Los suegros de la comisionada no presentaron la prueba que se le requirió ni obedecieron los términos así que el caso sigue con ellos al margen.

La disputa que se desarrolla desde fines del año pasado por el descubrimiento de prueba en el trámite de la querella contra los suegros de la comisionada residente por daños ambientales en La Parguera llevó a que una oficial examinadora los declarara en rebeldía, por lo que la evaluación de la querella continuará sin que estos puedan presentar la prueba que tengan de que no cometieron los actos imputados.

La oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), María V. Ortega Ramírez, emitió esa determinación el jueves pasado después de que el abogado del matrimonio compuesto por José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera incumpliera un plazo para responder a requerimientos de prueba hechos por la agencia.

La querella por construcción ilegal, depósito de relleno y extracción de mangle en una caseta que tienen en la Reserva Natural Parguera está sometida desde agosto y la vista comenzó en septiembre pasado, pero no se ha movido todavía de la fase preliminar de descubrimiento de prueba entre las partes.

Ortega Ramírez concedió múltiples plazos para acomodar evidencia pericial que el matrimonio Vargas Llavona dijo que quería presentar y para que se completara el intercambio de prueba, pero los querellados incumplieron una orden que se venció el miércoles de Semana Santa. “[S]e le ha otorgado tiempo en exceso” para “contestar los instrumentos de prueba”, había anotado la oficial examinadora antes de anotar la rebeldía. Con esa designación, el matrimonio solo podrá contrainterrogar a los testigos que presente el DRNA, pero no presentar sus propios testigos o prueba.

“Teniendo en cuenta el derecho aplicable, la necesidad de que se contesten los instrumentos de descubrimiento de prueba, y la necesidad de que no se atrase irrazonablemente el curso del presente caso, lo que ya ha ocurrido, se le anota la rebeldía a la parte querellada y se señala vista administrativa en el caso de epígrafe para el 16 de mayo de 2024, a las 10:00 am”, concluyó la oficial examinadora.

“La conducta procesal reiterada de la parte querellada de no cumplir con lo ordenado en el curso del caso de autos está plasmada en todo el expediente”, describió también la oficial.

Parte de lo que se alega es que los padres del esposo de la comisionada Jenniffer González Colón tienen una residencia en una reserva natural y que realizaron cortes ilegales de mangle, así como una construcción no autorizada de “un tablado y terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4’ x 8’ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento”. Por esto se propone una multa de $25,000 y trabajos de restauración ecológica en el área.

González Colón ha alegado que se trata de una persecución política, aunque otros propietarios del área fueron procesados al mismo tiempo que el matrimonio Vargas Llavona por actos similares.

Vea:

Alcalde de Lajas pidió intervenir con casetas en Parguera como la de suegros de comisionada