Con distinto ropaje, el status de PR vuelve a ser controversia ante el Supremo federal
La racha de seis años de casos relacionados con Puerto Rico ante el máximo foro federal sigue hoy con la disputa sobre la elegibilidad al Seguro de Ingreso Suplementario.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sigue hoy su racha de seis años evaluando a fondo controversias sobre Puerto Rico que, en casi todas las instancias, son distintas manifestaciones de un mismo problema: el status político de Puerto Rico como territorio.
En esta ocasión, el vehículo es US v. Vaello Madero, un caso que, aunque comenzó en Puerto Rico, tiene ramificación para todos los territorios y, de hecho, tiene múltiples otros casos a distintos niveles del sistema de tribunales federal que están en suspenso, pendientes de su resolución, para conocer cómo se van a resolver.
Vaello Madero llega al Supremo con las dos esferas judiciales anteriores, el Distrito a través del juez Gustavo A. Gelpí y el Circuito a través del fallecido juez Juan R. Torruella, habiendo fallado en contra del Gobierno de los Estados Unidos y a favor del puertorriqueño, José Luis Vaello Madero, a quien el gobierno demandó para que devolviera $28,081 que recibió bajo el programa Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social). Vaello Madero es un beneficiario del programa que vivía en Nueva York y se mudó a Loíza. Aunque las condiciones de salud que lo hacen elegible al programa continuaron, con su mera mudanza perdió su elegibilidad porque el programa no aplica a los residentes de Puerto Rico.
La posición de la Administración Trump ante el Tribunal Supremo, y que la Administración Biden matizó distinto pero no cambió en lo fundamental, fue que el Congreso tiene derecho a discriminar contra los residentes de Puerto Rico en la aplicación del programa porque es solo un territorio, no un estado.
El Congreso tiene un “interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos, pero no las cargas, de la estadidad”, fue como lo expresó la Administración Trump y “[l]a Constitución no requiere al Congreso concederle a los territorios los beneficios fiscales completos que ha escogido darle a los estados, aunque no carguen con las obligaciones fiscales completas”, fue como lo expresó la Administración Biden.
La vista oral se puede escuchar a partir de las 11:00 am en este enlace. Por el Procurador General de los Estados Unidos argumentará Curtis E. Gannon y por Vaello Madero el licenciado Hermann Ferré.
Con este caso, el presidente Joseph Biden renegó una promesa directa que había hecho durante su campaña, cuando dijo que retiraría la apelación ante el Supremo para mantener la vigencia de la sentencia del Apelativo a favor de la aplicación del programa a los residentes de la isla. Luego de juramentar, dijo que el Departamento de Justicia tenía que seguir el caso por una tradición de defender la constitucionalidad de las leyes y anunció que buscaría la equidad en la aplicación de los programas en el Congreso mediante su petición presupuestaria, lo cual hizo.
A favor de la posición de Vaello Madero, se argumenta que los argumentos de costos no aplican porque este programa no se nutre de impuestos, como el Seguro Social, sino que es una asignación presupuestaria que hace el Congreso y que el discrimen no tiene base racional admisible. Ante el Supremo también hay 27 intervenciones de distintas organizaciones e individuos en calidad de amigos de la corte que argumentan a favor de la extensión del programa a los residentes de los territorios.
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