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Opiniones

A entradas extras los aspirantes de la abogacía

La autora reflexiona sobre los pobres resultados de la Reválida de Derecho.

Viviana López
Foto: Suministrada

Una mesa, un lápiz, un papel, un reloj que marca incesantemente, y cientos de participantes aspirantes a la profesión de la abogacía con metas de buscar y ampliar el acceso a la justicia (con y sin mayúscula) en nuestro país.

Pasan los días y te levantas una mañana con la noticia de que han publicado los resultados de la Reválida General en la página oficial del Poder Judicial de Puerto Rico. Imagino a cada uno de los estudiantes aspirantes con los nervios de punta, y con la ansiedad en los cielos para abrir el documento. Reflexiono que este año la palabra “FAIL” (fracasado) se ha repetido más veces que la palabra “PASS” (aprobado).

Los últimos resultados del examen de Reválida en Puerto Rico han dejado sin palabras a todos, especialmente aquellos que aspiramos a ejercer la profesión en un futuro.

Durante los pasados cinco años los resultados han fluctuado entre un 32% a 37% de aprobación en la Reválida General. No obstante, los resultados de la Reválida Notarial han ido en aumento desde el mes de septiembre de 2020, ascendiendo en porcentajes de 77.6% hasta 82.2% en el pasado mes de septiembre. Este dato es interesante y regresaremos a él más adelante.

Desde mis ocho años he querido ejercer esta profesión. Popularmente la abogacía se asocia a un carácter, una pasión y a una responsabilidad por velar por los derechos de las personas. Estas son características casi únicas de esta profesión. El pasado año me admitieron como estudiante. Es decir, apenas comienzo esta travesía. La noticia de esta semana ha sido más que desalentadora y de seguro brindará un profundo tema de reflexión en momentos en que cientos de estudiantes que como yo comienzan su primer verano “libre”.

Ante todas las posibles explicaciones que han surgido en los últimos días, no se debe pasar por alto que el perfil socio-demográfico de los estudiantes de derecho ha cambiado en los últimos años. De mi experiencia he observado que progresivamente el estudiante de derecho es en mayor grado un profesional que estudia, trabaja, tiene responsabilidades familiares y proviene de distintos campos académicos que en efecto requieren mayor exposición a los temas a los que se enfrentará en la escuela.

Otra posible explicación descansa en la erosión de las capacidades de comunicación y escritura de los estudiantes. Sin embargo, si retomamos el dato sobre los porcentajes de aprobación de la Reválida Notarial, observamos un ascenso sustancial.

El derecho notarial es aquella rama que formaliza los documentos y da certeza y seguridad jurídica de los hechos e instrumentos públicos como contratos o actos que se llevan a cabo frente al abogado notario. Entonces ¿por qué la degradación de las facultades de comunicación se observa en un examen y no en otro? La Reválida Notarial fue revisada el pasado mes de junio y el Tribunal Supremo determinó que se requerirá tomar una cantidad de cursos que totalizan veinte créditos para ser admitido a revalidar para este examen.

¿Será este un requisito que debe ser emulado en la Reválida General? Si pensamos que la profesión de la abogacía está “saturada”, entonces no hay mucho que hacer. Sin embargo, si entendemos que mayor cantidad de letrados nos permite ampliar el acceso a la justicia, debemos evaluar alternativas. Tomando en consideración la revisión del Examen Notarial, es de enorme importancia retomar la evaluación sobre el Examen de Reválida General para determinar si hace falta evolucionar hacia el presente en cuanto a la práctica actual del derecho.

A aquellos que no lo lograron en este intento, les digo, ÁNIMO. Aunque no lo parezca, hoy están más cerca de la meta. Sé que dentro de esos porcentajes se encuentran personas luchadoras que saldrán fortalecidas de esta experiencia en el futuro cercano. Todo el esfuerzo realizado no es en vano y servirá de escalón hacia las grandes gestas que lograrán en el futuro.

* La autora es estudiante de segundo año en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho.