Solo queda la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez como parte de los miembros externos que formaban el equipo anticorrupción.

A inicios de febrero pasado, la gobernadora anunció con entusiasmo la creación de un consejo asesor para el manejo de fondos federales asignados al Departamento de la Vivienda bajo los Programas de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y el de Desarrollo Comunitario para atender Desastres (CDBG-DR).

Inicialmente el comité asesor estaba compuesto el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, el asesor de la gobernadora en Asuntos Municipales, Luis Roberto Rivera Cruz, y tres miembros externos: la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, el exjuez federal José A. Fusté y la excontralora auxiliar Nilda Añeces Loperena, quienes imprimían al cuerpo un aire rigurosidad.

Esos tres miembros externos funcionarían como un escudo anticorrupción e inspirarían confianza en las autoridades federales para agilizar el desembolso de los fondos de recuperación retrasados por el Departamento de Vivienda federal ante la preocupación de "corrupción gubernamental" reiterada tanto por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el secretario de Vivienda federal Ben Carson.

Pero cinco meses después solo queda un miembro de ese trío anticorrupción: Rodríguez Vélez.

El pasado 22 de mayo, Añeces Loperena renunció a su posición en el Consejo Asesor.

En su carta a la gobernadora informó que dejaba el cargo por "razones personales" y las dificultades que imponía la pandemia, según una fuente de NotiCel. Añeces Loperena reside en Isabela y viajaba a San Juan para las reuniones que solían realizarse los viernes en La Fortaleza o la oficina de Vivienda federal en Hato Rey. Debido al COVID-19, confrontó problemas para encontrar un lugar donde pernoctar tras las reuniones.

Un mes y medio después, el pasado 8 de julio, el exjuez Fusté renunció a su posición como miembro del Consejo Asesor debido a las controversias que salpican a la administración Vázquez Garced.

En una carta enviada a la mandataria, Fusté consignó los lazos de amistad que lo unen a la familia de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, cuya renuncia exigió la mandataria justo cuando la exfiscal federal se disponía a enviar referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, que involucran a la primera ejecutiva.

Uno de los referidos del Departamento de Justicia, que fue filtrado a la prensa, pedía la designación de un fiscal especial independiente para investigar si Vázquez Garced violó el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico al despedir a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, por posibles represalias al denunciar que varios funcionarios públicos manipulaban la repartición de ayudas para los afectados por la secuencia sísmica que afecta el sur del país desde inicios de año para beneficiar políticamente a la senadora Evelyn Vázquez.

Dos fiscales especiales recibieron la encomienda. Tienen 90 días para presentar sus hallazgos.