De acuerdo a un informe que la Policía presentó al Tribunal Federal bajo el caso de la reforma de ese cuerpo de seguridad , en un periodo de siete meses solo hubo 49 convicciones en casos de violencia domestica , de unos 3,906 incidentes reportados , o lo mismo que un nivel de convicción de aproximadamente el 1.25%.

La información está contenida en el informe semestral con fecha del 1 de marzo , pero sometido el lunes al Tribunal Federal y suscrito por el comisionado del Negociado de la Policía (NPPR) , Henry Escalera .

Además de las cifras de violencia domestica , el informe consigna que al final de 2018 la Policía tenía pendientes de trámite 642 querellas administrativas por distinto tipo , incluyendo hostigamiento sexual y violencia domestica .

De igual modo , consigna que el ' ahorro real ' del cierre de cuarteles en este año fiscal ha sido $202,389.07 y que el ahorro proyectado para el próximo año fiscal es de $1,975,672.12.

En cuanto a la violencia domestica , los siete meses desglosados corren del 1 de agosto de 2018 al 28 de febrero de 2019. El total de ' incidentes ' reportados en todas las regiones es 3,906, de arrestos es 1,699, de cargos presentados es 1,673 y de convicciones es 49. En ese universo , las convicciones representaron solo el 1.25% de los casos , y se ejecutaron arrestos en el 43% de los incidentes . De esos 3,906 casos , la víctima fue varón en el 17% de los casos y el resto fueron mujeres.

Se provee tambien data desglosada para los casos de violencia domestica que protagonizaron los miembros de la Uniformada y que sumaron 88 en todo el año 2018. De estos , 60 agentes fueron arrestados (68%), en 13 casos hubo cargos radicados por los fiscales (21.6% de los arrestados ) y solo una convicción (1.1% de las querellas radicadas ).

Aunque la violencia contra la mujer ha sido un problema milenario , estos tipos de violencia de genero en Puerto Rico cobraron mayor protagonismo en el 2018, en parte por los hallazgos espeluznantes de los cuerpos de las víctimas en bolsas de basura o abandonadas en ríos y montes.

Ese año cerró con 24 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas hombres, razón por la cual la Colectiva Feminista en Construcción y otros grupos exigieron al Gobernador que declarara un estado de emergencia .

En años anteriores , particularmente en el 2008, en el 2014 y luego en el 2016, grupos manifestantes pidieron a los gobernantes de turno que respondieran al alza en el número de feminicidios en el país pero ninguno actuó .

Como parte de la presión ejercida al gobierno en el Puerto Rico post huracán María , los grupos se manifestaron en el Cuartel General de la Policía , en Hato Rey, en Mayagüez , en el Puente Dos Hermanos en la entrada al Viejo San Juan y frente a La Fortaleza, entre otros espacios . Parte del reclamo yacía en que el gobierno debía priorizar el problema para adelantar soluciones conjuntas entre las agencias y las entidades que atienden a las víctimas .

El reclamo colectivo , además de atribuirlo al machismo, se centró en la carencia de una educación con perspectiva de genero en las escuelas , materia que fue instaurada por la administración pasada y que fue revertida por la actual de Ricardo Rosselló Nevares.

Pese a las múltiples exigencias , el Primer Ejecutivo ignoró los llamados para declarar un estado de emergencia y en su lugar firmó una Orden Ejecutiva -- anunciada como novel-- para , en síntesis , recordarle a las agencias públicas el trabajo que ya tenían que hacer y que, claramente , incumplían.​​​​​​

Rosselló Nevares , incluso , confirmó al ser abordado por NotiCel que el documento trataba sobre reiteraciones en algunos casos , mientras que en otros contenía sugerencias recibidas por los grupos defensores de los derechos de la mujer o iniciativas nuevas para extender las ya existentes.​​​​​​​

Entre sus disposiciones sobresale la exhortación y la encomienda a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) a llevar a cabo acciones que su ley orgánica , que data del año 2000, ya le pedía . Entre ellas , que diseñe y distribuya material gráfico para explicar el manejo de solicitudes de órdenes de protección o incidentes de violencia de genero , así como entablar acuerdos colaborativos con agencias de gobierno .

En otras instancias , y ante críticas de que sus políticas impulsan la austeridad entre esa demográfica , Rosselló Nevares ha insistido en que sus decretos son de justicia social para la mujer .

Para ver el informe sometido por la Policía , pulse aquí :