Primera opinión pública de nuevo Secretario de Justicia fue sobre vacunación.

El Departamento de Salud (DS) aseguró ayer al Tribunal de Primera Instancia que cumplió con la información que solicitaba el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre el proceso de vacunación en la isla y que fue requerida mediante demanda de acceso a la información porque la dependencia no la había entregado antes.

El proceso de vacunación fue también el foco de la primera opinión que suscribió el secretario de Justicia designado, Domingo Emanuelli Hernández, y que fue publicada esta semana reanudando así la divulgación de estas opiniones que no estaban disponibles desde el 2015.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó al DS el 28 de enero después de solicitar desde el 15 de diciembre la lista desglosada de la distribución de las vacunas de COVID-19 recibidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Registro de Vacunación sin los datos de información de individuos, pero con la información demográfica, municipio de residencia, centro y fecha de vacunación, y justificación para la administración de la vacuna.

En una moción ayer, último día plazo para contestar la demanda, el DS presentó al tribunal una moción para indicar que ayer mismo en la tarde habían entregado la información. “Sin duda, el Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico se encuentran comprometidos con la divulgación y/o acceso responsable de la información pública”, afirmó la agencia en la moción. Al momento de publicación de esta historia, los demandantes no habían indicado al tribunal si la información entregada satisface su requerimiento legal.

Durante una sesión de interpelación el jueves, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, le preguntó al secretario de Salud, Carlos Mellado, por qué no había entregado la información para evitar un pleito. Distinto a los hechos que expone la demanda, el funcionario argumentó que “aquí no ha habido nunca problema en que la tengan (la información)” y que el caso “no iba a llegar a ningún lado” porque la información se iba a proveer.

Por otro lado, el 8 de enero pasado, pero publicada esta semana, Emanuelli Hernández le indicó al Departamento de la Familia que podían administrarle las vacunas a los adultos mayores discapacitados que están bajo su custodia y que no tienen ni capacidad de consentir ni parientes que puedan suplir ese consentimiento legal. El documento no indica de cuántos adultos mayores discapacitados se trata.

La recomendación de Justicia se basa en jurisprudencia que ha validado el interés del Estado en tomar decisiones a nombre de terceros inocentes en casos de emergencia médica y que la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores establece como derechos de los adultos mayores el “recibir atención médica en su fase preventiva” y “tener acceso preferente a los servicios de salud”.

“[L]a mera dilación en la administración de las vacunas a las personas adultas mayores e incapacitadas para brindar consentimiento, que se encuentran en instituciones o centros de cuidado prolongado, representa un peligro real de hospitalización y muerte para estos adultos mayores que se encuentran bajo la custodia de Familia”, añade en atención a las características contagiosas del COVID-19.

La Ley del Departamento de Justicia faculta al Secretario a emitir opiniones que le soliciten agencias del Ejecutivo, municipios, la Legislatura, la Contraloría y las corporaciones públicas. Una vez emitidas, se les reconoce peso de ley cuando se trata de asuntos consultados por el Ejecutivo, aunque no tienen más peso que leyes, reglamentos ni decisiones judiciales. Se supone que sean publicadas, aunque los Secretarios tienen discreción para decidir cuál publican y cuál no.

Aunque la ley ordena su publicación en el portal de internet de Justicia, las opiniones no se estaban publicando desde 2015, pero Emanuelli Hernández reactivó la publicación. En entrevista con NotiCel precisó que la segunda opinión que emitió se mantuvo sin publicar y no reveló el tema o el ente que le realizó la consulta. Añadió que le solicitó a cuatro exsecretarios que le indicaran cuáles de sus opiniones serían públicas y cuáles no para añadirlas al portal de Justicia. Estos son César Miranda, Dennise Longo, Wanda Vázquez e Inés Carrau.

Para ver la opinión del Secretario sobre vacunación de adultos discapacitados bajo custodia de Familia, pulse aquí.