La FMPR convocó una marcha para pedir que se paralice el establecimiento de las escuelas chárter.

La Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico (FMPR) exigió, en conferencia de prensa, una moratoria en la aprobación de contratos “para privatizar la enseñanza”, tras nuevos proyectos de escuelas chárter.

La entidad se opuso a la implementación de este modelo, y reclamaron la aprobación de una verdadera reforma educativa que sustituya la Ley 85-2018 mejor conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.

“Las escuelas chárter, también conocidas como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas educativas. Ya hemos visto como la privatización ha sido sinónimo de corrupción y pésimos servicios a la ciudadanía. Así lo demostró LUMA Energy, y lo hemos visto en el propio esquema de las chárter en Puerto Rico con la compañía South Bronx Charter School, cuyo contrato tuvo que cancelar el Departamento de Educación el año pasado al comprobarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversar fondos en Nueva York. Esto es lo que fomenta la privatización”, expresó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.

La organización exigió que se apruebe de inmediato, en la Legislatura, un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter, y que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo firme.

Por otro lado, Carmen Warren, quien es defensora de los derechos de los niños y niñas pertenecientes al programa de Educación Especial, recalcó que “en el historial de las chárter en Estados Unidos se evidencia que discriminan contra los estudiantes con diversidad funcional y comunidades marginadas”.

Mientras que, el vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales Laboy, señaló que, en el caso de los maestros, “no se les garantizan sus derechos, ni beneficios marginales en muchos de ellos”.

“Este es un modelo de negocios corporativo que busca lucrarse y privilegiar a unos pocos mientras a miles de estudiantes de escuelas públicas les priva de una educación segura y de calidad”, indicó Morales Laboy.

Según la entidad, desde el año pasado han estado operando diez escuelas chárter, pero el gobierno tiene en proceso implementar decenas de chárter adicionales que administrarán varias compañías. Una de estas escuelas es “Paradiso College Preparatory”, que contará con una chárter en Arecibo y otra en Río Piedras, al lado de la escuela pública Ramón Vila Mayo.

Martínez aseguró que esta situación es un tipo de desplazamiento, y desahucio a las comunidades, ya que privan a las escuelas públicas de infraestructuras seguras, recursos humanos, materiales, condiciones dignas de trabajo-aprendizaje, y autonomía escolar. Sin embargo, estos factores son garantías en las escuelas chárter.

“Adicional a ello, millones de dólares de fondos federales asignados durante la pandemia en reconocimiento al trabajo del magisterio por su sacrificio le es denegado, mientras por otro lado, descaradamente, se anuncian millones en fondos federales para asignar a estas escuelas chárter. Esto es inaceptable. Es parte del plan de desmantelar la educación para que el pueblo pida a gritos la privatización. Sin embargo, estamos aquí exigiendo que de una vez y por todas se utilicen los recursos públicos para brindarle las herramientas necesarias a todas las escuelas públicas del país, a nuestro estudiantado y magisterio”, sostuvo Martínez.

La portavoz expresó que las chárter estarían prevaleciendo sobre el fin de la Constitución de Puerto Rico, que es “proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico”. Por esta razón, reclamó condiciones dignas, y seguras para las escuelas públicas. Además, exigió que los fondos que pretenden destinar a las chárter, se utilicen para las necesidades de las comunidades escolares en las escuelas públicas del país.

“Las escuelas que mandaron a cerrar no sirven para el gobierno como escuelas públicas, pero se las pretenden ‘regalar’ a casi ningún costo a estas compañías para asignarles recursos y remodelarlas”, expresó la líder.

Para reforzar los reclamos, la entidad convocó una marcha el 1 de junio a las 3:30 p.m. Los manifestantes saldrán de la Plaza Colón hasta la Fortaleza.

“Convocamos al pueblo a que salga a defender la educación pública y exija un alto a la privatización de la educación. En Fortaleza entregaremos firmas de miembros de las comunidades escolares al gobernador para que detenga este plan contra las escuelas públicas”, compartió Martínez.