Nuevo Superintendente del Capitolio propone ahorros, pero siguen los nombramientos con conexiones partidistas y se revelan los pagos finales de allegados de la anterior administración.

El nuevo Superintendente del Capitolio, el también exrepresentante César Hernández Alfonzo, redujo a poco más de la mitad la nómina de su equipo de confianza en esa dependencia del Capitolio que estuvo bajo el control del Senado el cuatrienio pasado, ahora está bajo el control de la Cámara de Representantes y lleva varios cuatrienios como imán de corrupción, escándalos y contrataciones de parientes de legisladores y políticos del partido de mayoría en la Asamblea Legislativa.

En el equipo de Hernández Alfonzo hay parientes de políticos, personas con servicio en el Capitolio bajo otras administraciones populares, personas que demandaron por discrimen político cuando el Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) tomó el control de la dependencia el cuatrienio pasado y hasta una persona que tenía un puesto de confianza con el expresidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Hernández Alfonzo también divulgó la lista de liquidaciones por vacaciones y enfermedad que se le pagaron a 22 empleados de la Superintendencia al 31 de diciembre, sumando casi $460,000 en un presupuesto cargado de deudas, incluyendo que no se pagó por agua ni luz. Entre los que tuvieron liquidaciones están Lisandra Felicita Maldonado Rivera, esposa del expresidente cameral, Carlos Méndez Núñez, y Peter Muller Maldonado, esposo de la exsenadora Evelyn Vázquez.

La Superintendencia fue creada por ley en 1977 con la responsabilidad de “la planificación integral de la administración y desarrollo de todos los aspectos relacionados a la planta física y los terrenos del Capitolio y áreas circundantes”. Más reciente, a su área de incumbencia se le conoce como el Distrito Capitolino e implica millones en contrataciones para la construcción y mantenimiento no solo del propio Capitolio sino de todas sus áreas y oficinas alrededor. La ley dice que su jefe es nombrado por los dos presidentes camerales pero en la práctica lo que ha sucedido es que los presidentes legislativos se turnan ese nombramiento y el de la Oficina de Servicios Legislativos cada cuatrienio.

Según una comparación que Hernández Alfonzo hizo de salarios de su equipo con los que estaban vigentes el año pasado, su nómina de confianza es de $62,000 contra $132,843 que había antes. Aunque se usan consolidaciones de posiciones y destaques para reducir la nómina, la comparativa con la nómina anterior refleja también que hay posiciones que no se han llenado. El salario del Superintendente aparece reducido de $10,000 que tenía José Jerón Muñiz Lasalle a $9,000. Muñiz Lasalle, casado con una nieta del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue objeto de investigación federal el cuatrienio pasado e intentó ser candidato del PNP a la alcaldía de Quebradillas en una campaña ostentosa que reflejaba oficialmente pocos donativos. De la misma manera, Eliezer Velázquez Quiles, quien fue Superintendente en la anterior presidencia de Rivera Schatz, corrió desde su cargo una campaña para ser senador, que tampoco resultó en victoria partidista pero sí resultó en una auditoría del Contralor, y en radicación de cargos que luego fueron desestimados, alrededor de un esquema de donativos ilegales en el que participaron 18 de sus subalternos, algunos de los cuales enfrentaron procesamiento y condenas criminales.

Algunas de las personas en el equipo del nuevo Superintendente son: Mariela Jiménez López, gerente administrativa que antes trabajó con el nuevo portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau; Gabriel Franco Marrero, gerente operacional quien fue director de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP); Vanessa Villafañe, directora de Recursos Humanos que fue supervisora de presupuesto del expresidente senatorial Eduardo Bhatia; Wilmar Morales Rodríguez, director de Finanzas que tuvo una posición similar en la presidencia cameral durante el término del convicto Jaime Perelló Borrás; Gretchen Millán Vázquez, directora de Manejo de Emergencias que fue asistente en la misma Superintendencia bajo la administración PNP, Zeneris Vélez Irizarry, ayudante que es la hija del alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez; Melissa Vargas Hernández, asistente administrativa que fue secretaria de comisión para Hernández Alfonzo cuando era representante; Ana Marie Zayas Cortés, asistente en asuntos gerenciales que fue jefa de la Oficina de Comunicaciones del Senado con Rivera Schatz; y Giara Washington del Valle y Omar Claudio Llopiz, asistente gerencial y director de Servicios Generales, respectivamente, que trabajaban en Superintendencia durante la presidencia de Perelló Borrás y que tienen una demanda activa contra la Asamblea Legislativa por discrimen político después de que fueran despedidos bajo la presidencia de Rivera Schatz.

En cuanto a las liquidaciones de vacaciones y días de enfermedad a personal de la anterior administración, aunque resultan legales, han sido objeto de crítica, incluso de la Junta de Control Fiscal (JCF) por la práctica de permitir que se acumulen para entonces darle grandes pagos a los empleados, en vez de, como ocurre generalmente en la empresa privada, prohibir su acumulación en los casos de vacaciones, y prohibir su conversión a un pago monetario, en caso de los días por enfermedad.

Según la información provista por la Superintendencia, las liquidaciones incluyeron las mencionadas de Maldonado Rivera ($21,046.16), Muller Maldonado ($12,700.77), así como Muñiz Lasalle ($30,923.08), el expresidente de la Legislatura Municipal de Ponce, José Guillermo Figueroa Torres ($29,378.46), la exdirectora de Gerencia y Presupuesto en el Municipio de Bayamón, Yadira Marrero Ríos ($10,038.46), la colaboradora de finanzas políticas de Rivera Schatz, Jazmín Yanira Orengo Pacheco ($58,215.38), el excolaborador de campaña de Velázquez Quiles, Pablo Miguel Sastre Fernández ($40,135.38), el exsubjefe de Tecnología e Informática del Senado bajo Rivera Schatz, Antonio José Taboada Collazo, ($6,752.31), Linette Rivera Colón ($2,825.84) y Pablo Rafael Mejías Santiago ($7,421.53).

Vea tabla comparativa de salarios en Superintendencia aquí.

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