La organización World Wide Rally for Freedom lideró manifestación en contra de la política del municipio sobre covid-19.

La organización World Wide Rally for Freedom en Puerto Rico lideró hoy una manifestación pública frente a la alcaldía de Camuy en defensa de una empleada que alega discrimen contra ella por no querer vacunarse ni hacerse pruebas de covid-19.

El portavoz de la organización, William López Mora, dijo a NotiCel que el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, carece de base médica para exigir pruebas de covid-19 a los empleados ya que no existe ninguna orden ejecutiva del Gobernador ni administrativa del secretario de Salud que requiera de dichas pruebas para laborar en una dependencia del gobierno.

“Y al ver que las órdenes ejecutivas y administrativas han sido eliminadas, el alcalde insiste, sin ninguna base médica porque no hay brotes ni peligro, imponer ese requisito a sus empleados. Sin embargo, a los visitantes de los edificios públicos no se les exige prueba de vacunación”, indicó López Mora.

“El alcalde plantea que se ampara en la orden administrativa del Departamento de Salud. El requerimiento en este momento es la prueba de covid, pero la empleada cuenta con una exención que la exime de realizarse la prueba y esa exención fue aceptada por el patrono”, señaló el portavoz sobre el caso de Rawell Rivera Feliciano, empleada municipal que labora en la Oficina de Asuntos de la Mujer.

“Me siento hostigada, maltratada, discriminada, simplemente porque no creo en nada que tenga ver con vacunaciones y pruebas”, dijo esta semana Rivera Feliciano. “Hace aproximadamente un año entregué una declaración jurada según solicitada por Orden Ejecutiva del Gobierno, hay más de veinte empleados con situaciones similares a la mía y muchos de ellos han sido amenazados por la administración de confianza, otros fueron obligados a vacunarse, violando los derechos más sagrados, como el derecho a la intimidad”, agregó la perjudicada.

La situación ya está afectando a la mujer porque no le han pagado la última quincena y no le renovaron el contrato, dijo el portavoz.

“No le han pagado la quincena, de la que trabajó una semana y la otra no la dejaron trabajar, y no le han renovado el contrato. Pero en ningún momento ha habido intento de diálogo. El alcalde no ha querido dialogar con ella”, sostuvo.

López Mora reveló que Rivera Feliciano ya está en busca de asesoramiento legal y predijo que el caso terminará en el tribunal.

“Ella tiene todo el derecho a llevar su asunto a los tribunales, sobre todo cuando el Apelativo estableció que a través de órdenes ejecutivas no se puede reglamentar la conducta del ciudadano. Está asesorándose legalmente. Esto va a terminar en un tribunal. A menos que se resuelva antes con diálogo”, indicó.

El alcalde no reaccionó a la manifestación de hoy y se mantuvo en lo que había declarado hace varios días de que “la determinación de solicitar y tramitar la realización de pruebas de antígenos tiene el propósito de garantizar un ambiente salubre en cada una de las oficinas del municipio y evitar la propagación o brotes de este virus”.

“En ningún momento, la intención de esta administración es perseguir empleados sino como se ha dicho, garantizar un ambiente laboral sano. La determinación de realizar las pruebas de detención de covid y hacer disponibles voluntariamente las vacunas bivalentes responden a nuestra responsabilidad de tener una población protegida y libre de contagios por covid-19 y siempre se ha respetado a todo aquel que no se quiera vacunar”, indicó en declaraciones escritas.

Hernández Rodríguez alegó que 311 empleados se realizaron la prueba y solo la empleada que realiza la denuncia se negó a hacerlo.