CEE tendrá que extender solicitudes de voto adelantado tras demanda de la ACLU
La determinación pudiera beneficiar a unos 800,000 electores en Puerto Rico.
El juez federal Pedro A. Delgado determinó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) deberá implementar los protocolos necesarios para que las personas mayores de 60 años puedan votar en las elecciones generales de noviembre de una forma segura ante la amenaza del COVID-19.
Por instrucciones del juez, la CEE también tendrá que extender hasta la fecha límite para solicitar voto adelantado al 24 de septiembre, así como prolongar la presencia de la campaña de orientación mediática para realizar la solicitud y que sea extensiva a este sector de la población.
Hasta el momento, tanto la petición de voto adelantado como la orientación finalizaba el próximo lunes, 14 de septiembre, para enviar la petición.
La decisión surge a partir de una demanda de Belia Arlene Ocasio, de 67 años, y Efraín Colón Damiani, de 69, representados por el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
La demanda se basa en que el nuevo Código Electoral le exige a la CEE que adopte el voto ausente, adelantado o por correo como formas de garantizarle el sufragio a esta población de alto riesgo.
No obstante, la ACLU planteó que no existe un reglamento a estos fines y que, como está escrito, el estatuto no presenta opciones para que los demandantes cualifiquen para el voto adelantado en Puerto Rico. Por tanto, tendrían que votar en persona el 3 de noviembre si la CEE no ofrecía un remedio.
Según reportes periodísticos, hasta ayer, jueves, la CEE no había logrado consenso en la discusión sobre el reglamento que regularía el voto adelantado y el voto ausente.
La entidad también señaló que la campaña publicitaria que ha llevado a cabo la agencia para informar sobre la eligibilidad de este método no necesariamente llega a los ciudadanos de la tercera edad.
La determinación pudiera beneficiar a unos 800,000 electores en Puerto Rico, según el documento presentado por la ACLU.
La vista del Tribunal Federal se llevó a cabo a través de videoconferencia, precisamente por el riesgo de contagio del COVID-19.