El Comité Timón debe entregar su segundo informe a finales de julio.

Desde el 4 de junio, la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales regenta el Comité Timón que fiscaliza el contrato de LUMA Energy, el consorcio privado que asumió la administración de sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica y de otras operaciones administrativas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 1 de junio.

García Bardales sustituyó al pasado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez.

Ocho días antes, el 25 de mayo, la mayoría de la Cámara de Representantes colgó el nombramiento de Seilhamer Rodríguez, desencantada -entre otras cosas- por la evaluación inicial que el Comité Timón realizó bajo tu tutela.

El comité no recomendó enmiendas al polémico contrato y anunció -en cambio- unos acuerdos que sencillamente recogían la posición que ha mantenido el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia desde la contienda electoral de vigilar que la implementación del contrato no acarree un alza en factura eléctrica y que se garantizarán los derechos de los empleados de la AEE, que pasaron a LUMA o que se movieron a otras agencias del gobierno.

La Cámara trató sin suerte de detener la transición -que se concretó el mismo día en que inició la temporada de huracanes- precisamente por dudas relacionadas a las cláusulas del contrato que cede a LUMA la administración de la red eléctrica por un término de 15 años a cambio de $1,500 millones y sin realizar inversión de capital.

Lea también: Larry Seilhamer envía carta de despedida al Gobernador

García Bardales no estuvo disponible ayer para responder preguntas sobre el proceso de fiscalización del contrato de LUMA, que ha enfrentado críticas por su manera parca de administrar el sistema eléctrico y su incapacidad para atender con diligencia los apagones, que han aumentado desde que administra la red eléctrica.

En expresiones públicas previas, la Secretaria de la Gobernación reconoció las deficiencias de LUMA Energy, pero también pidió espacio para que la privatizadora realice ajustes y le tome el piso a la operación de un sistema complejo y frágil.

Ayer, a través de su portavoz de prensa, Sandra Gutiérrez, informó que el Comité Timón se ha reunido en una ocasión desde que asumió la dirección del cuerpo y que rendirá su próximo informe a finales de julio.

El Comité Timón está compuesto por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero Díaz; el director Ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés Gómez; el director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes Maisonet; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Laboy Rivera; el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago; y el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

La Orden Ejecutiva ordena al Comité Timón que asegure que la implementación y ejecución del contrato no redunde en un alza en la tarifa de energía eléctrica; que vigile que el contrato no sea utilizado como fundamento para el despido de empleados de la corporación pública y que se mantengan los beneficios de los empleados y empleadas así como las aportaciones necesarias al sistema de retiro; que supervise que existan medidas para evitar conflictos de intereses en la otorgamiento de contratos y que se establezcan y se cumplan con métricas claras y específicas de cumplimiento y desempeño.

Lea también: Cámara colgará nombramientos de Seilhamer y Contralor ante desacuerdo con Gobernador

Gutiérrez indicó que “los asuntos relacionados a los empleados de la AEE se atendieron durante la transición” a LUMA. En los días previos a que se consumara el cambio de administración, Pierluisi Urrutia admitió errores en las reubicaciones de los empleados de la AEE que pasaron a agencias, como celadores de línea que ahora se convirtieron en empleados de mantenimiento de áreas verdes.

Al anunciar los acuerdo alcanzados con LUMA, Seilhamer Rodríguez indicó que ahora el trabajo del Comité iniciaba una nueva fase como “fiscalizador de la ejecución efectiva del contrato”.