Los requisitos de divulgación que establece la Ley PROMESA, como tambien las medidas a esos efectos instituidas por la Junta de Control Fiscal (JCF) fueron insuficientes para revelar potenciales vínculos, directos o indirectos, entre contratistas de ese cuerpo y tenedores de bonos de Puerto Rico.

Así lo concluyó la firma investigadora Luskin, Stern & Eisler, contratada por la JCF y encomendada a investigar los conflictos de interes con la firma de asesoría administrativa McKinsey & Company, la cual rinde servicios por contrato a la Junta desde poco despues de su constitución.

En gran escala el informe sirve como un relato de las grietas en las medidas de divulgación de intereses de los contratistas de la Junta, las cuales reconocen son menos minuciosas que las medidas de transparencia que les aplican a los integrantes de la JCF. Del mismo modo, señalan que las medidas de divulgación varían por contratación, una inconsistencia que da paso a señalamientos de conflictos de interes.

A ese fin, la firma investigadora emitió ocho recomendaciones a la JCF que incluye:

Contratistas deben divulgar relaciones con empresas afiliadas

Expandir la lista de partes interesadas en los casos de Título III

Contratistas deben divulgar el alcance de todas sus relaciones directas con Puerto Rico y describirlas

Contratistas deben divulgar el alcance de todas sus relaciones indirectas con Puerto Rico y describirlas

Contratistas deben divulgar datos relevantes de sus radicaciones publicas ante la Comisión de Seguros y Valores (SEC por sus siglas en ingles)

Contratistas deben describir sus políticas, prácticas y procedimientos que tienen o tendrán para protegerse ante conflictos

Divulgaciones deben actualizarse y certificarse periódicamente

La Junta debe revisar todos sus formularios de contratación, divulgación y certificación para incorporar recomendaciones

Esta investigación comenzó a raíz de una serie de artículos publicados en el New York Times y el Wall Street Journal, en ellos se expone que una empresa afiliada a McKinsey, la firma de inversiones MIO Partners, invirtió en bonos de la Corporación para el Fondo de Interes Apremiante (COFINA). El escrito de más 95 páginas concluyó que el personal de McKinsey asignado a Puerto Rico y la JCF no tuvieron conocimiento de tales inversiones -que se hicieron mediante distintos gestores de activos a su propia discreción- a pesar que McKinsey cumplió cabalmente con todos los requisitos de divulgación que rigen las contrataciones de la JCF.

El informe no cataloga el episodio como un conflicto de interes entre McKinsey y la JCF. Más bien señala que contiene los elementos para dar la impresión de ser conflicto y que no fue detectado por las medidas de divulgación actuales de la JCF.

En palabras del propio informe: 'Las inversiones directas y de terceros en la deuda pública de Puerto Rico manejadas por MIO podrían dar la apariencia de un potencial conflicto (de interes). La Junta de Supervisión probablemente hubiese considerado las inversiones directas de MIO en la deuda pública de Puerto Rico un conflicto y hubiese requerido a MIO a desposeer o a explicar por que las inversiones no presentaban un conflicto inhabilitante si hubiese conocido de la inversión desde el principio'.

Según el informe, MIO tuvo al menos cinco inversiones 'directos o indirectas' en deuda de Puerto Rico y en todo momento sus gestores de carteras de inversión, como tambien su Principal Oficial de Inversiones (CIO por sus siglas en ingles), tuvieron conocimiento de esas inversiones. Sin embargo, debido a la diferencia organizacional entre McKinsey y MIO, la firma investigadora no encontró evidencia que demuestre que MIO compartió información de sus inversiones con McKinsey.

Las inversiones cuestionadas fueron manejadas por tres gestores de activos: ASA, Aristeia y Whitebox, con fondos de MIO mediante cuentas administradas por separado. Además de COFINA, ASA tambien mantenía bonos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Medicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA), mientras Whitebox manejaba tambien bonos de Obligaciones Generales.

Los gestores de activos terceros, según el informe, tenían la autoridad de invertir esos fondos a su discreción y en el caso de los bonos que manejaba ASA y Aristeia, fueron adquiridos antes de la contratación de McKisney por parte de la JCF. En el caso de Whitebox, los bonos de COFINA y de Obligaciones Generales que manejaban era para la firma de inversión Pandora Select Partners, que a su vez cuenta con inversiones indirectas de MIO.

MIO, por su parte, invirtió $58,345,000 en bonos de COFINA a descuento en el 2014. A principios del 2017 vendió $8,345,000 a su valor nominal y dispuso los otros $50 millones en dos transacciones en abril del 2018. En total, las ganancias registradas por la venta de esos bonos fueron de $765,000.

'MIO tomó la decisión de disponer de la inversión independientemente y sin información recibida por el lado contable de McKinsey. Esta inversión no fue divulgada en los archivos públicos y nadie trabajando en McKinsey en el equipo de servicio de Puerto Rico hubiese estado en posición de conocer esta inversión previa a la radicación de este reporte', reza el informe, añadiendo que MIO indicó a la firma investigadora que ya no tienen inversiones directas en deuda de Puerto Rico.

Vea aquí el informe de la firma Luskin, Stern & Eisler: