Así como el COVID-19 se unió a una cadena de eventos, los 366 días del 2020 —un año bisiesto— se unieron a la larga fila de la incertidumbre, las improvisación, el desempleo y una reconstrucción más que tardía.

Hace un año, Puerto Rico se adentraba en la lucha contra ese “enemigo invisible” que provocaría el disloque de la rutina diaria, pospondría el disfrute de los placeres tropicales, como las playas y el “chinchorreo” y que acrecentaría la crisis que ya dificultaba la vida de los residentes desde hace una década.

La pandemia del COVID-19 llegó a la Isla alrededor de dos meses después que múltiples terremotos sacudieran la región sur y dejaran en ruinas varias viviendas y edificios gubernamentales. También provocó el colapso del sistema eléctrico. Le precedía, además, un cambio abrupto en gobernanza, producto de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares y las manifestaciones de un pueblo en erupción.

La crisis salubrista en otros países del mundo era televisada o divulgada a través de las redes sociales y potenció el miedo a nivel local, pues era conocido que nuestra red de hospitales no alcanzaba a tanto.

Así como el COVID-19 se unió a una cadena de eventos, los 366 días del 2020 —un año bisiesto— se unieron a la larga fila de la incertidumbre, las improvisación, el desempleo y una reconstrucción más que tardía.

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Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la amenaza del COVID-19 en enero de 2020, el exsecretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró que la enfermedad no alcanzaría a Puerto Rico porque la Isla no tenía vuelos directos a China, donde originó el virus.

Poco después, cuando en Italia se duplicaron los casos y las muertes en un corto periodo de tiempo —dando a conocer la mortalidad del virus—, la entonces epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, le restó importancia porque Italia está geográficamente cerca de China.

El 15 de marzo de 2020, comenzó el toque de queda impuesto por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, desde las nueve de la noche hasta la cinco de la madrugada. Aunque ha sido modificado tanto por quien fuera la Primera Ejecutiva como el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, es una de las pocas medidas que permanecen vigentes. Le acompañan el uso obligatorio de mascarillas, desinfectante de manos y el distanciamiento físico.

Para esa fecha, ya se habían registrado los primeros casos: un viajero panameño que tenía los síntomas, pero que de todas formas acudió al Día Nacional de la Salsa y una pasajera italiana del crucero Costa Luminosa, que se pensaba tenía pulmonía.

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El cierre total en marzo no estuvo acompañado de medidas para erradicar el virus, como pruebas masivas y constantes de COVID-19, la primera de muchas discrepancias entre el gobierno estatal y la comunidad científica.

Vázquez Garced creó un “Task Force” médico y otro económico para propósitos de asesoramiento en el manejo de la pandemia. Aunque se reiteraba que era un trabajo en equipo, las fricciones no tardaron en ver la luz debido a reclamos personales o porque cada grupo tenía visiones muy distintas sobre cómo manejar la pandemia.

El líder del Task Force médico, Segundo Rodríguez Quilichini, estuvo al centro de una extensa investigación legislativa durante el verano del 2020, porque se entendía que los esfuerzos para la compra de un millón de pruebas para detectar el COVID-19 era un esquema fraudulento.

A eso se unieron las alegaciones de presiones indebidas desde La Fortaleza para crear estructuras de mando paralelas y acomodar a allegados de Vázquez Garced en cargos públicos. En septiembre, la Gobernadora disolvió los grupos de asesores.

Entre los hallazgos de la legislatura sobresale que el Gobierno de Puerto Rico efectuó un pago millonario a una empresa que no era capaz de cumplir con el contrato, escándalo cuyos vínculos se extendieron hasta Australia. Aunque el dinero fue recuperado, otros intentos de comprar pruebas para detectar el COVID-19 resultaron en transacciones a sobreprecio objetadas por Salud y disputadas en los tribunales. La participación de varios funcionarios, además, les ganó el referido a entidades de investigación y ética.

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Entretanto, miles de personas intentaban desesperadamente solicitar los beneficios del “desempleo pandémico”, aprobado por el gobierno federal, pero las estructuras digitales de la Isla no daban abasto. El colapso en web quedaba evidenciado por las largas filas de personas, a pie o en sus vehículos, en las inmediaciones del Departamento del Trabajo y el Centro de Convenciones.

Como si fuera poco, el 2020 fue año eleccionario en la Isla. Las primarias en agosto se celebraron en dos días diferentes, obligado por la mala planificación y organización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Las largas filas de personas sin poder ejercer el voto sobrepasaban los confines de los centros de votación pasada la hora de cierre.

Al cabo del evento, Vázquez Garced fue derrotada por Pierluisi Urrutia en el Partido Nuevo Progresista (PNP), colectividad que experimentó varias bajas legislativas por acusaciones de fraude y otros delitos en el Tribunal federal durante el año, a saber: María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, Nelson Del Valle Colón y Néstor Alonso Vega.

En noviembre, el pueblo eligió a una Asamblea Legislativa con representación de los cinco partidos en contienda y una participación independiente, así como un Senado cuya mayoría —por primera vez en su historia— está compuesta por mujeres. No obstante, el escrutinio de votos se extendió hasta el inicio del nuevo año y al 2 de enero, cuando juramentó el nuevo gobierno, algunos escaños quedaban sin dilucidarse.

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La llegada de Pierluisi Urrutia a la gobernación, y del doctor Carlos Mellado López a la secretaría de Salud, trajo consigo una nueva política pública para el manejo de la pandemia; una de playas, casinos y cines abiertos, un toque de queda reducido y una serie de eventos masivos de pruebas para detectar el COVID-19 en distintos municipios cada semana.

Sin embargo, el proceso de vacunación —cuyas primeras dosis llegaron en diciembre—, no ha estado exento de críticas, al igual que la insistencia de regresar a clases presenciales en medio de la pandemia.

El plan de vacunación ideado por Vázquez Garced y el exsecretario de Salud Lorenzo González Feliciano fue modificado por Pierluisi Urrutia y Mellado López para darle prioridad a los maestros y personal no docente que labora en las escuelas. El suplido limitado de vacunas y las personas vacunándose fuera de turno provocaron una nueva fila de personas a pie o en sus vehículos, esta vez en los centros de vacunación, como el Coliseo Pedrín Zorrilla.

Las denuncias de haber dejado en un segundo plano la vacunación de ciudadanos mayores de 65 años provocó un cambio de política pública para atender a esta población de manera simultánea, esfuerzo que no ha finalizado.

La pandemia ha provocado más de 2,000 muertes en la Isla y más de 90,000 contagios.

Mientras se intenta mitigar la pandemia, el nuevo gobierno corre varios procesos paralelos, como un estado de emergencia para arreglar las escuelas del país; un estado de emergencia por la alta incidencia de violencia de género; y un Concilio de Reconstrucción, que busca acelerar proyectos incompletos o sin comenzar desde el paso del huracán María y los terremotos en el sur, para acortar el tiempo de espera de la recuperación.