Deberá permanecer en la residencia de su madre, que ubica en Arecibo.

Tras una extensa vista de fianza marcada por las dudas sobre sus activos financieros, su relación formal con la empresa Yatea LLC, su acceso a botes y detalles sobre el nivel de intercambio sexual que tuvo con dos menores de edad, el empresario Jorge Javier Marrero Gerena podrá salir libre bajo fianza con condiciones que incluyen encierro domiciliario y el pago de $200,000 en efectivo o propiedades.

La determinación del magistrado federal Marcos López incluye que: la madre de Marrero Gerena sería su custodia legal, la residencia de ésta en Arecibo será el lugar de encierro doméstico, el acusado debe someterse a evaluación mental y pruebas de dopaje debido a experimentación en el pasado con sustancias controladas, tiene que romper todos los vínculos con la corporación Yatea LLC, estará bajo monitoreo electrónico (el cual él mismo tendrá que pagar), no puede acercarse a muelles o aeropuertos, no puede hacer uso alguno de la internet o aparatos electrónicos de comunicación y no puede acercarse a menores de edad, excepto por su hijo de nueve años a quien solo podrá ver en presencia de otro adulto y sin que el niño pueda pernoctar donde está su padre.

Marrero Gerena enfrenta tres cargos de incitar a menores de edad a tener relaciones sexuales y un cargo de producir pornografía infantil con un esquema mediante el que se alega que usó las cuentas de redes sociales de la empresa Yatea, que alquila embarcaciones, para contactar a mujeres menores de edad con el fin de tener relaciones sexuales. Para argumentar que debería quedarse encerrado hasta la fecha del juicio por ser un peligro a la comunidad, la fiscalía federal aseguró al tribunal que la prueba que tiene incluye fotos y conversaciones “de naturaleza bien, bien explícitas” en las que Marrero Gerena pide a las menores dejarlo tener sexo oral y otros actos con ellas, pidiéndole a una menor de 15 años que lo dejara ser su “sugar daddy” y pidiéndole a una menor de 16 años que le enviara fotos desnuda y un video masturbándose. En esa instancia, la menor no envió el video pero sí fotos desnuda.

López llegó a estas condiciones de libertad supervisada después de quedar insatisfecho tanto con la fiscal federal Jenifer Yois Hernández Vega como con la abogada Melanie Carrillo Jiménez por no poder darle al tribunal datos claros y específicos relativos a las propiedades de Marrero Gerena, sus vínculos con distintas corporaciones y el valor de la residencia del acusado en Vistamar que fue allanada en mayo pasado y que ahora está a punto de venderse. López tampoco estuvo de acuerdo con la Oficina federal de Servicios con Antelación a Juicio, que recomendó una fianza de $20,000.

Debido a la naturaleza de los cargos, y a que en la esfera federal no hay derecho a fianza, se activa la presunción rebatible de que Marrero Gerena debe permanecer encerrado porque es un riesgo a la comunidad y un riesgo de fuga.

Fue en el aspecto de riesgo de fuga que se concentraron las discusiones durante la vista.

“Si tuviera intención de fugarse lo hubiera hecho hace tiempo”, planteó Carrillo Jiménez en referencia a que su cliente la retuvo como representante desde los primeros rumores en redes sociales que lo vinculaban con conducta sospechosa en Yatea, que intentó entregarse pero la fiscalía se negó y que la mañana de su arresto el viernes pasado, estuvo esperando a los agentes federales listo en su casa al punto de que fue él quien los dirigió a la residencia correcta y se puso a disposición de ellos.

De hecho, López fustigó a la fiscal Hernández Vega sobre por qué hoy argumenta que el acusado debe quedar detenido por riesgo de fuga cuando el gobierno dejó pasar cinco meses entre el allanamiento de su residencia en mayo y su arresto en octubre. La fiscal ripostó que en ese tiempo estuvieron procurando el testimonio de las víctimas y sometiendo a análisis técnico los chats a través de los que ocurrieron las comunicaciones que dan pie a los cargos.

Hernández Vega argumentó que el acusado comenzó a hacer movidas financieras para desvincularse de propiedades inmediatamente después del allanamiento a su residencia y proveyó varios datos relativos a Yatea como empresa para plantear que, financieramente, “Yatea y Jorge Marrero Gerena son una y la misma cosa”. Dijo que había unos seis vehículos, al menos dos botes y dos casas (la de Vistamar y una flotante en La Parguera) a nombre del acusado y que figura como firmante en la cuenta de banco de Yatea y de otras corporaciones. De hecho, para la vista de hoy, los oficiales del tribunal no habían podido determinar el valor financiero neto actual (“net worth”) de Marrero Gerena.

Pero, sin embargo, no pudo precisarle al magistrado si Yatea era un “DBA” (un alter ego de Marrero Gerena) o si era una entidad con accionistas y si habían otros accionistas. López le recordó que necesitaba “especificidad” para poder tomar determinaciones sobre la detención del acusado. “Usted lo hace ver como si todos los activos de Yatea son activos del acusado y necesitamos ser claros sobre exactamente qué es lo que quiere decir”, le requirió López, quien dejó la puerta abierta para que la fiscalía le presente cualquier información que encuentren que pruebe que Marrero Gerena tiene control de los activos de Yatea para posiblemente revisar su determinación de fianza.

Carrillo Jiménez aclaró unos datos pero no otros, como lo que pasó con el pasaporte y la licencia de conducir de su cliente, que se le “perdieron” y para lo cual radicaron una querella en la Policía. La abogada expuso al magistrado que Yatea fue incorporada por el hermano de Marrero Gerena, que según el registro del Departamento de Estado se llama Louis A. Rodríguez Gerena, y que la empresa no es dueña de embarcaciones sino que solo las administra para efectos de su alquiler. Marrero Gerena recibe $3,000 mensuales de Yatea por la gestión de alquileres y los botes son de una corporación no mencionada y de Alpha One Security (AOS), una empresa que su cliente cofundó y que dirigía con un sueldo de $10,000 mensuales pero que, cuando salieron públicas las denuncias contra su cliente, “lo botaron”. Añadió que el hermano de Marrero Gerena no reside en Puerto Rico y que esta misma semana el poder notarial que tiene su cliente para representar a Yatea se revocaría para otorgarle uno a su hermana.

La abogada planteó también que AOS es la dueña de los seis vehículos que se le adjudican a su cliente y el propio Marrero Gerena se dirigió al tribunal para declarar que aunque la residencia de Vistamar fue adquirida hace unos nueve años por $1.3 millones, la venta no le generará ganancias porque la deuda es mayor que el valor actual y porque la residencia es colateral para un préstamo de la Administración federal de Pequeños Negocios que se usó para capitalizar a AOS. “Este acusado está tratando de arreglar sus finanzas para poder sobrevivir con lo poco que reciba del Airbnb porque no va a poder trabajar”, subrayó en referencia a la casa flotante en La Parguera que su cliente activa a través de esa plataforma digital y para la cual no se proveyó evidencia de su valor en el mercado.

Sobre los adelantos de evidencia que hizo la fiscal, Carrillo Jiménez argumentó que, asumiendo que sea correcta la teoría del gobierno sobre la conducta de su cliente, en el cargo relativo a sus conversaciones con lo que realmente era un agente encubierto no hay evidencia de que su cliente le haya pedido un encuentro personal a esa supuesta menor de edad y que en el cargo que le presentan por supuestamente tener un encuentro sexual con una menor de 16 años “me parece que la madre de la menor estaba presente… no fue que se reunió en privado con esa menor”.

Sobre los factores que lo hacen un paciente en alto riesgo en caso de contraer coronavirus, algo que había mencionado en una vista el martes, detalló que en 2012 Marrero Gerena tuvo un “accidente casi fatal” tras el cual sufrió colapso en sus pulmones.

Los cargos contra Marrero Gerena representan un mínimo de cárcel de 15 años hasta posible cadena perpetua.

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