La reclamación la realizó Zulma Figueroa Córdova por derecho propio y su radicación, así como la falta de abogado, provocó la posposición del inicio del juicio.

La mujer que se atrincheró en su vehículo en Caguas hace casi un mes con su pareja y sus hijos menores de edad para resistir la ejecución de una orden de arresto en su contra por negarse a presentar prueba de vacunación cuando llegaron al país en vuelo desde Florida, demandó a los funcionarios que realizaron la intervención por supuesta "intervención indebida e ilegal".

El documento, al que NotiCel tuvo acceso, fue radicado ayer por derecho propio, es decir, con Figueroa Córdova representándose a sí misma sin representación legal profesional. También, por presentarse sin abogado y para que el Ministerio Público pudiera examinar esta reclamación, el juicio criminal contra Figueroa Córdova, de 53 años, y su pareja, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, quedó pospuesto para el 10 de marzo.

"Esta moción es para prohibir a todos los 'servidores públicos individuales' tener el control de decisiones sustanciales sobre todos los asuntos e intereses privados de la reclamante. El énfasis está en los daños causados por los demandados contra la demandante; la demandante no causó ningún daño o perjuicio a ninguno de los demandados, los demandados no tienen ningún contrato implícito o explícito que reclame derechos sobre la demandante, los demandados no tienen ningún consentimiento voluntario del demandante para infringir o restringir el libre albedrío de la reclamante, ni tienen el consentimiento para violar la dignidad humana de la reclamante, tal cual como está especificado en la Constitución de Puerto Rico y en los Mandatos de Dios", planteó la moción, que está llena de lenguaje confuso y de conceptos errados e inaplicables a una reclamación legal.

La pareja, que está en libertad bajo fianza de $10,000 cada uno, enfrenta un cargo menos grave por resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública en violación al Artículo 246 del Código Penal. El caso surgió el 11 de enero cuando un juez emitió orden de arresto contra la pareja por negarse a presentar prueba de vacunación al ingresar al país en un vuelo desde Florida el 2 de enero y otras violaciones a la Orden Ejecutiva 2021-081.

La noche del 11 de enero, cuando se fue a diligenciar la orden de arresto a la residencia de la pareja en Caguas, estos se atrincheraron en un vehículo con sus tres hijos protagonizando una confrontación que duró horas y fue transmitida por televisión y redes sociales junto a una manifestación que se formó en el lugar por parte de personas que están en contra de la vacunación para el covid-19 y las restricciones gubernamentales para atender la pandemia.

En la reclamación que radicó, Figueroa Córdova plantea que seis funcionarios públicos demandados le causaron daño al intentar diligenciar la orden de arresto.

Los demandados son Moraima Cruz Delgado, Antonio Santiago Torres, Norberto Ríos Méndez, Brenda Lee Rodríguez Pérez, Ileana Judith Martínez Rosado y Jesús Hernández Torres. Cruz Delgado es la supervisora de inspectores en la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Hernández Torres es el director de esa oficina y Martínez Rosado es una de las fiscales asignada al caso.

"La demandante objeta la fianza de $10,000.00 dólares que se le impuso el día 11 de enero de 2022 como se menciona en la orden de arresto, cada demandado acepta conscientemente y voluntariamente pagar la cantidad de: $140,000.00 dólares, más $10,000.00 dólares por la fianza emitida, llegando a un total de $150,000.00 dólares por intrusión (invasión) y daños diarios a Zulma Iris Figueroa Córdova. Además, la demandante emitirá una orden judicial perpetua implícita o explícita contra todos los demandados por interferencias pasadas y futuras contra la demandante y sus intereses", agregó.

La penalidad que dispone la Orden Ejecutiva por violación a sus disposiciones es una multa de $300.

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