El Primer Ejecutivo indicó que no quiere hacer pasar por un "calvario" a ningún nominado.

Si no cambia la actitud del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, no someterá un nombramiento para llenar la vacante de juez al Tribunal Supremo.

“Si cambia la actitud del presidente del Senado y la delegación del PPD esto se pudiera reconsiderar, pero la actitud ha sido, que para mí me parece una cosa inconcebible, que no hay suficiente carga de trabajo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para llenar ese vacante”, dijo el Primer Ejecutivo.

El juez Roberto Rodríguez Casillas fue el nominado para la vacante al Supremo, pero, el gobernador retiró el nombramiento cuando el Senado pretendía bajarlo a votación por descargue.

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“No quiero estar haciéndole pasar un calvario a quien designe a esa posición”, expresó Pierluisi Urrutia.

En cuanto a otros nombramientos que no tienen a un secretario confirmado al mando, como lo es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Contralor, el gobernador dijo que todo está "bajo control".

“La secretaria interina (DRNA) está haciendo una labor ejemplar en las semanas que lleva a cargo pero hasta al momento el departamento seguirá a cargo de Anaís Rodríguez y en su momento pudiera estar haciendo una designación en propiedad”, dijo el gobernador.

Lo mismo ocurre con la directora interina de Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés) quien está al mandato de la agencia luego de que el Senado colgara el nombramiento de Enrique Volckers Nin.

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Sin embargo, para la Contralor, mencionó que al momento ninguna ha llenado sus expectativas.

“He estado buscando candidatos y candidatas pero al momento nadie ha llenado mis expectativas”, manifestó el Ejecutivo.

El presidente del Senado radicó una medida ayer, lunes, para que que la permanencia del funcionario en su puesto no podrá exceder después de finalizada la próxima sesión ordinaria, o sea la sesión siguiente a la que expiró su término.

De esa forma, según el líder senatorial, se le brinda al Primer Ejecutivo un tiempo razonable para designar al sustituto en el cargo, sin menoscabar la facultad constitucional del consejo y consentimiento del Senado. De la misma forma, se dispone como una voluntad expresa e inequívoca de la Asamblea Legislativa, que todos los funcionarios y funcionarias que en la actualidad ocupan sus cargos en función de una cláusula de continuidad, cesarán de ocupar la misma, finalizada la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa luego de entrada en vigor esta Ley.