Debido a disputa entre ambas ramas de Gobierno, la mayoría de los nombramientos de su gabinete se encuentran en suspenso.

Como una bola de nieve que crece rápidamente, las diferencias entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa colocan en aprietos la gestión del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

A 109 días de jurar al cargo y de reconocer los retos de timonear el País en tiempos de un gobierno divido, la nueva Legislatura plural parece tener al Primer Ejecutivo contra la pared.

En cuatro días, la Comisión de Nombramientos del Senado rindió un informe negativo de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, obligando al Gobernador a retirar la designación, y en un abrir y cerrar de ojos -el martes- colgó el nombramiento de Jesús González Cruz como el secretario de interino de Educación en medio de reclamos para que el Mandatario escogiera a un candidato o candidata apta para la posición.

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Ante el desafío de Primer Ejecutivo de mantener a González Cruz en el cargo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), evaluaba ayer acudir a los tribunales para impugnar la legitimidad de la designación interina. Hasta anoche no había ocurrido.

No se trata de desencuentros recientes. Esta bola de nieve comenzó a formarse desde los inicios del nuevo gobierno, aunque tomó velocidad y masa en el último mes.

Tres semanas después de que Pierluisi Urrutia participó en la investidura de Dalmau Santiago y de Rafael “Tatito” Hernández Montañez como presidente de la Cámara Baja, el dúo arribó a La Fortaleza para su primera reunión de trabajo luego de los llamados -de parte y parte- para remar juntos y procurar espacios de convergencia.

Desde ese primer momento, asomó la primera manzana de la discordia: los nombramientos del gabinete del Gobernador. Dalmau Santiago argumentó que todas las designaciones aún los nombramientos reincidentes -que pasaron de una administración a otra- requerían el consejo y consentimiento del Senado. También afirmó -aunque luego cambió de postura- que no consideraría el nombramiento de Alexis Torres Ríos como secretario del Departamento de Seguridad Pública y del coronel Antonio López Figueroa como jefe de la Policía hasta que la Legislatura completara el proceso de revisión y enmendará la Ley que creó esa agencia.

Un mes y medio después, también a su salida de una reunión en el Palacio de Santa Catalina, el Presidente de la Cámara reveló que ese cuerpo no atendería los nombramientos del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez y del designado a Contralor Manuel Torres Nieves hasta que el Gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) acogiera los cambios que proponía para enmendar el polémico Código Electoral. Recientemente surgió una petición para atar el nombramiento de Torres Nieves a la cancelación del contrato de LUMA Energy, privatizadora que asumirá la operación del sistema de distribución y transmisión eléctrico a partir del 1 de junio.

Pierluisi Urrutia ha insistido en que no negociará sus nombramientos y ha pedido que sean evaluados por sus méritos.

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Por ahora, la estrategia del PPD -que controla Cámara y Senado- ha consistido en dilatar el proceso de evaluación de los candidatos y candidatas o utilizar los nombramientos como fijas de canje. Como parte de ese proceso de presión, la Cámara interpeló a la exsecretaria de Educación y al designado secretario de Salud, Carlos Mellado López a unas seis semanas de entrar en funciones para abordar temas complejos como la estrategia gubernamental para combatir la pandemia del covid-19 y la apertura de las escuelas públicas en medio de la crisis salubrista.

Ayer, de forma simultánea, también comenzaron a surgir informes de prensa negativos que provocaron que la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, saliera en defensa de Mellado López luego de que un exsocio suyo en una empresa médica se declarara culpable a nivel federal por fraude en un proceso de quiebra, y del principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno Enrique Volckers Nin por otorgar un contrato de casi $1 millón a un exsocio.

De inmediato, senadores populares emplazaron al Gobernador para que retirara el nombramiento de  Volckers Nin, mientras que la delegación del PNP en la Cámara exigió al representante Jesús Manuel Ortiz González, presidente de la Comisión de Gobierno, que finalmente soltara el informe positivo que preparó del Secretario de Estado.

Esa petición surgió después que Ortiz González indicó a NotiCel que primero debía discutir el nombramiento de Seilhamer Rodríguez con el caucus del PPD para determinar el curso de acción. Esa reunión, según fuentes de este medio digital, podría darse la próxima semana.

Solo dos nombramientos requieren el consejo y sentimiento de Cámara y Senado: la Secretaría de Estado, primer puesto en la línea de sucesión si falta el Gobernador, y la Contraloría.

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En medio de esta tormenta política, el Senado sólo ha confirmado al Secretario de Estado, al Secretario de Seguridad Pública y al Jefe de la Policía. Quedan pendientes 51 nombramientos de jefes de gabinetes y de miembros de diversas juntas.

Pese a que el país se encuentra en medio de la pandemia y un repunte del covid-19, Mellado López no ocupa la silla de Salud en propiedad. El designado secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, que encaminará el proceso de reconstrucción con fondos federales que exceden los $16,000 millones, y la designada secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, que tiene a su cargo el proyecto prioritario del Gobernador para erradicar la violencia de género en el País, también esperan por su vista de confirmación.

Tampoco existe fecha las vistas de confirmación para la designada secretaria de Transportación, Eileen Vélez Vega, el comisionado del Cuerpo de Bomberos Javish Collazo y el secretario de Desarrollo Económico Manuel Cidre Miranda.

Pero más allá del secuestro de los nombramientos, existen pugnas ideológicas.

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Como bienvenida al Mensaje sobre la Situación del Estado de Pierluisi Urrutia, los representantes derrotaron una medida para asignar fondos para la elección de cabilderos por la estadidad y aprobaron una resolución para aplazar la transferencia del sistema eléctrico al consorcio LUMA Energy hasta 15 de enero, en un choque con la política pública del Primer Ejecutivo.

Entonces, desde el mismo lugar -donde unas horas antes sus anfitriones consignaban su diferendo- Pierluisi Urrutia defendió el contrato de LUMA. Luego lanzó un dardo al final de su alocución cuando soltó que el político que “ignora a su pueblo, no merece su respeto” en respuesta al rechazo de los legisladores a conceder el dinero para escoger a los cabilderos por la estadidad después del plebiscito de noviembre pasado.

Dalmau Santiago, quien suele calibrar sus palabras y respuestas, respondió con una loa al Estado Libre Asociado. Unos días después el calendario del trabajo del Senado incluyó el proyecto de Senado 222, que establece que la persona que ocupe el cargo de Contralor debe ostentar un título de contador público autorizado (CPA). El designado a la Contraloría no cumple con ese requisito.

Además, a inicios de esta semana, el Gobernador vetó el proyecto que buscaba derogar una ley que le permite convocar consultas de estatus y otra para elegir los cabilderos por la estadidad.

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El Gobernador y el Senado tampoco coinciden en la estrategia para frenar la propagación del covid-19. Dalmau clamó por un “lockdown”, que Pierluisi Urrutia rechazó puesto que la Coalición Científica que lo asesora durante la pandemia, no ha propuesto esa opción. En medio de la alarma por los aumentos en contagios y hospitalizaciones por el virus, también se enredó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, quien intentó sin éxito adoptar una política pública municipal para mitigar el covid-19 que excedía sus poderes y que se topó con el rechazo público.

Pero la bola de nieve se encuentra a media pendiente mientras sigue tomando impulso y densidad.

Sobre la mesa se encuentra la preciada vacante al Tribunal Supremo, que extendería el territorio de los jueces de ideología estadista en la curia, y 12 nombramientos judiciales, entre ellos cuatro puestos al Tribunal de Apelaciones, y designaciones a fiscales y procuradores.