La fiscalía federal que cubre Atlanta obtuvo un pliego acusatorio contra una empresaria de Georgia que hizo declaraciones falsas para tener contrato de $156 millones con FEMA tras María.

Mientras miles de familias en Puerto Rico estaban a oscuras y sin poder preparar alimentos en las primeras semanas después del impacto del huracán María, una empresaria de Georgia engañó al gobierno federal para que le dieran un contrato de $156 millones para proveer comidas que nunca tuvo disponibles y pasó semanas dando excusas de por qué no llegaban los alimentos, según un pliego acusatorio federal.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia obtuvo un pliego con 29 cargos contra Tiffany Brown, de la compañía Tribute Contracting LLC por un esquema en el que obtuvo un contrato de $156 millones para proveer 30 millones de raciones de alimentos que pudieran ser distribuidos en Puerto Rico después del impacto del huracán María, y que pudieran calentarse sin necesidad de fuente externa de calor. Pero, en un tracto similar al que se registró cuando el gobierno de Puerto Rico otorgó un contrato de $38 millones para comprar un millón de pruebas de detección de COVID-19, Brown realmente no tenía la infraestructura para proveer las raciones y engañó al gobierno federal sobre su capacidad y sobre la inminencia de la entrega del material.

El caso de Brown había sido denunciado en The New York Times y otros medios y, aún después de que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) le cancelara el contrato tras desembolsarle $255,000, la mujer se mantuvo cobrándole a la agencia usando documentos falsos, reclamó su inocencia y siguió promocionando una línea de ropa, un libro de oraciones y otras gestiones basada en una imagen de empresaria exitosa.

El de Brown es el quinto caso criminal de alto perfil que resulta de la respuesta gubernamental al impacto de María en la isla el 20 de septiembre de 2017. Pero solo uno de esos casos, el de sobornos a dos empleadas de FEMA a cambio de un contrato de casi $1,900 millones a Cobra Acquisitions, LLC para trabajos en la red eléctrica, se ha presentado en el tribunal federal local. Los demás se tramitan fuera de Puerto Rico. Los delitos federales prescriben a los cinco años y 2022 es el quinto aniversario del huracán, por lo que las posibilidades de que se presenten más casos se van reduciendo considerablemente, a menos que las autoridades puedan establecer que los actos delictivos no han prescrito porque continuaron ocurriendo más allá de los cinco años.

Brown tiene 43 años y tenía 38 cuando por una alerta del servicio Google se enteró de que FEMA buscaba suplidores de alimentos para los damnificados en la isla. El 28 de septiembre de 2017 sometió una propuesta a nombre de Tribute y el 27 de septiembre de 2022, un gran jurado emitió el pliego de 11 cargos de fraude con desastre mayor (basados en 10 correos electrónicos y una factura que sometió a FEMA), 14 cargos de fraude electrónico (basados en 14 correos electrónicos), un cargo de robo de propiedad pública por los $255,000 que le desembolsaron antes de cancelar el contrato el 23 de octubre y tres cargos de lavado de dinero por tres transacciones que hizo con esos fondos.

En su propuesta del 28 de septiembre, Brown representó falsamente que podía entregar 10 millones de raciones por día utilizando 210 camiones; tenía inventario disponible para el contrato y tenía en su poder al menos 300,000 raciones antes de que la agencia le contestara sobre el contrato; y tenía el personal, vehículos y pericia para cumplir con entregas 24 horas al día, siete días a la semana.

En realidad, según el pliego, no tenía ninguna de esas capacidades y, además, sabía que había mentido al representar que Tribute no había tenido contratos federales cancelados, a pesar de que el Negociado de Prisiones le había cancelado dos contratos en 2014. Brown sometió a FEMA una especie de certificación de que la empresa podía licitar, pero era una certificación vieja. Incluso, el Cuerpo de Infantería de Marina le había cancelado otro contrato por someter esa misma certificación inválida. La propuesta contenía material plagiado de artículos académicos y de los portales cibernéticos de otras compañías.

Basada en estas representaciones, FEMA le otorgó un contrato por $155,982,000 el 3 de octubre para proveer 30 millones de raciones entre el 7 y el 23 de octubre, pero Brown no tenía ninguna ni había procurado un suplidor. De hecho, el pliego denota intentos por conseguir suplidor, hasta en Canadá o China, después de que FEMA le diera el contrato, intentos que siguieron después de que, como era de esperarse, incumpliera con la entrega del 7 de octubre. Entre las excusas que dio a FEMA para el incumplimiento estuvieron atrasos por lluvia, tráfico y hasta por el paso de la tormenta Nate.

El 11 de octubre, Brown sometió documentación para sustentar su representación falsa de que había entregado 50,000 raciones y obtuvo el desembolso de $255,000. Aún después de la cancelación, Brown siguió sometiendo información falsa en su intento por conseguir pagos adicionales por costos supuestamente incurridos en su intento de obtener las raciones.

“Es inconcebible que Brown abusara del desastre que el huracán María causó en Puerto Rico. Los residentes de Puerto Rico, americanos como nosotros, dependían y esperaban lo mejor de su gobierno federal, y del prójimo, durante este desastre sin precedente», dijo el fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, Ryan K. Buchanan, al anunciar la acusación.

En 2018, Brown le dijo a CBS que había confiado en la representación que le hizo un proveedor de ‘catering’ con 11 empleados al que subcontrató y quien le prometió que añadiría empleados para cumplir con la orden de millones de raciones. Añadió que como mujer joven se había enfrentado a muchos obstáculos en la industria de alimentos.

Además del caso de Brown y del de Cobra (en el que se declararon culpables el contratista Donald Keith Ellison y las exempleadas de FEMA, Ahsha Nateef Tribble y Jovanda R. Patterson), están relacionados con la respuesta a María el de los hermanos gemelos Rahim and Karim Sadruddin, que proveerían toldos para techar residencias; el de Ramón Julbe Rosa, quien cometió varios fraudes contra el gobierno federal, incluyendo obtener un préstamo de $50,000 por una residencia principal en Morovis que no tenía; y el del grupo de puertorriqueños acusados en Islas Vírgenes por inflar facturas de estadía de contratistas que trabajaban en el huracán. En ese caso, se declararon culpables Juli Campbell, de Campbell Development, LLC, y sus coacusados, Leovigildo Gómez Geo, Wilfredo Perez y Luz Soraya Rodríguez.