Un día después de que el Senado pasara por encima del veto del gobernador, no tuvo hoy los votos suficientes de los representantes en favor del proyecto 563.

No corrió la misma suerte en la Cámara que en el Senado el proyecto 563, que busca establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos.

Mientras ayer el Senado pasó por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y aprobó el proyecto 563, la medida hoy no tuvo los votos suficientes en la Cámara para que fuera considerada para votación en el hemiciclo, aunque horas antes todo parecía indicar lo contrario.

La pieza legislativa, a la que se opone el mandatario, fija para los servidores públicos el salario mínimo base en 10.50 dólares la hora y de forma escalonada.

La medida, en reconsideración, necesitaba 34 votos (dos tercios de los 51 representantes), lo que finalmente no se logró, ya que no tuvo el respaldo de al menos cuatro legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), y no fue incluida entre los proyectos que se llevaron a votación.

El mismo proyecto, originalmente, antes de que fuera vetado por el gobernador el pasado 25 de agosto, había sido apoyado por 47 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara.

El proyecto, según anticipó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, anticipó que "el próximo martes será llevado a votación. El presidente (Rafael Hernández Montañez) pidió una semana".

"Se está hablando con las delegaciones, porque hoy no se tuvo los votos. Necesitamos gente de todos los partidos. Con las delegaciones de Victoria Ciudadania y PIP no habría problema. Pero necesitamos cuatro votos del PNP. Se está hablando y ese trabajo lo hace el presidente", indicó.

Horas antes, el gobernador había pedido a la Cámara que respetara su decisión de vetar la medida, “en vista de que tenemos una revisión del plan de retribución. Ya la Junta (Fiscal) le ha dado paso a eso. Esa medida es mejor que meramente subir el salario mínimo... Nos quedaríamos cortos si meramente establecemos un mínimo".

En los turnos previos a la votación que no fue, José Rivera Madera, del PPD, había anticipado su apoyo porque “los empleados públicos son la espina dorsal de nuestro país. Ellos son los que hacen que las agencias puedan funcionar. Cada vez que hay una emergencia o necesidad, tienen que abandonar a sus familias y servir a Puerto Rico. Históricamente, han sido dejados atrás, pero al final del día, son los que mantienen a Puerto Rico de pie. No podemos decir que defendemos a los empleados públicos, pero cuando vamos a ejercer el voto, nos echemos para atrás”.

Mientras, Domingo Torres García, también del PPD, consideró que “son pocos los proyectos que generan este tipo de consenso”, después de que el gobierno “dio la espalda a los servidores públicos”.

Otra visión tuvieron Luis Pérez Ortiz y Gabriel Rodríguez Aguiló.

El primero, opinó que “los mismos que le quitaron beneficios a empleados públicos, quieren dictar cátedra, especialmente al gobernador. Este gobierno ha sido el gobierno de la justicia salarial para los empleados públicos. El gobierno ha ido ordenadamente, con un plan de clasificación (y retribución de los empleados del gobierno, que se inicia en enero próximo), donde muchos empleados van a recibir una remuneración justa y razonable. No se puede venir a hablar de dar la espalda (a quienes no votaron por la medida), porque son ellos los que no tienen espalda, rodilla, y son los mismos que quieren dictar cátedra, son los mismos que criticaron la pandemia, la reforma de salud y son perfectos para el ‘no’”.

Mientras, Rodríguez Aguiló, comentó que "ir por encima del veto no resuelve el problema. El plan de clasificación que planea el gobierno, sí lo hace”.

El gobernador había argumentado que el proyecto del Senado resultaba “significativamente inconsistente" con el plan fiscal y el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sin embargo, ayer el Senado, en su sesión ordinaria, pasó por encima del veto del gobernador y aprobó el proyecto 563 con 18 votos a favor (incluido el voto de William Villafañe, del PNP).

Los senadores no tomaron en cuenta las consideraciones del mandatario, quien en su momento había advertido que "los objetivos de política pública perseguidos por estos no contemplan los gastos requeridos por la pieza legislativa y ésta no contempla ingresos o ahorros que permitan compensar los gastos inherentes a la implementación de los aumentos, según lo exige la Ley 52 de 2021".

Sobre uno de los argumentos del gobernador de que con el plan de clasificación y retribución no es necesario el proyecto 563, ayer el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza Gómez, comentó que “esto se aleja de la realidad por dos razones: el borrador del plan de retribución que OATRH ha circulado por las agencias hay varias escalas por debajo del salario mínimo actual de $8.50. Más aún, le recordamos a los asesores del gobernador que el plan de retribución solo cubre a menos del 30% de los empleados públicos, por ejemplo, la agencia con la nómina más grande, el Departamento de Educación está excluida, Corrección, Policía, Bomberos, Ciencias Forenses, están excluidos. Por tanto, es simplemente un engaño decir que esto se resuelve con dicho plan”.

En cuanto a que la medida está en contra del plan fiscal, según ha dicho el primer ejecutivo de país, el senador declaró que “es curioso que el señor gobernador utilice este argumento cuando así le conviene. El plan fiscal en ningún lado establece que los servidores públicos deben ganar menos que el sector privado. Lo que indica el plan fiscal es que cualquier medida tomada tiene que ser neutralmente fiscal. Para este estimado de neutralidad fiscal, las agencias del gobierno, y las menciono por nombre, OGP y OATRH, no dieron ni un estimado a nuestra Comisión, entorpeciendo nuestros trabajos para la aprobación de esta medida. Tuvimos que producir un estimado interno”.

El proyecto del Senado 563, que fue visto en reconsideración, dispone que el “primer día del mes próximo de la aprobación de esta ley se aumentará el salario mínimo de los empleados públicos a $8.50 la hora. Para el 1 de julio de 2023, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $9.50 la hora. El 1 de julio de 2024, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $10.50 la hora, a menos que la Comisión emita un decreto mandatorio variando el mismo. Además, del 1 de julio de 2024 en adelante, el salario mínimo de los empleados y empleadas públicos será aquel establecido por la Comisión”.