, le esquilma al sistema de salud de Puerto Rico.

Tanto allá, en EEUU, como aquí en Puerto Rico, existe un derecho fundamental y constitucional de exigir de las autoridades públicas la reparación de agravios. En el caso de Puerto Rico los agravios se manifiestan en deformaciones tales, que anestesian a los agraviados. Estos no logran entender el daño que le hacen y hasta responden agradecidos al atraco. Aparte del colonialismo añejado por ciento veinticinco años y de sus males remachados una y otra vez, se discrimina contra los puertorriqueños de esta y de mil formas por el sólo hecho de vivir en Puerto Rico. hablando de inducir o de empujar a la migración.

Lo que se hace con Puerto Rico es una especie de apartheid geográfico, o de zona postal o GPS. Si te mudas a Puerto Rico pierdes derechos, pierdes o te esquilman dinero y servicios por los que pagaste, te recortan beneficios, se te excluye de programas ----todo ello no porque no Puerto Rico no sea estado, que nunca ni lo considerarán las autoridades de allá--- sino porque tu “insularidad” jurídica te marca, porque se puede discriminar contra ti en todo lo que no sea un derecho fundamental.

La aplicación de esta normativa absurda anclada en los llamados casos insulares de las primeras dos décadas del siglo veinte, elucubrados por algunas de las mentes que validaron la segregación racial en EEUU, resulta en un oprobio, una burla y una crueldad que se ha profundizado y fermentado todavía más, luego de la “creación”de la fábula del estado libre asociado en el 1952. La putrefacción colonial-imperial suprema se ratifica hace más de cinco años con la operación de la Gestapo de la Junta de Supervisión Fiscal, tan alucinadamente suplicada para el país por sus dos primeros promotores-ejecutores: Pedro Pierluisi, cuando era Comisionado Residente de la mano de García Padilla, gobernador antes de hacerse ciudadano europeo por la “vía olé” de mérito y gracia.

Cualquier puertorriqueño, en cualquier parte del mundo tendría derecho a exigir o reclamar la reparación de estos agravios de parte del gobierno de los EEUU.

En cuanto al ámbito de la financiación del negocio de la salud, hay que decir que derecho tienen, acaso mayor, de acudir al Congreso todas las aseguradoras de salud, y quizás con más ahínco y palanca quienes desde allá compraron hace dos años las tres aseguradoras de salud más grandes de aquí al son de más de cinco mil millones de dólares.

La turbulencia especulativa y financiera que han creado, junto a sus expectativas de exprimir su inversión están acabando de borrar del mapa ----casi literalmente--- a muchos profesionales de la salud que son proveedores, como son los médicos y los dentistas, así como la base comunitaria tradicional de laboratorios, farmacias y otros enclaves donde anida el corazón de la salud de nuestro pueblo. Algunos hospitales han sufrido más recientemente el flagelo de la gula y las finanzas de casi la mitad penden de un hilo. Sin dejar de mencionar a los centros públicos a quienes las aseguradoras adeudan millones largos según se reveló en una vista pública legislativa la semana pasada.

Esta vorágine que asesina al sistema de salud convirtiéndolo en una bolsa de grandes inversionistas depredadores, sucede a la vista, conocimiento y con el consentimiento de las autoridades públicas, quienes se confiesan incompetentes, o impotentes, para enfrentar el tsunami que sembraron y cebaron con la llamada reforma de salud y su tarjetita, y la destrucción del modelo propiedad del Pueblo que operó exitosamente por décadas. Aquella tarjetita se convirtió en una alimenta quiebras y la venta de las facilidades públicas de la salud hacen que el proceso degenerativo sea cada vez más irreversible.

De aquí, que sólo les resta a los que se turnan en la “administración” del gobierno acudir a suplicar a favor de los mercaderes de la salud, a nombre de la salud aplastada por el negocio. Hay que subrayar lo del negocio, para inversionistas como las aseguradoras-proveedoras ---siempre en eterno potencial conflicto de interés con los proveedores y perfeccionando su oligopolio--- porque para todos los proveedores de la salud, ya no se salvan ni los hospitales, y para los pacientes, ese negocio “asegurador”significa explotación y ruina. Aunque se maquille obscenamente, con 380 millones al año en propaganda, anuncios y promociones.

Después de todo es un negocio que se nutre en parte también de fondos públicos ---actualmente abismalmente federales, de las aportaciones de los trabajadores y pensionados, y del encarecido seguro comercial privado que pagan quienes no califican para la cubierta pública. Se trata de un negocio que involucra miles de millones de dólares al año.

Pero es muy triste que por afición colonizada, o por estrategia de negocios, el mensaje que llevan estos séquitos a Washington esté desenfocado en mendigar para que le den más dinero, y si acaso musitar, murmurar, que aspiran a que los igualen en el tratamiento que le dan a los asegurados en EEUU..

Da vergüenza, que se salten y encubran lo obvio: Es momento de exigir reparación, indemnización, pago de todo lo que se han embolsicado por sesenta años de recortar enormes sumas anuales correspondientes a la cubierta pagada por los trabajadores. El Congreso nos roba cada año y a cada minuto, pues asigna menos de la mitad por ley, para cubrir por los gastos de salud de quienes hemos pagado la misma prima de medicare que se paga en los EEUU.

Conocedores a quienes he consultado estiman que los federales, su Congreso, nos ha tumbado con la anuencia o protesta si acaso muda de los comisionados locales y de las administraciones, una cifra que estimada conservadoramente supera los cien mil millones de dólares.

Esto es sin meternos todavía a todas las demás reparaciones salubristas a las que tendríamos derecho, por el agravamiento de la salud de más de una generación de puertorriqueños a causa de esos recortes adeudados. Para no mencionar los efectos en la salud de generaciones de puertorriqueños expuestos a la experimentación industrial, farmacéutica y militar efectuada en los cuerpos de los puertorriqueñ@s y en su medio ambiente por casi un siglo en un país densamente poblado y de geografía pequeña como el nuestro.

Van nuevamente a Washington a la “patriótica” misión del “mendigaje”. El boleto requiere no cuestionar el sistema de explotación, no mencionar el discrimen, el pillaje y la barbarie. Requiere acudir en grupo a pedir más dinero sin cuestionar como se lo reparten obscenamente las aseguradoras depredando el sistema y comiéndose a los proveedores de menor a mayor. Hay que ir allá sin cuestionar el papel de estatua inmóvil insensible del Departamento de Salud, su ASES y del Departamento de Justicia. Buen viaje.

Última hora: La delegación desenfocada viajera a Washington lleva refuerzos. Van también ocho legisladores.

El autor es abogado, exrepresentante y excandidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la misma institución. Tiene además un doctorado de la Universidad del País Vasco (2016).